El gobierno de Milei avanza con privatizaciones en el sector energético
Se busca la fragmentación y venta de activos de Energía Argentina S.A. (Enarsa).
El gobierno de Javier Milei acelera en abril su plan de desinversión estatal en el sector energético, uno de los pilares de su estrategia para reducir el gasto público, atraer inversión privada y reforzar las reservas internacionales. Tras la aprobación de la Ley Bases en 2025, el Ejecutivo avanza en la fragmentación y venta de activos de Energía Argentina S.A. (Enarsa), la principal empresa estatal del rubro, junto con procesos clave como la licitación para la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y la privatización de la red de transmisión eléctrica.
Uno de los avances más concretos de las últimas semanas es la licitación para la importación y comercialización de GNL durante el invierno 2026. El Estado decidió retirar a Enarsa de esta operatoria y transferirla al sector privado bajo un esquema competitivo. Enarsa recibió dos ofertas técnicas de empresas interesadas en asumir el rol de importador y comercializador para cubrir los picos de demanda entre abril y septiembre. El proceso, lanzado en enero, busca que el privado asuma el costo y el riesgo de traer gas licuado por barco principalmente al puerto de Escobar, mientras el gobierno mantiene la emergencia energética hasta fines de 2027 en transporte y distribución de gas. Esta medida forma parte de la desregulación el que usa el GNL mayormente generadores eléctricos, pero también industria y residenciales pagará el precio real, sin subsidio estatal directo.
En paralelo, mañana martes 14 se abre la presentación de ofertas técnicas para la venta de la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener, la mayor empresa de transporte de energía eléctrica del país. Transener opera más de 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión y monopoliza prácticamente el sistema interconectado nacional. El gobierno puso en marcha la licitación internacional a fines de 2025, con interés de oferentes locales e internacionales. La idea es que el privado vuelva a ser protagonista en la operación y expansión de la red, liberando al Estado de una actividad que considera que puede gestionarse con mayor eficiencia bajo competencia y reglas claras.
Otro frente importante es la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A., que opera las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse). El proceso avanza con el objetivo de atraer inversión privada para modernizar y ampliar la generación nuclear, un área estratégica pero históricamente dependiente del presupuesto público.
Además, el gobierno tiene en carpeta la venta o concesión de otros activos energéticos derivados de la fragmentación de Enarsa: participaciones en centrales termoeléctricas, parques eólicos y, especialmente, las cuatro grandes represas hidroeléctricas del Comahue. En 2025 se habilitó la venta total de las sociedades que las administran, con expectativa de recaudar entre 500 y 700 millones de dólares. Estas represas representan una porción significativa de la generación hidroeléctrica argentina y su paso a manos privadas busca mejorar la eficiencia operativa y atraer capital para mantenimiento y expansión.
El objetivo central de estas privatizaciones es doble. Por un lado, generar ingresos en dólares frescos para fortalecer las reservas del Banco Central en un año donde la cosecha gruesa y la estabilización macro son clave. Por otro, reducir el déficit de las empresas públicas. Enarsa y otras compañías del sector energético han sido históricamente deficitarias, con subsidios que pesan sobre las cuentas fiscales. Al retirar al Estado de roles comerciales (importación de GNL, comercialización de gas y electricidad), el Gobierno busca un mercado más competitivo, con precios que reflejen costos reales y menor carga para el erario.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, ha sido enfática- El sector no necesita “aliento” estatal sino que el Estado “deje de cortar piernas” a los inversores. La estrategia incluye descentralizar la comercialización, permitir contratos directos entre privados a largo plazo y avanzar en un nuevo esquema de subsidios más focalizado.