REGIÓN
La reforma de la Ley de Glaciares abrió una batalla judicial y social en Argentina
La reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso argentino abrió un nuevo frente judicial y político: la provincia de La Pampa presentó un amparo para frenar la norma y organizaciones ambientalistas impulsan una demanda colectiva que ya reunió cientos de miles de adhesiones en defensa del agua.
La modificación, promovida por el gobierno de Javier Milei, fue aprobada por Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Reuters señaló que la reforma busca facilitar inversiones mineras en zonas glaciares y periglaciares, al permitir que las provincias definan sus propios estándares de protección. Para los críticos, ese cambio debilita los resguardos sobre reservas estratégicas de agua dulce.
El corazón de la controversia está en lo que cambia respecto de la ley de 2010. Hasta ahora, la norma prohibía la minería y otras actividades industriales en glaciares y ambientes periglaciales como presupuestos mínimos de protección del agua. La nueva redacción acota esa protección y deja en manos de las provincias la determinación de qué áreas cumplen una “función hidrológica específica”, una decisión que ambientalistas, científicos y opositores consideran una fuerte regresión.
La primera ofensiva judicial llegó desde La Pampa. Según EFE e Infobae, el gobernador Sergio Ziliotto presentó un amparo colectivo y una medida cautelar ante la Justicia Federal para suspender la aplicación de la ley, con el argumento de que lesiona derechos ambientales colectivos, contradice tratados internacionales y amenaza el acceso al agua de una provincia que depende del río Colorado, de origen glacial. En esa presentación también participaron la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones locales.
En paralelo, Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas lanzaron una convocatoria nacional para lo que definen como la mayor demanda colectiva en defensa del agua en la historia del país. Greenpeace informó que en las primeras 12 horas la plataforma sumó más de 300.000 adhesiones, mientras que una crónica de EFE publicada por Swissinfo elevó ese respaldo a cerca de 800.000 firmas al cabo de pocos días.
La presión social se monta sobre un conflicto de fondo entre el plan económico del gobierno y la protección ambiental. AP informó que el oficialismo y el sector minero defienden la reforma porque podría destrabar más de 30.000 millones de dólares en inversiones, sobre todo en cobre, oro y plata. Del otro lado, las organizaciones que preparan la demanda judicial sostienen que la norma es inconstitucional y que sacrifica seguridad hídrica en favor de la expansión extractiva.
La disputa, así, ya salió del Congreso y pasó a la calle y a los tribunales. Más que cerrar el debate, la aprobación de la reforma parece haber inaugurado una nueva etapa: la de una confrontación judicial, política y social en torno a quién decide sobre los glaciares y sobre el agua en Argentina.