Uruguay está en un "laberinto complaciente", tiene una "escalera rota" educativa, "normas lobbies" y más, según Ceres
El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo, hizo una presentación llena de indicadores y proyecciones sobre el crecimiento —estancado— del PIB, inflación, tasas de interés, el Acuerdo Transpacífico, la OCDE y más.Pasan los años y los gobiernos, y Uruguay sigue en "un laberinto sin resolver" sus problemas económicos, sociales o educativos.
Los diagnósticos sobre lo que hay que hacer están bastante claros, hay consensos sobre ello, pero se discrepa en las soluciones o cómo implementarlas. Ante esa evidencia, el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) Ignacio Munyo es partidario de que Uruguay “acepte la ayuda externa para implementar sus reformas”, como la que ofrece la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) —en el marco de la oportunidad ser miembro pleno de la misma—, el Acuerdo Transpacífico —que aceptó la solicitud de adhesión de Uruguay— y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, del que se espera su ratificación el próximo 20 de diciembre.
Para el director ejecutivo de Ceres, “Uruguay tiene que aceptar las sogas (de auxilio) de la OCDE y del Acuerdo Transpacífico, para escaparnos de este laberinto de inercia y autocomplacencia que no nos lleva" donde el país "quiere ir”, afirmó.
Munyo realizó una presentación titulada “Uruguay en un laberinto complaciente, ¿se puede salir?” en el hotel Radisson, con estos mensajes. Sus postulados se acompañaron de la imagen de un helicóptero en vuelo, del que cae una soga de salvación. “Solos no podemos”, agregó.
Munyo afirmó que el camino de Uruguay a corto plazo se ve “complicado”. Existe un claro enfriamiento de la actividad en el segundo semestre de este año (se proyecta un crecimiento de 2% para 2025), y para 2026 habrá acabado el arrastre estadístico, por lo que se requiere más esfuerzos para generar crecimiento, en un contexto sin inversiones significativas que muevan la aguja y con un gasto público que ha ido creciendo.
Existen proyectos de inversión de peso en el país, como los de hidrógeno verde —HIF Global en Paysandú (US$ 6.000 millones), H24U en Durazno (US$ 40 millones), Kahirós en Río Negro (US$ 39 millones)— y otros en carpeta como data centers, un gasoducto y un puerto de aguas profundas, además de la exploración petrolera en mar territorial uruguayo (US$ 160 millones), pero ninguno se concretará en 2026, advirtió Munyo.
El economista realizó una radiografía del país y fue alertando sobre datos que actúan en contra. Mencionó que, por ejemplo, del total de las disposiciones reportadas por los empresarios como "innecesarias" o que "generan problemas", el 58% son “normas por las dudas” (sin fundamento válido) y el 28% son “normas lobbies”, esto es, que responden a intereses sectoriales y que se arrastran de distintos gobiernos.
“El 78% de los legisladores cree que el Estado debería mantener o aumentar su tamaño”, afirmó al apuntar a la ineficiencia a ese nivel en comparación con otros países, y calificando el hecho como “tremendo”.
Otro dato que aportó es que la discusión presupuestal en Uruguay se centra en el gasto incremental y reasignaciones, lo que representa solo el 1% del total del presupuesto, y el 99% restante carece de evaluación de resultados, programas o metas, o de medición de la eficiencia del gasto, entre otras falencias.
Algo más: el 76% de los legisladores piensa que hay que mantener el actual régimen de incentivos a la inversión, justo en un momento en que más se requieren. “Con este régimen no se consigue más inversiones. Lo que hay, da lo que da; no más”, advirtió.
Uruguay también está “asediado” —dijo— por el crimen organizado, y su centro carcelario “es parte del problema". También está la “escalera rota de la educación, con su reforma que no termina de implementarse (está en pie una propuesta de formación dual en la que no se ha podido avanzar), entre otros males. “Todo esto tiene impacto negativo indirecto en las inversiones”, afirmó.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima para Uruguay una reducción de hasta 0,5 puntos porcentuales de crecimiento anual si no contiene el fenómeno del narcotráfico.
El Acuerdo Transpacífico, la OCDE y la UE
Munyo valoró que el gobierno mantenga reuniones con autoridades de la OCDE con el objetivo de que Uruguay sea miembro pleno de este organismo. Precisamente, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se reunió con la número dos de ese organismo, Fabrizia Lapecorella, en Europa este martes, entre otros encuentros.
Ese organismo ofrece apoyo técnico de calidad y ha ayudado a diversos países en la implementación de sus reformas, entre ellos Costa Rica (en materia regulatoria), Chile (en educación) y Portugal (en seguridad).
Por eso Ceres considera que los beneficios y el camino para ser miembros de la OCDE pueden ser más claros, incluso, que los del Acuerdo Transpacífico, ya que en este último caso las exigencias son más que todo para adaptarse a un sistema ya creado.
De todas formas, ambos procesos serán largos. Para el Transpacífico, por ejemplo, se requieren ajustes en materia de patentes, en normas sobre facilitación del comercio, en compras estatales y empresas públicas y otras acciones que permitan la liberación arancelaria.
Asimismo, Munyo ve con buenos ojos que el Ministerio de Economía y Finanzas haya impulsado una política de “desempapelamiento” (simplificación de trámites en el país), lo que va en línea con lo esperado tanto por el Acuerdo Transpacífico como la OCDE, que demandan eficiencia en el funcionamiento.
En ese marco, advirtió que el 100% del oficialismo está a favor de que las empresas públicas tengan privilegios con respecto a operadores privados. Y el 98% está de acuerdo con priorizar a la industria nacional en compras públicas. “Pero esto no es lo que exige el club del Transpacífico”, señaló
Además, en la antesala de ser miembro pleno de la OCDE, Uruguay deberá hacer una revisión de su gasto público (estimado en US$ 28.000 millones a 2029), lo que no será fácil, en gran parte por las responsabilidades diluidas que históricamente se han ido dando al respecto, y por fragmentaciones y superposiciones de programas a todo nivel.
Al respecto, Munyo comentó que la OCDE cuenta con herramientas para mejorar la eficiencia del gasto público, como el Spending rewiew, que se podrían aprovechar.
Sobre el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) que el MEF se prepara a implementar (y que parte del Impuesto Mínimo Global a nivel mundial), Munyo considera que cambia las reglas de juego, afecta la imagen de Uruguay en ese sentido, y también le adjudica “dudosa neutralidad”, obligando además a revisar todas las cuentas de las operaciones en Uruguay.
A entender de Munyo —quien se ha dedicado a analizar la situación de las zonas francas—, el IMCD constituye un desincentivo para las inversiones en el país; una posición que no está alineada con la visión del MEF y que estima una recaudación de unos US$ 300 millones (1,2% del gasto público) por ese concepto.
En cuanto al acuerdo con la Mercosur-Unión Europea (UE), de concretarse, será otra gran puerta que se abre para Uruguay, que obligará asimismo a mejorar los estándares internos.
Inflación, tasas, dólar y otras proyecciones
Sobre el Producto Bruto Interno (PIB) de Uruguay (estancado), Ceres estudió que las expectativas para la temporada turística 2025 son altas, porque la diferencia de precios con Argentina se ha acortado, pero que no habrá mayor impulso económico dado que no se concretarán inversiones de magnitud pronto y la confianza del consumidor está en el menor nivel de los últimos dos años y medio.
Respecto a la divisa, Uruguay está 18% por debajo del nivel de competitividad cambiaria promedio del siglo, e igual porcentaje por debajo de diciembre de 2021 (tipo de cambio real bilateral con respecto al dólar). Y seguirá en niveles similares en el quinquenio, advierte Ceres, en base a las proyecciones establecidas en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2025-2029.
En tal sentido, Munyo habló de un encarecimiento relativo “permanente” de Uruguay. Según Ceres, el dólar cerrará en $ 40,90 este año.
En cuanto a las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), la proyección es que siga bajando con la reducción de la inflación en EE.UU., aunque se estima que se mantendrá alta en 3,5% para 2026 y 2027. “La esperanza para Uruguay es que la tasa baje”, apuntó Munyo.
Contexto internacional
El economista abordó el tema de la agenda global con impacto local, con un Estados Unidos que adelanta el plan económico de la administración Trump (que intenta impulsar la industria de la manufactura local, en un contexto de inflación que viene bajando), China que avanza sin pedir permiso, y una Europa que sufre estancamiento económico, una inmigración que no se integra y la amenaza del presidente ruso, Vladimir Putin, que acaba de asegurar que “está listo para una guerra con la Unión Europea”.
Sobre Brasil, apuntó un crecimiento de 2,2% para 2025 y 1,8% para 2026, año de las elecciones presidenciales en octubre, ante las que el presidente Inácio Lula da Silva aparece hoy como favorito para la reelección. La inflación en Brasil estará en 4,4% este año y 4,1% en 2026, según proyecciones.
Por su lado, Argentina cerraría con un crecimiento de 4,2% y una inflación de 30% para este año, y un crecimiento de 3,4% e inflación del 19% el próximo.
En cuanto a los precios internacionales, destacó a la carne bovina, que viene muy bien con una variación de +28% respecto al promedio 2023-2024, y la celulosa con +7%, a diferencia del arroz (-32%) y la soja (-9%).