El nuevo orden del Caribe bajo el control del petróleo venezolano
Para América Latina, la lección es clara: quien pierde el control de sus recursos estratégicos pierde también su capacidad de decidir su destino.El Caribe está entrando en una nueva era económica y estratégica marcada por un hecho de enorme gravedad geopolítica: el control efectivo del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.
No se trata solo de una disputa energética, sino de una reconfiguración completa del mapa de poder, comercio y dependencia en una de las regiones más sensibles del hemisferio occidental.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Durante décadas, ese recurso permitió a Caracas sostener alianzas políticas, subsidios regionales y mecanismos de cooperación como Petrocaribe, que garantizaban suministro barato a países del Caribe y Centroamérica. Ese sistema otorgaba a Venezuela influencia política y estabilidad social en países que dependen casi por completo de la energía importada.
La captura del flujo petrolero venezolano por parte de Washington rompe ese esquema. Ya no es Caracas quien decide a quién vende, a qué precio ni con qué condiciones. Es la Casa Blanca la que define qué gobiernos acceden al crudo, cuáles quedan excluidos y qué tipo de alineamiento político se exige como moneda de cambio. El petróleo venezolano deja de ser una herramienta de soberanía y pasa a ser un instrumento de disciplinamiento geopolítico.
Para el Caribe, esto implica un giro brutal. Países como Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití o las islas del Caribe oriental quedan ahora expuestos a un nuevo sistema de dependencia. Lo que antes se negociaba con un socio regional hoy se gestiona desde Washington. El resultado es un encarecimiento de la energía, una presión sobre las balanzas comerciales y una mayor fragilidad fiscal en economías ya vulnerables.
Estados Unidos, por su parte, consolida un dominio estratégico sin precedentes. Controlar el petróleo venezolano equivale a controlar el principal grifo energético del Caribe. Esto le permite a Trump no solo debilitar al gobierno venezolano, sino también someter a los países de la región a una nueva arquitectura de poder, donde la energía se convierte en un arma diplomática.
Las consecuencias se verán en todos los frentes: tarifas eléctricas más altas, inflación importada, ajustes fiscales y pérdida de margen de maniobra para los gobiernos caribeños. Al mismo tiempo, las grandes petroleras estadounidenses y fondos de inversión comienzan a posicionarse para capturar rentas que antes pertenecían al Estado venezolano y, en parte, a los países beneficiarios de sus acuerdos energéticos.
Lo que está ocurriendo no es una simple sanción ni una disputa bilateral. Es una recolonización energética del Caribe. La región vuelve a quedar atada a un centro de poder que decide quién prospera y quién entra en crisis según su obediencia política.
Para América Latina, la lección es clara: quien pierde el control de sus recursos estratégicos pierde también su capacidad de decidir su destino. Venezuela no solo está siendo despojada de su petróleo; el Caribe entero está siendo reorganizado alrededor de ese despojo.
El nuevo orden energético que impulsa Trump convierte al petróleo en una herramienta de dominación hemisférica. Y en ese tablero, los países pequeños del Caribe pagan el precio más alto, atrapados entre su dependencia energética y una geopolítica que ya no les pertenece.