La desregulación y desburocratización que emprendió Milei y lo que puede hacer Uruguay en una línea similar
El director de Ceres, Ignacio Munyo, habló sobre las modificaciones legales que ha realizado el gobierno de Milei y las nuevas en las que está trabajando, incluyendo asuntos laborales.Argentina da que hablar. Cuando no es una situación de crisis, es la inflación desbocada y el dólar que se dispara, u otras veces es la situación fiscal y, si no, son las medidas para corregir todos esos desvíos.
Ahora, más allá de las críticas a la figura de su presidente Javier Milei y sus políticas, los números macroeconómicos del país vecino han mejorado. Los datos oficiales nacionales y de organismos internacionales así lo indican. Este tema fue parte del análisis de contexto regional de la presentación “Uruguay en un laberinto complaciente" del Centro de Estudios de la Realidad Económica (Ceres), en voz de su director ejecutivo, Ignacio Munyo.
El director ejecutivo de Ceres, habló de la desburocratización que ha emprendido el gobierno argentino, impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, con la mira en generar competitividad y dinamismo en la economía.
Salvando las diferencias entre un país y otro, en Uruguay, el 60% del parlamento cree que acá también se deberían eliminar regulaciones obsoletas y simplificar normas para fomentar la competencia y la inversión. Dentro de los que creen eso, el 83% de las respuestas fueron de la oposición y 33% del oficialismo, según un estudio de Ceres, que indica, además, que diversas organizaciones que fueron contactadas y la ciudadanía identifican una gran cantidad de normas vigentes sin sentido, o que responden a intereses sectoriales, según expresaron.
Como casos de readecuación de normas en Argentina, destacan las de los agroquímicos. Para iniciar actividades en este rubro, se requería de ciertos trámites —considerados “innecesarios” por el gobierno de Milei— que enlentecían considerablemente el proceso, generando altos costos y perjudicando la calidad competitiva de los sectores vinculados.
En ese marco, el gobierno argentino modificó el régimen referente a los agroquímicos e incorporó pautas para agilizar registros con declaraciones juradas y para aceptar ensayos internacionales y simplificar la importación de productos provenientes de países con ciertos estándares, como Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Japón y Brasil, entre otros.
Otro caso en Argentina es el de la yerba mate. “El Instituto Nacional de la Yerba Mate fijaba precios mínimos obligatorios por ley, lo que restringía la competencia entre oferentes, encarecía el producto final y creaba renta asegurada para determinados actores sociales”, observó Munyó.
Ésto hasta que, bajo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno de Milei eliminó funciones regulatorias que afectaban precios y mercados, además de limitar el accionar del mencionado instituto a fines estadísticos y vinculados a promover el desarrollo del producto.
La medida, según datos del gobierno argentino tomados por Ceres, redundó en una reducción del 44% del precio del kilo de yerba local en términos reales, un aumento del 29% de la producción local del producto y del 17% de su exportación.
Lo cierto es que las normas de desregulación por sectores de actividad económica en Argentina han sido 437, en lo que va del gobierno de Milei. Unas 70 de esas medidas se implementaron en comercio exterior, seguido por finanzas y mercado de capitales, agroindustria, transporte y producción nacional, entre otras.
Las reformas estructurales de Argentina le han permitido una integración internacional mayor, por ejemplo, con la firma de un memorándum inicial de adhesión para ser miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el pasado 11 de noviembre. Y dos días después, el acuerdo de Comercio e Inversión con Estados Unidos.
Actualmente, Argentina adelanta otras reformas pro competitividad, como ser, la modernización de la legislación laboral, la flexibilización de normas para adaptarlas mejor al mercado, e incentivos a la contratación formal y para atraer inversiones.
En materia de reforma laboral, el gobierno de Milei avanza en un “banco de horas”, que permitirá jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, acumulando horas extra y compensando con días libres. Esto ha generado una gran polémica dado que, si bien la intención es aumentar la productividad en el país, contradice disposiciones internacionales en salud ocupacional y va a contrapelo de las tendencias mundiales de reducción de la jornada de laboral 8 a 6 horas diarias.
Otro punto de las reformas propuestas en Argentina es que se quiere ir a “salarios dinámicos”; es decir, que se ajusten más con la actividad presencial o virtual, y menos con la antigüedad en la empresa.
Un tercer punto es que se busca dar prioridad a los convenios por empresa, por sobre por rama de actividad. Esto es algo que se ha querido impulsar en Uruguay desde hace tiempo, aún sin éxito.
Asimismo, en Argentina se va hacia nuevos incentivos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para la contratación de personal, a través de reducciones impositivas y créditos fiscales cuando generan nuevos puestos laborales.
Cabe señalar que Argentina adelanta una reforma regulatoria estructural, la cual está en proceso, y anuncia otras en las áreas tributaria, previsional y educativa. Esto está tomando cuerpo a partir de los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 26 de octubre, las que ganó el partido del Milei, aumentando su presencia en el Congreso.
Unos datos más: en 2023, Argentina tuvo una caída de su economía de 1,7% y hoy se proyecta que crecerá 4,2% este año. La inflación allí pasó del 211% en 2023 al actual 30% y, según proyecciones de Ceres, bajará al 19% el próximo año.
¿Y en Uruguay qué pasa?
Yendo nuevamente a Uruguay, Munyo enumeró las medidas que, en términos de readecuaciones normativas, se han realizado últimamente: la derogación de la prohibición de exportar ganado vacuno en pie, se eliminaron trabas para la producción local de vino, se simplificaron los trámites para el traslado de mercadería, se continúa eliminando trabas a la comercialización de hortalizas, y el gobierno también facilitó la importación de autopartes, entre otras.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone ha hecho hincapié en la necesidad de desburocratizar la economía. Es un proyecto que encabeza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), "poco glamoroso, poco visible, pero muy sustancioso", ha planteado Oddone en diversas presentaciones.
"En algunas cosas hemos tenido suerte, en otras no tanto", dijo Oddone el pasado 20 de octubre en el Día de la Construcción en referencia a que "lamentablemente, y digo con énfasis, lamentablemente, el Parlamento desglosó, que es una forma elegante de decir pasó a considerar en otra etapa" la iniciativa del gobierno de "eliminar la intevención preceptiva de los despachantes de aduana".
"Uruguay va a seguir siendo uno de los pocos países del mundo, en la región el único, que tiene intervención preceptiva (es decir obligatoria) de los despachantes de aduana" en una operación de comercio exterior, lo que es "altamente inconveniente" cuestionó el ministro. Oddone dijo que más allá de eso, piensa seguir "dando una batalla al respecto" porque entiende que "se trata de una regulación de tipo medieval" que exista esa obligatoriedad.
"Una de las cosas más fantásticas que conocí cuando llegué a este cargo, es que teníamos trámites" donde el "sector privado tenía que presentarse ante la administración para decir que iba a importar determinado producto", de forma que la oficina estatal "se pronunciara (sobre) que ese determinado producto no le correspondía pronunciarse", ejemplificó Oddone en esa ocasión. "Eran los certificados 'negativos'" y "ese tipo de prácticas las estamos eliminando" al igual que "simplificando" trámites comerciales que abarcan al 75% de la documentación a presentar en el comercio exterior, remarcó.
De esta manera, Munyo destacó que el camino está trazado, siendo importante relevar todas las regulaciones y temáticas para atender de cada sector, identificar los efectos negativos que generan (trabas, duplicidades, superposiciones y controles), elaborar textos legales con la justificación técnica de los cambios, realizar las consultas técnicas y públicas pertinentes con la sociedad civil e implicados, entre otros factores.