Ffose pide priorizar el consumo humano del agua como política de Estado
En la entrevista, el dirigente sindical sostuvo que la estatal hídrica continúa operando “por el gran esfuerzo que hacen funcionarios y funcionarias”, pese a que, según indicó, enfrenta un mínimo histórico de personal y un deterioro progresivo en la calidad de las fuentes de agua.El acceso al agua potable se ha convertido en uno de los principales desafíos del siglo XXI.
Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso seguro a agua potable gestionada de forma segura. Además, cerca de la mitad de la población mundial experimenta escasez severa de agua al menos un mes al año.
El problema no es únicamente de cantidad, sino también de calidad. La contaminación por agroquímicos, vertidos industriales y efluentes urbanos deteriora las fuentes de agua dulce, mientras que el cambio climático altera los ciclos hidrológicos, intensificando sequías e inundaciones.
En ese marco, el agua dejó de ser vista solamente como un servicio básico para transformarse en un recurso estratégico, vinculado a la seguridad alimentaria, la energía, la industria y la estabilidad social. En América Latina, aunque existe una abundancia relativa de recursos hídricos, la distribución desigual, la falta de infraestructura y la contaminación generan crisis periódicas.
Uruguay no escapa a esta situación. Históricamente ha sido considerado un país con buena disponibilidad de agua dulce. La cuenca del río Santa Lucía es la principal fuente de abastecimiento para Montevideo y el área metropolitana, donde vive más de la mitad de la población. Sin embargo, la crisis hídrica de 2022-2023 marcó un punto de inflexión.
La sequía más severa en décadas redujo drásticamente las reservas del embalse de Paso Severino, lo que obligó a mezclar agua con mayor contenido salino proveniente del Río de la Plata y generó cuestionamientos sobre la calidad del suministro.
En este contexto, Diario la R se trasladó a la sede de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) para entrevistar a su presidente, Carlos Larrosa, quien afirmó que la situación del organismo, encargado de abastecer de agua potable al país, es “bastante compleja” y advirtió sobre carencias estructurales en infraestructura y recursos humanos.
En la entrevista, el dirigente sindical sostuvo que la estatal hídrica continúa operando “por el gran esfuerzo que hacen funcionarios y funcionarias”, pese a que, según indicó, enfrenta un mínimo histórico de personal y un deterioro progresivo en la calidad de las fuentes de agua.
Larrosa es funcionario del organismo desde 2011 y presidente del sindicato desde hace dos años y medio. Señaló que OSE es “tal vez la empresa pública que recauda menor cantidad de dinero comparada con el servicio que presta”. A su entender, esto ha derivado en una postergación histórica de inversiones. “Hace falta una inversión muy grande en infraestructura, en ingreso de personal y capacitación. Esas son las grandes falencias que tiene OSE”, afirmó.
Calidad del agua
Por otra parte, a marzo de 2026 la calidad del agua en Uruguay presenta una situación mixta. Si bien el agua potable se encuentra bajo monitoreo estricto por niveles de trihalometanos, las autoridades estatales han asegurado que es potable y apta para el consumo humano. No obstante, se han reportado casos en los que las muestras superaron los niveles máximos permitidos de estos compuestos derivados de la cloración.
Consultado sobre la situación actual en Montevideo y el área metropolitana, el presidente de Ffose explicó que hoy no existen riesgos inmediatos en términos de cantidad, aunque sí alertó sobre un deterioro sostenido en la calidad del agua bruta (la que se capta en ríos y arroyos). “La calidad del agua viene disminuyendo hace tiempo. No es para generar alarma pública, pero cada vez es más difícil de potabilizar”, sostuvo. En ese sentido, planteó la necesidad de una política nacional consolidada que priorice el consumo humano por encima de otros usos productivos.
“Si se prioriza lo comercial o lo productivo y no se prioriza la potabilización del agua para consumo humano, el problema se va a acrecentar. No estamos diciendo que no haya que producir, sino que el agua para la población debe ser la prioridad”, expresó.
Sobre la potabilidad actual, el entrevistado fue cauto: “No lo podemos afirmar ni negar nosotros. Esa es responsabilidad de la empresa, que maneja los datos día a día. Pero hay cosas claras: si el agua sale con color, olor o gusto, para nosotros no es potable. El agua potable es inodora, incolora y sin sabor”, puntualizó.
En esa misma línea, hizo referencia a la salinidad durante la crisis hídrica de 2022-2023. Recordó que el sabor salado fue consecuencia de la baja disponibilidad de agua dulce en el embalse de Paso Severino, lo que obligó a captar agua con mayor influencia del Río de la Plata. “El gran problema fue la poca disposición de agua dulce aguas arriba del embalse”, explicó. Actualmente, indicó que no cuentan con información de que se hayan superado los parámetros de salinidad.
Obras necesarias
Larrosa señaló que existen proyectos históricos recomendados por técnicos del organismo que han sido postergados durante años. Mencionó la represa de Casupá, la planta en el arroyo Solís Chico y la planta de lodos de Aguas Corrientes como iniciativas relevantes. La propia OSE informa que dispone de 77 plantas de potabilización, siendo la más importante la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes, ubicada en el departamento de Canelones, a 56 km de Montevideo, además de otras en Durazno, Flores, Florida y San José.
El dirigente sindical explicó que del interior del país “muchas veces se habla menos”; sin embargo, “hay muchas plantas allí que tienen muchos años. No podemos decir que estén al final de su ciclo, pero necesitan una inversión fuerte”, afirmó. Además, subrayó la necesidad de sustituir tuberías para reducir roturas y mejorar los tiempos de respuesta.
Respecto a los cambios de rumbo entre administraciones, opinó que “esto de que cambie el gobierno y cambien todos los planes no le hace bien al sistema”. Aun así, dejó claro que el sindicato apoyó la resolución final de no llevar adelante el proyecto Neptuno. Sostuvo que fue “muy crítico” con el planteamiento y calificó como “positiva” la decisión del actual gobierno de enfocarse en otro plan.
“Para nosotros hubiera sido algo nefasto (el proyecto Arazatí): caro, privatizador y que no solucionaba el problema de fondo”, aseguró, y agregó: “Nos falta información sobre Casupá y el resto de las obras como para poder dar una opinión, pero a priori era lo que la mayoría de los técnicos de OSE, o casi la totalidad de las áreas técnicas de la empresa, recomendaban”.
Mínimo histórico de personal
Uno de los puntos más críticos señalados por el dirigente es la reducción de funcionarios presupuestados. Según indicó, actualmente hay entre 3.200 y 3.400 trabajadores, mientras se jubilan alrededor de 150 por año y el ingreso es muy inferior. “Estamos en un mínimo histórico. En el último año entraron 40 funcionarios y se jubilan cerca de 150 por año”, explicó.
Recordó que el desfase comenzó después de 2019, cuando fue “la última gran entrada de personal”. “Después, a lo largo de los años, quienes han entrado nunca han suplido ni siquiera en un tercio a los que se jubilan en ese mismo año. Entonces, tenemos una baja de personal histórica”. A su juicio, esta es la causa principal de la tercerización de tareas: “porque la gente se precisa, sea funcionario público o no, las tareas se tienen que hacer”.
“Entre cooperativas y empresas tercerizadas hay cerca de 2.500 personas. Estamos hablando de casi el 50% del personal bajo algún tipo de subcontratación”, afirmó. Para Ffose, esto genera mayores costos, rotación constante y pérdida de conocimiento técnico. “La lucha fundamental hoy es el ingreso urgente de personal”, remarcó.
Por otro lado, enfatizó que aunque la comunicación con la actual administración es fluida, el sindicato exige “instancias de negociación”. “Una cosa es sentarse a hablar y otra cosa es negociar y avanzar en determinadas propuestas que nosotros tenemos”, mencionó.
Aumento de tarifas
A partir del primero de enero de 2026, OSE aumentó sus tarifas un 8,5% en promedio para agua potable y saneamiento. Este ajuste, superior a la inflación estimada, busca cubrir el incremento de costos y financiar inversiones, como el proyecto Neptuno. Sobre este tema, Larrosa reconoció que dentro del sindicato hubo debate. “La primera reacción es rechazarlo, pero también entendemos que las inversiones se necesitan y el dinero de algún lado tiene que salir”, señaló.
“Obviamente, no estamos de acuerdo en que todos los costos los asuma la población. Las inversiones, el mayor ingreso de personal, la mejora en la calidad del trabajo, los salarios y las condiciones laborales, todo eso tiene un costo. OSE es una empresa estatal y lo tiene que asumir el Estado”, puntualizó.
No obstante, aclaró que el foco debe estar en cómo se utilizarán esos recursos. “Lo fundamental es en qué se va a utilizar ese dinero: si es para seguir tercerizando o si es para ingreso permanente de personal, capacitación e infraestructura”.
¿Estamos preparados para otra crisis?
Consultado sobre la posibilidad de un escenario similar al de 2023, el dirigente consideró que la clave está en la gestión y la comunicación. “El mayor error fue no informar a la población a tiempo. Hay que confiar en la gente y decirle toda la verdad”, sostuvo.
Finalmente, concluyó con una advertencia: “Si no cuidamos más los recursos y no cambiamos algunos modelos productivos, estos episodios pueden seguir repitiéndose. No estamos libres para nada”. Además, sugirió que “quienes utilizan el agua para la producción” deberían pagar más impuestos para invertir en la potabilización y la protección de los recursos naturales.