Litigio millonario entre accionistas de una de las principales multinacionales marítimas de la región
Justicia uruguaya ordenó la intervención de un veedor para obtener información financiera de Navíos South American Logistics; empresa demandó a exdirectores por presuntas irregularidades.La megacorporación Navíos South American Logistics (NSAL), una de las principales empresas de logística marítima del país, atraviesa procesos judiciales tanto en Uruguay como en Estados Unidos.
La Justicia Civil uruguaya decretó la intervención de un veedor con el objetivo de obtener información de los movimientos financieros de los últimos años, mientras que en Nueva York está en curso una demanda contra dos directivos.
El holding NSAL -entidad principal que controla activos de las sociedades que la componen- tiene la mayor parte de sus operaciones en Uruguay, aunque también opera en Argentina, Brasil y Paraguay, siendo uno de los más importantes de la región en la Hidrovía Paraná-Paraguay.
En los últimos diez años ha invertido más de US$ 320 millones en Uruguay y actualmente mantiene otros US$ 300 millones en proceso de inversión. Posee en el puerto de Nueva Palmira tres terminales: una de mineral de hierro (única en la Hidrovía), una de granos y otra de granel líquido.
En las últimas semanas, el juez civil de 14° Turno, Darwin Rampoldi, decretó la intervención de un veedor en NSAL, como respuesta a una demanda presentada por parte de Peers Business Inc., accionista minoritario que cuenta con el 36,2% de la sociedad. Desde esta parte aseguran que solicitaron en reiteradas oportunidades información vinculada a presuntas irregularidades, que no habría sido entregada.
Rampoldi hizo lugar al pedido de Peers de establecer la intervención de un veedor como medida cautelar tras entender que existió información “que no fue correctamente suministrada”, según la resolución a la que accedió El País.
Si bien el interventor podrá acceder a documentación relativa a movimientos financieros, ingresos y egresos a partir de 2022 hasta la actualidad, no podrá tener influencia en actividades vinculadas a la administración.
“Debido a la complejidad” del caso, el juez definió el plazo de seis meses para la creación de un informe, aunque en la mitad de este tiempo el veedor debe elaborar un documento primario. A los 30 días deberá dar cuenta de las tareas cumplidas.
Para este rol fue designada inicialmente la consultora Ernst & Young, aunque se abstuvo declarando la existencia de un conflicto de intereses. Finalmente fue seleccionada BDO Uruguay. El 4 de junio se eligió a Mario Zugarramurdi como veedor.
Fuentes vinculadas a la parte mayoritaria de la empresa dijeron a El País que al momento “no hay acciones contra la sociedad ni sus directores u otras empresas del grupo”.
“Existe solo una medida en la que se designa un contador para revisar cierta documentación y presentar un informe en relación con alegaciones realizadas por el accionista minoritario de que su participación corre riesgo de diluirse”, complementaron, y aseguraron que la medida está siendo apelada por entender que “los reclamos carecen de mérito”.
Acusan
La demanda presentada por Peers contra NSAL, su sucursal en Uruguay y Corporación Navíos S.A. -sociedad que integra NSAL- tuvo como objetivo que se establezca la medida cautelar de veeduría para “conocer los términos de diversos negocios jurídicos y operaciones comerciales”, según elementos de la causa a los que accedió El País.
El holding, que se encuentra constituido en Islas Marshall, nació en 2007 con domicilio en Uruguay, y surgió como la unión de una empresa uruguaya y un grupo privado argentino. Actualmente, según documentos de la empresa, tiene cerca del 90% de sus actividades en Uruguay y es titular de la totalidad de las acciones de varias sociedades uruguayas. Los demandantes -Peers- cuentan con el 36,2% de las acciones, mientras que la armadora griega Angeliki Frangou es propietaria de la parte mayoritaria por medio de la sociedad Navíos Maritimate Holdings.
La demanda cuenta con varias aristas. Se menciona que uno de los propietarios de Peers, quien era CEO de NSAL y formaba parte de su directorio, fue despedido de forma “abusiva tras denunciar irregularidades”, por lo que actualmente hay en curso una citación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Pero el foco principal se encuentra en que, en 2020, la empresa emitió bonos por US$ 500 millones con vencimiento en julio de 2025. Previendo el pago de estos, el directorio se propuso en 2024 solicitar préstamos debido a la situación deficitaria de la empresa, según consta en documentos del expediente.
Para este financiamiento, se solicitaron préstamos por US$ 300 millones a dos bancos alemanes, mientras que otros US$ 190 millones serían parte de un préstamo subordinado otorgado por otra de las sociedades vinculadas a Frangou, aunque en las actas del directorio no se dio a conocer el nombre de prestador.
En un informe presentado por la administración a los directores, se aseguró que el pago del préstamo subordinado incluía US$ 30 millones en concepto de comisión, cerca de un 18%, mientras que los bancos alemanes habían cobrado un 1% por este rubro, según los informes presentados a la Justicia.
Como una de las condiciones del préstamo subordinado, se acordó que en caso de no efectuarse el pago luego de siete años, el mismo es convertible a acciones. Esto es señalado por los accionistas minoritarios como una maniobra para desplazar a Peers de la sociedad.
Además, para la equivalencia entre el préstamo y las acciones se fijó la valuación de Navíos en US$ 330 millones al término del primer trimestre de 2024. Sin embargo, informes de las consultoras KPMG y Deloitte reflejan que en realidad NSAL estaba valuada en más de US$ 1.000 millones para el mismo período, lo que cambiaría el escenario si el dinero del préstamo se convirtiera en acciones.
A raíz de esto, desde Peers acusan a Frangou de estar aumentando los gastos de NSAL para así llegar a 2031 sin liquidez económica, lo que haría que no se pague el préstamo subordinado.
Islas Marshall
Otro de los conflictos se encuentra en torno a si el Poder Judicial uruguayo tiene las facultades para actuar en relación a la empresa que se encuentra constituida en las Islas Marshall. Por parte de los accionistas minoritarios se presentó documentación referida a que las actividades de la empresa son en Uruguay, y que utiliza esta otra república como “fachada” sin tener ninguna vinculación.
En un proceso judicial iniciado por NSAL contra el dueño de Peers por presuntos incumplimientos, un Tribunal de las Islas Marshall aseguró no tener competencia para actuar debido a que no cuenta con jurisdicción, lo que fue utilizado por los demandantes al momento de presentar el recurso en Uruguay.
“Los contactos de los demandados con la República no son suficientes para cumplir con el estándar de contactos mínimos del debido proceso”, dice la sentencia a la que accedió El País.
Demanda
Además de la intervención decretada por la Justicia Civil y el proceso en Uruguay, NSAL presentó una demanda contra los hermanos Claudio y Carlos López, de Peers, ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en la que denunció manejos irregulares de dinero cuando estaban en el directorio de la compañía.
La demanda fue presentada argumentando la existencia de fraude, quebrantamiento del deber fiduciario, conversión de activos, conspiración civil y enriquecimiento ilícito.
Desde el actual directorio se acusa a los hermanos de haber realizado un esquema para generar “facturas falsas o alteradas” para desviar fondos hacia ellos mismos o familiares. Según la demanda, a la que accedió El País, el dinero era retirado por empleados y enviado a Buenos Aires mediante casas de cambio.
También se los acusa de “manipular licitaciones”. Es que según los demandantes, la hija de uno de los acusados filtraba información confidencial de licitaciones a su esposo, dueño de una empresa de combustible, para así beneficiarlo. Según señalan, esto habría generado un perjuicio cercano a los US$ 11 millones para la empresa.
Por último los señalan por el presunto uso de fondos empresariales para uso personal, como compras de vehículos y “gastos de lujo”.
En total, entre todos los hechos por los que se acusa a los hermanos López, NSAL reclamó ante la Justicia estadounidense US$ 21 millones, más intereses por daños y perjuicios.
Inversión
Con el objetivo de expandirse dentro de la Zona Franca de Nueva Palmira para atender la demanda de la región, la empresa Corporación Navíos, integrante de NSAL, presentó un proyecto de inversión al gobierno uruguayo que se encuentra en evaluación.
La inversión, que incluye la construcción de infraestructura para aumentar la capacidad de acopio de minerales y granos, sería de US$ 100 millones.
También implementaría una conexión vía cintas transportadoras a los muelles existentes, así como un área de atraque y muellaje para los convoyes de barcazas que transportan mercadería.
En 2024, el entonces presidente Luis Lacalle Pou estuvo presente junto a autoridades ministeriales en la inauguración la nueva terminal de graneles líquidos de NSAL, que incluyó un muelle principal para barcazas cisterna, conexiones con otros muelles, instalaciones auxiliares y un sistema de control de emisiones y tratamiento de aguas.