Fundada en España en 2002, Solaria cotiza en bolsa desde 2007 y forma parte del IBEX 35 desde 2020. Su presencia en Uruguay se remonta a proyectos solares desarrollados desde mediados de la década de 2010, no a varias décadas de operación. La compañía llega al nuevo acuerdo con experiencia en generación fotovoltaica y una estrategia que incorpora almacenamiento y centros de datos.
La empresa → Solaria Energía y Medio Ambiente se constituyó en España en 2002. Comenzó como fabricante de módulos solares y, desde 2014, orientó su actividad principalmente al desarrollo y operación de plantas fotovoltaicas como productor independiente de energía. Sus acciones cotizan en la bolsa española desde 2007 y la compañía ingresó al índice IBEX 35 en octubre de 2020.
El cambio de modelo también amplió su alcance: además de construir y operar plantas, la compañía desarrolla proyectos, estructura contratos de suministro eléctrico y explora soluciones de almacenamiento e infraestructura vinculada a centros de datos. En su ejercicio 2025 informó 3,1 gigavatios de capacidad instalada en operación y 1,3 gigavatios adicionales en construcción. Sus resultados publicados para ese año registraron ingresos de €303,4 millones, EBITDA de €266,1 millones y beneficio neto de €137,4 millones.
Actividad en España y expansión internacional
España es su principal mercado histórico. En los últimos años la empresa ha ampliado su actividad europea y su información corporativa identifica proyectos o actividad en Italia, Alemania, Portugal, Grecia y Reino Unido, además de Uruguay. La compañía comunicó que cerró 2025 con 3,1 gigavatios operativos y 1,3 gigavatios en construcción, mientras avanzaba en baterías y acuerdos de suministro para instalaciones de datos.
Estos datos proceden de reportes corporativos. Describen la escala y estrategia declaradas por la empresa, pero no constituyen una auditoría independiente de cada proyecto ni permiten inferir, por sí solos, cómo financiará la inversión anunciada en Uruguay.
Una presencia uruguaya de casi una década
Los antecedentes uruguayos de Solaria son anteriores al anuncio de octubre de 2026, pero no se extienden por décadas. La compañía informó que en 2016 construía dos plantas solares, Yarnel y Natelu, y en 2017 cerró financiación para su construcción, operación y mantenimiento. Ambas se ubican en Young, Río Negro, y Mercedes, Soriano, y sus sociedades de proyecto venden energía a UTE.
En 2018 se firmaron los certificados de aceptación provisional de las plantas. En 2020 Solaria comunicó una refinanciación cercana a US$ 29 millones, por veinte años, para esos activos. La capacidad conjunta aparece en documentos de la empresa como aproximadamente 22,7 a 23 megavatios. La secuencia muestra una trayectoria local sostenida desde el desarrollo de aquellos proyectos, aunque de alrededor de ocho años de operación, no de varias décadas.
La infraestructura nacional detrás del nuevo proyecto
La decisión de ampliar su actividad en Uruguay debe analizarse junto con las capacidades que el Gobierno puso en primer plano. La política energética iniciada en 2005 y el acuerdo multipartidario posterior orientaron una transformación en la que UTE planificó generación, respaldos e interconexiones, mientras habilitó inversión privada para acelerar la incorporación renovable. La → Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua resume que entre 2005 y 2020 la matriz eléctrica cambió de forma significativa y que las fuentes renovables llegaron a aportar alrededor del 99 % de la electricidad en el período que reporta.
En paralelo, Antel extendió la fibra óptica y la conectividad internacional. La empresa estatal informó que en 2026 el 96 % de los hogares conectados a internet contaba con fibra. Esa red, junto con los cables submarinos mencionados por el Gobierno, es una condición relevante para procesar y transmitir datos. La estabilidad institucional y la continuidad de políticas públicas completan el marco que Orsi presentó como una construcción acumulada entre distintos gobiernos.
El vínculo entre estas transformaciones y la inversión es una explicación política y económica expresada por el Gobierno, no una demostración de causalidad exclusiva. La evaluación del proyecto también requerirá conocer su financiación, contratos de energía y telecomunicaciones, consumo de agua, autorizaciones y compromisos laborales.
Fuentes principales
→ UTE. (2019, 9 de septiembre). De gestionar los apagones a la revolución energética.
→ Antel. (2026). Antel conectará a más de 100 pueblos en los próximos dos años.
ICI — Elaboración propia a partir de fuentes empresariales y oficiales. 15 de octubre de 2026.
