Opinión -Adriana Balcarcel
Gobernar es atreverse: la coherencia de un modelo
La razón le ha sido dada a una visión de crecimiento y responsabilidad.Desde que Uruguay apareció en el escenario mundial, su bahía natural ha sido su mayor activo estratégico. Sin embargo, el valor de un recurso natural es nulo si no existe una visión política que lo potencie. Por eso, el reciente fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) no es solo una victoria jurídica para el Estado; es la validación definitiva de una doctrina de desarrollo que tiene nombre y apellido: el Herrerismo.
La historia tiene hilos conductores claros.
En 1992, bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera, se impulsó la Ley de Puertos N° 16.246. Fue una reforma audaz, que rompió con el anquilosamiento estatal y permitió que el Puerto de Montevideo se convirtiera en una terminal moderna y competitiva. Esa ley, que muchos resistieron por miedo o ideología, fue la que sentó las bases del Uruguay logístico que conocemos hoy.
Lamentablemente, esa visión de vanguardia se vio empantanada durante 15 años de administraciones del Frente Amplio. La falta de decisiones claras y la convivencia con situaciones de precariedad operativa en los muelles públicos generaron un conflicto que puso al país al borde de una demanda internacional catastrófica por 1.500 millones de dólares. El estancamiento no fue casual; fue el resultado de no entender el puerto como una política de Estado que requiere certezas, no parches.
El cambio de rumbo llegó con el gobierno de Luis Lacalle Pou, quien retomó el legado de su padre con la misma convicción de libertad y apertura. A través de la gestión del entonces ministro Luis Alberto Heber —otro referente de nuestra estirpe herrerista—, se asumió la responsabilidad de desatar el nudo que dejaron los gobiernos anteriores. No se eligió el camino fácil del conflicto, sino el de la negociación estratégica: se evitó el juicio, se aseguró una inversión histórica de 600 millones de dólares por parte de Katoen Natie y se extendió la concesión hasta el 2081, garantizando que el puerto siga siendo el motor de la economía nacional por décadas.
El fallo del TCA, unánime y firme, es el punto final a un relato de sospechas infundadas. La justicia confirmó que los decretos 114 y 115 son legales y que no hubo “entrega de soberanía” ni irregularidades. Al contrario, lo que hubo fue coraje político para defender el interés nacional frente a quienes prefieren un puerto pequeño y cautivo de la ineficiencia.
Es contradictorio que quienes hoy hablan de monopolio sean los mismos que durante años no supieron cómo atraer inversión ni modernizar la infraestructura. El manoseo ideológico de este tema ha sido descarado. Mientras algunos se quedan en consignas anacrónicas, el Herrerismo sigue construyendo el futuro, profundizando el canal a 14 metros y posicionando a Montevideo como el centro logístico de Sudamérica.
Una vez más, el tiempo pone las cosas en su lugar. La razón le ha sido dada a una visión de crecimiento y responsabilidad. Una visión que comenzó en el 92, que resistió el paso de los años y que hoy, con orgullo y coherencia, sigue liderando la transformación de nuestra patria.