Opinión Por Ing. Agr. Rafael Tardáguila
En qué lío se metieron
La normativa europea contra la deforestación, nacida con fines ambientales, enfrenta serias críticas por su sesgo proteccionista, sus exigencias desproporcionadas y su implementación desigual, que ya provoca impactos en países terceros como Nueva Zelanda y despierta alertas en el Mercosur
Sentados en sus muy cómodos sillones frente a sus grandes y modernos escritorios, los burócratas de la Unión Europea (UE) pergeñaron un plan muy noble, a la vez de apropiado para protegerse aún más de la competencia de mercados que producen y venden de forma más barata que ellos: establecer medidas regulatorias que limiten la importación de productos que provengan de zonas deforestadas, de manera de favorecer a que se cuide el planeta e ir contra el cambio climático, supuesto causal de casi todos los males y por el que muchos militan a nivel mundial de forma fervorosa para contenerlo.
Para ello, establecieron una normativa que se resume en la sigla EUDR, que mandata a los países que pretendan exportar una serie de productos agropecuarios a los países de la UE a garantizar que provienen de tierras que no han sido deforestadas antes del 31 de diciembre de 2020. Debe obligatoriamente poner una fecha a partir de cuando comenzar con las restricciones, de lo contrario buena parte de la producción europea sería ilegal, ya que no debe haber en el mundo un continente más deforestado que el europeo.
El problema es que sintiendo que la causa era suficientemente noble como para pisar el acelerador a fondo —además de beneficiosa para sus propios intereses— como se dice vulgarmente, “se pasaron de rosca” y luego, ante lo evidente que comenzó a ser la imposibilidad de cumplir con los plazos, tuvieron que comenzar a estirarlos y crear categorías que diferencien las necesidades de garantizar que los productos adquiridos en el exterior no provienen de zonas deforestadas. Es así que se crearon las categorías de riesgo alto (solo cuatro países están dentro de esta, Bielorrusia, Rusia, Myanmar y Corea del Norte), standard (donde están Brasil y Argentina, entre otros 50 países) y bajo, donde se encuentra la gran mayoría, entre ellos Uruguay.
Claro que, si pretenden exigir esa normativa a los países de fuera de la UE, también deben aplicarla internamente, y muchos de los países miembros están solicitando un nuevo aplazamiento de la entrada en vigor de las nuevas exigencias.
En los últimos días, 18 de los 27 ministros de Agricultura de la UE enviaron una carta a la Comisión Europea solicitando cambios significativos en la legislación.
La carta finaliza instando a la Comisión Europea “a incluir rápidamente el Reglamento sobre la Deforestación en sus planes de simplificación, con el fin de garantizar una implementación coordinada y efectiva del EUDR en toda la UE. A la espera de las propuestas de simplificación de la Comisión, podría ser recomendable aplazar aún más la fecha de aplicación del reglamento." En resumen, lo que piden es legislación menos restrictiva y más plazo.
La carta sigue a una resolución del Parlamento Europeo, en la que se propuso retroceder en algunos aspectos de la normativa para los países donde la superficie forestal se mantiene estable o está en aumento, antes de su entrada en vigor prevista para el 30 de diciembre de este año.
Aunque la Comisión Europea no está obligada a actuar, el Parlamento Europeo está impulsando la inclusión de una nueva categoría de “sin riesgo” o de “riesgo insignificante” para los países con superficie forestal estable o en expansión, con el fin de aliviar la carga administrativa sobre exportadores e importadores. Uruguay bien podría ingresar dentro de esta nueva categoría de “sin riesgo”.
La carta conjunta de los 18 ministros de Agricultura refuerza esta postura:
“La regulación en su forma actual no toma suficientemente en cuenta a los países con una protección forestal efectiva y un riesgo insignificante de deforestación. En lugar de focalizarse en la deforestación donde el riesgo es más alto, la normativa impone obligaciones burocráticas desproporcionadas sobre países donde la deforestación es demostrablemente insignificante.”
Para hacer más engorroso el asunto, hay países que tuvieron la formidable idea de anticiparse a la entrada en vigor de la normativa, seguramente también convencidos de que le estaban haciendo un bien al planeta. Fue el caso de la anterior administración de Nueva Zelanda, liderada por la primera ministra Jacinda Ardern. Aunque muchas de sus reglamentaciones fueron dejadas de lado (no así la prohibición de la exportación de ganado en pie por vía marítima, para lo cual se está trabajando en una ley que la habilite con criterios más exigentes de bienestar animal), hubo productores que tomaron medidas que implicaron cambios estructurales en sus sistemas de producción que redujeron fuertemente la producción pecuaria en beneficio de la forestal.
El giro hacia la forestación y la presión del mercado de carbono están remodelando el paisaje productivo neozelandés. La caída en la oferta ganadera está debilitando la industria local y abriendo espacio a las importaciones de carne, particularmente desde Australia, en un escenario donde la demanda internacional continúa firme, pero la capacidad de respuesta local se ve limitada por decisiones estructurales tomadas bajo el impulso de la transición climática.
Las cifras reflejan este cambio: en la última década el rodeo lechero neozelandés cayó 13% (unas 860 mil cabezas), mientras que el stock ovino se redujo 21%, situándose actualmente en 23,6 millones. En 2025, la faena vacuna cae 4% anual, y la de corderos 9%, lo que ha llevado al cierre de plantas frigoríficas como Smithfield, de Alliance Group, dejando 600 personas sin empleo.
En definitiva, hay que pensar dos veces la toma de decisiones que impliquen cambios sustantivos en los sistemas de producción que, por más que parezca que tienen un fin noble y beneficioso para el planeta, no son otra cosa que una moda impuesta por los burócratas europeos con el objetivo de protegerse aún más de la competencia internacional, en una de las uniones más protegidas del planeta como la UE.