La Asamblea por el Agua denuncia estado crítico del Río Santa Lucía
Por Víctor M. Rodríguez.
En los últimos años, Uruguay ha atravesado uno de los períodos más complejos de su historia reciente en materia hídrica. La combinación de sequías prolongadas, presión productiva y deficiencias estructurales expuso con crudeza la fragilidad de un sistema que durante décadas fue presentado como modelo regional.
La crisis de abastecimiento que afectó al área metropolitana en 2023, con niveles inéditos de salinidad en el agua distribuida, marcó un punto de inflexión en la percepción ciudadana: el acceso al agua potable dejó de asumirse como un derecho garantizado para convertirse en una preocupación cotidiana.
En ese contexto, la Asamblea Por el Agua del Río Santa Lucía difundió un comunicado titulado “El Río Santa Lucía en estado crítico, sin acciones ni información confiable”, en el que denuncia la falta de respuestas estatales ante el deterioro sostenido de la principal fuente de agua para consumo humano del país.
El Río Santa Lucía abastece aproximadamente al 60% de la población uruguaya, lo que convierte cualquier alteración de su calidad en un asunto de salud pública y de seguridad nacional.
Un diagnóstico alarmante
El comunicado es contundente desde su primer párrafo: “denunciamos la falta de acciones y de información confiable por parte de los organismos estatales responsables”. La organización sostiene que la calidad del agua “es un problema que se viene agravando desde hace muchos años” y que en las últimas semanas se ha vuelto particularmente preocupante por dos factores concretos: el agua distribuida por OSE con “color, olor y sabor” en el área metropolitana y la presencia de coliformes en distintas zonas del río.
La crítica apunta directamente a la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, a quienes acusa de no ofrecer “explicaciones sensatas” sobre un agua que “claramente no cumple con la normativa de agua potable”. La denuncia se amplía al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud Pública, cuya “ausencia grotesca” en un tema central para la salud es señalada con especial dureza.
Uno de los datos más inquietantes del comunicado refiere a los niveles de coliformes en playas del río, con puntos que alcanzan “un 400% del máximo permitido”. La Asamblea cuestiona que la Intendencia de Canelones informe de manera fragmentada y con criterios dispares entre playas cercanas, sin un abordaje integral del riesgo sanitario.
En los tramos ribereños donde se ha detectado deterioro sanitario, el sistema de banderas de emergencia se ha convertido en uno de los pocos mecanismos visibles para que las personas reciban información sobre el estado del agua. En Uruguay, la bandera sanitaria —un paño rojo con una cruz verde en el centro— se implementa como medida preventiva en espacios recreativos como playas, arroyos o ríos cuando se identifica un riesgo potencial para la salud humana.
Su uso está contemplado —en especial para la presencia de coliformes termotolerantes o floraciones de cianobacterias que superan los valores admitidos por normativa— como señal de que el agua no es apta para baños recreativos. Estas banderas se colocan siguiendo protocolos establecidos por las intendencias y el Ministerio de Ambiente en el marco de sistemas de monitoreo ambiental coordinados a nivel nacional y departamental.
Uno de los guardavidas apostados en la costa del Río Santa Lucía confirmó que la colocación de la bandera sanitaria responde a la presencia de colibacilos en el agua, situación que la torna “no apta para baños”. Según explicó el funcionario, su función “es solo informar y advertir sobre la situación emergente” y no tiene potestad para prohibir el ingreso de bañistas.
Esta distinción es relevante: el marco normativo que regula las actividades en espacios públicos establece la figura de la bandera como herramienta informativa basada en el principio precautorio, pero no como un instrumento que habilite la restricción coercitiva del uso recreativo del agua
Más allá del síntoma: un modelo en cuestión
El cerno del comunicado no se centra solamente en la denuncia coyuntural, sino en la lectura estructural que propone. La Asamblea insiste en que el río no es únicamente el curso de agua visible, sino “el agua y los territorios fluviales donde todas las actividades de la cuenca lo afectan”. Con ello, desplaza el debate desde el tratamiento final del agua hacia el modelo de ocupación y uso del suelo.
El texto recuerda que entre 1990 y 2019 se perdió un 30% del campo natural en la cuenca y cita un informe de distintas facultades de la Universidad de la República que ya en 2013 atribuía un 80% de los aportes de fósforo a actividades agrícolas.
La expansión de monocultivos, la actividad industrial, la falta de saneamiento en algunas ciudades que vierten aguas servidas directamente al río —incluida la propia Santa Lucía en determinadas situaciones—, los represamientos ilegales, las areneras y la tala de monte nativo configuran un escenario de presión acumulativa.
El comunicado es particularmente incisivo al afirmar que “la cuenca está muy arrasada por el modelo productivo actual, con un Estado que no fiscaliza y grandes productores incumpliendo normativas”.
Se trata de una crítica directa a las estructuras de poder económico y a la capacidad —o voluntad— regulatoria del Estado. También cuestiona la inacción histórica frente a industrias con “décadas de denuncias” sin respuestas efectivas.
La enumeración de organismos omisos —Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Ministerio de Salud Pública, OSE, intendencias, URSEA y municipios— revela una lectura sistémica: no se trata de una falla puntual, sino de una cadena de responsabilidades diluidas.
El derecho humano al agua como horizonte normativo
Uruguay incorporó en su Constitución, a través de la reforma de 2004, el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales. Ese estándar ha sido citado reiteradamente en foros internacionales como ejemplo de compromiso democrático con los bienes comunes.
Sin embargo, la brecha entre norma y realidad se vuelve evidente cuando la población recibe agua con características organolépticas alteradas o cuando se naturaliza la presencia de coliformes en zonas recreativas.
La Asamblea exige “que se analicen y se publiquen las causas de la situación crítica”, que se informe “con responsabilidad a la población” y que se tomen medidas urgentes “sin más especulaciones”. La demanda de transparencia no es menor: en contextos de crisis ambiental, la información oportuna y verificable es un componente esencial de la gobernanza democrática.
El comunicado también introduce una dimensión política al señalar que el Presidente de la República “no ha tenido tiempo para recibir a organizaciones territoriales y analizar sus propuestas, pero en su lugar recibe a demanda a los empresarios que especulan y lucran con el agua y la salud del pueblo”. Más allá del tono, la frase interpela la jerarquía de interlocutores en la toma de decisiones y coloca en el centro el conflicto entre interés público y rentabilidad privada.
Una agenda pendiente
Desde hace décadas —recuerda la Asamblea— organizaciones sociales y académicas han propuesto medidas integrales para mejorar la calidad del agua y amortiguar sequías e inundaciones. Que el Río Santa Lucía no sea una cuenca compartida con otros países elimina la excusa de la coordinación internacional y concentra la responsabilidad en el ámbito nacional.
El desafío, entonces, no es solo técnico sino político: revisar el modelo de desarrollo en la cuenca, fortalecer la fiscalización ambiental, garantizar saneamiento adecuado y asegurar que las plantas de tratamiento funcionen correctamente. Pero, sobre todo, reconstruir la confianza pública mediante información clara y decisiones basadas en evidencia.
La crisis del Santa Lucía no puede leerse como un episodio aislado. Es la expresión de tensiones acumuladas entre producción y sostenibilidad, entre crecimiento y derechos, entre centralidad metropolitana y periferias invisibilizadas. Cuando el agua —ese bien común por excelencia— pierde calidad, se erosiona también la cohesión social.
El comunicado de la Asamblea Por el Agua no solo denuncia una situación crítica; propone, implícitamente, una redefinición del contrato ambiental uruguayo. Recordar que el agua es un derecho humano supone asumir que su protección no puede subordinarse a lógicas de corto plazo.
En un país que ha hecho de sus estándares ambientales un componente de su identidad internacional, la situación del Río Santa Lucía funciona como espejo incómodo.
Crisis estructural, pérdidas, modelo de gestión y decisiones de inversión
Sobre el comunicado de la Asamblea Por el Agua del Río Santa Lucía y la situación general del uso hídrico en el país, en dialogó con Raúl Viñas, investigador y activista medioambiental uruguayo, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, aportó una mirada estructural que trasciende la coyuntura de los coliformes y las banderas sanitarias.
“En Uruguay tenemos un tema con el agua desde hace mucho tiempo”, afirmó. Según su diagnóstico, el deterioro no es episódico sino acumulativo: “Hoy la calidad del agua de los ríos está mala en todos lados. Cada vez que se hace un análisis aparecen cosas que no corresponden”.
Viñas subraya que la atención pública suele concentrarse en la presencia de coliformes por su alto poder infeccioso —capaces de provocar afecciones gastrointestinales en personas que entran en contacto con aguas contaminadas—, pero advierte que el impacto ecológico es más amplio: “Estas bacterias también generan problemas a otros seres vivos, tanto a los que habitan en el agua como a los que hacen uso de ella sin ser humanos”.
En línea con el comunicado de la Asamblea, sostiene que el problema central no es únicamente sanitario sino político y de gestión. “Comparto completamente lo que dice el comunicado en el sentido de que no se está haciendo todo lo suficiente; más bien diríamos que se está haciendo de muy poco a casi nada”. Y agrega un elemento clave: “El punto es que ahora verdaderamente no se está haciendo nada, y eso ya está repercutiendo en el agua potable”.
Un sistema con pérdidas estructurales
El núcleo de su crítica se dirige al funcionamiento del sistema de potabilización y distribución gestionado por Obras Sanitarias del Estado (OSE). Según datos que maneja el investigador, el problema más grave no es la falta de nuevas fuentes sino la magnitud de las pérdidas en la red.
“Cerca del 50% del agua que se potabiliza se pierde”, afirma. Esa agua —extraída de ríos, pozos o arroyos, tratada con energía y químicos— no llega a facturarse. En ciertas zonas del país, sostiene, las pérdidas pueden superar el 65%: “Dos de cada tres litros que OSE potabiliza terminan perdidos”.
El desglose incluye pérdidas comerciales —alrededor del 15%— y, principalmente, pérdidas físicas por redes en mal estado o fugas no detectadas. “La sumatoria de todo eso hace que el sistema no funcione bien y salga caro”, resume.
Desde esa perspectiva, cuestiona las soluciones centradas en ampliar la oferta. “Si en tu casa tienes una pérdida, no conectas otro caño para que haya más agua mientras por otro lado se pierde. Tampoco instalas un tanque más grande sabiendo que la estás perdiendo por las cañerías”, ejemplifica. Para Viñas, aumentar la captación o construir nuevas reservas sin corregir las fugas estructurales equivale a profundizar la ineficiencia.
Sectorizar en lugar de expandir
Frente a las propuestas oficiales de nuevas represas o plantas potabilizadoras, el investigador propone una estrategia técnica distinta: sectorizar la red.
“La UTE tiene subestaciones y sabe lo que ocurre en cada tramo. OSE debería generar algo equivalente: dividir la red en sectores, medir cuánta agua entra en cada uno y comparar con lo facturado. Si hay diferencias, revisar”, explica.
Entre las herramientas posibles menciona el uso de geo-radar para detectar fugas subterráneas, tecnología que —según sostiene— no es prohibitiva ni extraordinaria. “No son equipos excesivamente caros y deberían utilizarse de forma sistemática sobre veredas y calles donde están los caños”.
El argumento de fondo es claro: antes de comprometer cientos de millones de dólares en nuevas infraestructuras, debería optimizarse el sistema existente.
Inversiones, represas y controversias contractuales
Viñas también cuestiona la orientación de las grandes obras proyectadas, incluyendo la nueva planta potabilizadora y la eventual represa en Casupá, ambas vinculadas a la cuenca del Río Santa Lucía.
En relación con la nueva potabilizadora, plantea interrogantes sobre los montos comprometidos y las condiciones contractuales. Señala que, si bien se habla de cifras base en el entorno de los 200 millones de dólares, el costo final proyectado sería sustancialmente mayor, con pagos reajustables por unidades indexadas. “No sabemos exactamente cuánto vamos a pagar, pero el mínimo del que se habla ronda los 700 millones de dólares por una obra que, según los números originales, vale bastante menos”, afirma.
En cuanto a la represa de Casupá, cuestiona la lógica de aumentar la extracción en una cuenca ya tensionada. “Hay quienes dicen que eso es sacar más agua de una cuenca que no tiene; en realidad lo que deberíamos hacer es sacar menos”.
Actualmente —explica— el sistema puede extraer del entorno de 600 a 700 mil metros cúbicos diarios. Si las pérdidas se redujeran sustancialmente, ese volumen podría bajar a unos 350 mil metros cúbicos, prolongando la autonomía de las reservas existentes como Paso Severino y Canelón Grande. “Si en lugar de extraer 650 mil se extrajeran 350 mil, la misma reserva alcanzaría para casi 200 días”, sostiene.
Además, advierte sobre la escala de la represa proyectada en una cuenca de menor superficie, lo que implicaría embalsar un volumen equivalente a una fracción significativa de la lluvia anual sin antecedentes técnicos comparables en el país. La financiación mediante préstamos internacionales —que eventualmente deberá asumir OSE— añade, a su juicio, presión financiera sobre una empresa cuyos ingresos provienen exclusivamente de tarifas públicas.
Agua, tarifas y responsabilidad política
El cuadro que describe es de fragilidad sistémica. “En Montevideo apenas una parte del agua que se produce termina facturándose; el resto no lo paga nadie”, señala, en referencia al peso de las pérdidas físicas y comerciales.
Para el investigador, la discusión sobre el agua en Uruguay no puede limitarse a episodios de contaminación puntual ni a la construcción de nuevas infraestructuras. Debe abordar la eficiencia del sistema, el modelo de consumo y la planificación a largo plazo.
“La situación no está bien. Es muy compleja, con muchas puntas, pero hay que ponerse firmes y hacer las cosas que hay que hacer. Los recursos nunca son infinitos y deben utilizarse de forma adecuada”, concluye.