El reclamo de 28 cámaras empresariales y las dificultades de acceso registradas durante el paro nacional trasladan el debate portuario al funcionamiento de toda la cadena logística. Mientras el Ministerio de Trabajo apuesta a destrabar el convenio de TCP, productores, industrias y transportistas necesitan certezas para organizar sus operaciones.
La continuidad del comercio exterior volvió al centro de la agenda tras el paro nacional portuario del lunes 21 de setiembre. Una declaración empresarial difundida ese día reclama una solución duradera y advierte sobre consecuencias para el abastecimiento, el empleo y la confianza de los clientes. La convocatoria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a una nueva instancia tripartita para este martes 22 concentra las expectativas de acercamiento entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra).
Qué muestran las cifras empresariales
Según informó Telemundo, 28 cámaras suscribieron el comunicado. Las organizaciones contabilizan 44 días con interrupciones en lo transcurrido de 2026, frente a 35 durante todo 2025, y sostienen que la afectación alcanza, en promedio, al 70% de los movimientos de contenedores. Diario La R recoge además que hubo interrupciones en 15 de los últimos 16 meses.
Esas cifras corresponden al relevamiento presentado por las gremiales. Días con interrupciones no equivale necesariamente a jornadas completas de cierre, y el porcentaje de movimientos afectado no debe interpretarse como una pérdida equivalente del comercio exterior. Las publicaciones consultadas no detallan una metodología que permita convertir esos indicadores en horas efectivamente detenidas, toneladas no movilizadas o pérdidas monetarias verificadas.
Las cámaras reportan faltantes de insumos y artículos de consumo, envíos al seguro de paro y mayores costos. Su advertencia amplía el foco del conflicto: la incertidumbre también alcanza a quienes dependen del puerto para recibir componentes, abastecer una fábrica o cumplir un contrato de exportación.
Los servicios mínimos dependen de una cadena que funcione
La información oficial de Presidencia establece que el régimen dispuesto para TCP comprende operaciones de buques, recepción de contenedores y almacenamiento. Fija un mínimo de 25 contenedores por hora para la recepción por carretera y exige asegurar la operativa de cargas refrigeradas, perecederas o sanitariamente sensibles. La medida rige desde el 12 de setiembre, tiene carácter transitorio y se limita a la situación comprendida en la resolución.
El paro nacional mostró una dificultad adicional. Según declaraciones del director de la Administración Nacional de Puertos por la oposición, Jorge Gandini, recogidas por Diario La R, la paralización de funcionarios de la ANP mantuvo cerradas las barreras del acceso norte el lunes e impidió el ingreso de camiones. Esa situación, sostuvo, afectó también a TCP pese a la previsión de servicios mínimos.
Desde el análisis logístico, el episodio señala una interdependencia concreta: disponer de personal dentro de una terminal no asegura por sí solo el movimiento de cargas si otro eslabón necesario está interrumpido. Accesos, transporte terrestre, almacenamiento y atención de buques requieren coordinación para que una prestación mínima se traduzca en un servicio efectivo.
Un convenio con avances y diferencias pendientes
La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, defendió la intervención oficial y afirmó que existen acuerdos parciales y un borrador de convenio sobre los cuales continuar trabajando. Según la entrevista con En Perspectiva reseñada por Diario La R, la empresa considera que presentó su mejor propuesta, mientras el sindicato mantiene objeciones en puntos sensibles. La convocatoria a negociar no equivale todavía a un acuerdo alcanzado.
El Supra rechaza las condiciones de los servicios mínimos y reclama mejoras en la estabilidad laboral. En la entrevista publicada por la diaria el 21 de setiembre, su secretario general, Álvaro Reinaldo, sostuvo que mantener algunas operaciones puede atenuar las consecuencias de las medidas, pero no resuelve las diferencias del convenio. El debate conserva así dos planos: las condiciones de trabajo en TCP y el funcionamiento del sistema portuario durante los conflictos.
La previsibilidad también es infraestructura para el desarrollo
Para Uruguay, mejorar la logística requiere combinar inversión física con capacidad de cumplir plazos. El riesgo de reprogramar embarques o demorar insumos importa tanto para las cadenas agropecuarias y forestales como para la industria y el comercio. Las advertencias empresariales sobre reputación expresan ese problema, aunque su dimensión económica necesita mediciones independientes.
Una salida sostenible deberá ofrecer previsibilidad a los trabajadores y a los usuarios, y contemplar cómo se coordinan los distintos servicios del puerto. Resolver el convenio es el paso inmediato; evitar que cada nueva controversia altere la planificación productiva constituye un desafío más amplio de desarrollo nacional.
Fuentes
Noticia de origen: Diario La R: reclamo empresarial, negociación y declaraciones de Jorge Gandini, 22 de setiembre de 2026.
Contraste periodístico: Telemundo: declaración de las 28 cámaras empresariales, 21 de setiembre de 2026, 16.52.
Fuente oficial: Presidencia: alcance de los servicios mínimos en TCP, 11 de setiembre de 2026.
Antecedente sindical: la diaria: entrevista a Álvaro Reinaldo sobre el convenio colectivo, 21 de setiembre de 2026.
ICI+ — Elaboración propia con fuentes periodísticas y oficiales. Contexto y análisis editorial. 22 de setiembre de 2026.