Impulsarán declaración de emergencia en sector apícola
El diputado Fermín Farinha impulsará la declaración de emergencia granjera para el sector apícola, luego de la mortandad de cerca de 14.000 colmenas en ocho departamentos, entre los que se encuentra Paysandú. En un encuentro efectuado por Zoom, los apicultores estiman que las pérdidas están por encima de 2,8 millones de dólares.
“Esto tiene un efecto progresivo, el número final aún no se puede manejar porque la mortandad tiene un efecto paulatino en función de la afectación de las colmenas. Vamos a tramitar una declaración de emergencia porque hasta este momento no hay un planteo formal y, a partir de allí, se habilitan determinados mecanismos para asistir a los productores”, señaló.
La Facultad de Química, entre otros científicos, realiza estudios para conocer el origen de lo ocurrido y trabajar en su prevención. “El ministerio trabaja sobre los hechos consumados pero tenemos que anticiparnos a estas situaciones y que haya un control más estricto. La afectación de estos polinizadores --y las abejas son uno de ellos--, son parte del ciclo productivo y del ecosistema. En este caso, en Uruguay tenemos un número que sinceramente es importante y debe llamar la atención del ministro para que llegue al fondo del asunto. Incluso para prevenir acciones futuras ya sea por la aplicación de determinados herbicidas o insecticidas, entre otros”, dijo Farinha.
Recordó que “en 2017 se vivió una situación puntual y en un trabajo conjunto con el entonces diputado Olivera estuvimos reunidos con los productores. Pero hay que trabajar en conjunto con la Comisión Honoraria de Producción Agrícola, con la Dirección General de la Granja para darle el lugar que le corresponde a este sector productivo, pensando en el daño al ecosistema”.
En aquel año “fueron afectadas 6.500 colmenas y ahora hablamos de casi 14.000 de las cuales 3.000 tienen pérdidas totales. Son alrededor de 60.000 abejas por colmenas, si sumamos esos números veremos que esto hará eclosión en el próximo invierno”.
Los productores plantearon la existencia de una mala praxis en la aplicación de los productos, además de la ausencia de controles a lo que se utiliza o importa el país. “Es decir, es necesario tener una trazabilidad. No solamente lo que se vende y a quién, sino cuánto y dónde se aplicó. En el sector productivo pretenden mejorar las condiciones de producción y nadie quiere aplicar herramientas que afecten el resultado de esa cosecha. En este caso pasó con la miel y el daño no es solo económico sino en la confianza al país”, concluyó.