Blancos evalúan legalidad de obra del gobierno sustitutiva del proyecto Neptuno y analizan interpelar a Ortuño
Este martes se reúne la bancada del Partido Nacional tras la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la planta potabilizadora de agua en Arazatí.
La bancada del Partido Nacional se reúne hoy con el objetivo de analizar la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de suspender la realización del proyecto Neptuno, la obra impulsada por la administración de Luis Lacalle Pou en Arazatí, y lo hace con la certeza de que la determinación del Poder Ejecutivo es “absolutamente inconveniente”, según declaró a El País el senador Martín Lema.
En este contexto, el principal partido de la oposición no descarta interpelar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, al tiempo que piensa llevar adelante un análisis jurídico de la adjudicación de la obra, puesto que al cambiar el proyecto entienden que el Tribunal de Cuentas (TCR) podría entender que se debe hacer un nuevo llamado a concurso.
“El tribunal podría llegar a entender que lo planteado por el gobierno implica la caída del objeto del contrato, lo que obligaría a hacer el llamado de nuevo”, sostuvo el Lema.
La decisión de suspender la obra también estuvo arriba de la mesa el lunes en la sesión del directorio del Partido Nacional. El órgano partidario recibió en la mañana a tres jerarcas del gobierno de Luis Lacalle Pou (2019-2024) que estuvieron trabajando en el proyecto descartado por el Poder Ejecutivo: Gerardo Amarilla —exsubsecretario de Ambiente—, Raúl Montero —expresidente de OSE— y Fernando Blanco —exdirector de OPP.
El plan.
El gobierno oficializó el viernes la cancelación del proyecto Arazatí —una planta potabilizadora que iba a tomar agua del Río de la Plata para abastecer el área metropolitana— después de arduas negociaciones con el grupo empresarial que iba a realizarlo.
El directorio blanco, en una declaración que emitió en su primera sesión oficial, “lamentó” la “decisión anunciada” por el gobierno de Orsi, la que aseguró que “implica un retroceso en la búsqueda del fortalecimiento del abastecimiento de agua potable para el área metropolitana”, con una “fuente alternativa que aseguraba la disponibilidad de agua para la zona más poblada del país”.
También aseguró que la decisión “desaprovecha un trabajo serio e interinstitucional, con aportes técnicos y académicos de primer nivel, que también recogieron la opinión de la ciudadanía en diversas instancias, que buscaba establecer políticas de Estado en un tema tan sensible como la seguridad hídrica”.
En una línea similar, Amarilla —después de que finalizó la sesión— “lamentó mucho” que el gobierno “tire por la borda cuatro años y medio de estudios, de trabajo interinstitucional con la participación de académicos y técnicos de primer nivel que trabajaron muy seriamente en este proyecto”.
Por su parte, Montero marcó que el proyecto Arazatí era “muy sólido” en lo vinculado al nivel de salinidad. Y argumentó: “El Río de la Plata es fuente de agua potable desde hace casi 100 años para Colonia, de un montón de décadas para Juan Lacaze y de muchísimos años para Buenos Aires. Tampoco le tengamos un terror ancestral, no tiene ningún sentido”, dijo ante críticas por la salinidad del río.
El plan del gobierno implica que el agua a potabilizar para la zona metropolitana se tome toda del mismo lugar, del río Santa Lucía.
El acuerdo.
El viernes, el secretario de Presidencia, Alejando Sánchez, y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunciaron el proyecto alternativo. Tras llegar a un acuerdo con el consorcio Aguas de Montevideo, se informó que la nueva iniciativa consistirá en la construcción de una nueva planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos en la cuenca del Santa Lucía.
La nueva planta y la actual de Aguas Corrientes permitirán, juntas, producir 900.000 metros cúbicos de agua potable. La opción elegida por la actual administración incluye también una obra de una reserva de agua bruta y una pequeña potabilizadora en la zona de Solís Chico.
Los plazos de construcción serán de entre 30 y 36 meses, confirmó Sánchez la semana pasada ante la consulta de El País. Se prevé que las obras comiencen el próximo año y el objetivo es garantizar el acceso al agua potable en la zona metropolitana hacia 2045.
Pablo Ferreri, presidente de OSE, dijo en diálogo con Canal 12 que el costo de la obra se reducirá en un tercio y que el objetivo también es hacer, por fuera de este proyecto, una planta potabilizadora en Casupá, pero que habrá una nueva licitación para ello. Los nacionalistas cuestionan los cálculos en cuanto a que la obra sea un tercio más barata, dado que, en realidad, al costo debería sumarse lo que salga Casupá.
Ortuño aseguró este lunes que Lacalle Pou, quien criticó el plan del gobierno en la red social X este fin de semana, “se equivoca”. La “decisión está largamente fundamentada”, sostuvo, y dijo que irá al Parlamento -está citado en comisión de Diputados para el 4 de agosto, pero no se descarta que la oposición pida una interpelación en el Senado- “con mucho fundamento técnico”.