Ferrocarril Central: el detrás de los US$ 144 millones que pagará gobierno y el mediador que tiene 60 días
Se acordó un monto menor a los US$ 160 millones que reclamó el consorcio, el que resolvió en una primera instancia que se iniciara un proceso de arbitraje internacional.El proyecto del Ferrocarril Central —que une el puerto de Montevideo con la planta de celulosa UPM en Paso de los Toros— ha sido desde los días previos a asumir uno de los primeros dolores de cabeza del gobierno.
Pero, tras una negociación —que el presidente Yamandú Orsi definió como “compleja”—, se logró un acuerdo con el Grupo Vía Central (integrado por las constructoras uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE) en el que esta administración deberá pagar US$ 144 millones.
El monto al que se llegó está lejos de los US$ 160 millones más intereses que reclamó el consorcio y que fue motivo de que se iniciara un proceso de arbitraje internacional contra el Estado uruguayo.
Orsi —el primero en hablar en la conferencia de prensa que se hizo el lunes para anunciar el acuerdo— reconoció que es una situación que no deseaban y que les “hubiese gustado que estuviera resuelta” cuando asumieron en el gobierno. Minutos después, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se mostró crítico al decir que habrá “consecuencias fiscales para 2025” que no hubo en 2024, en referencia a que el pago del adeudo no se realizó en el periodo anterior y, por lo tanto, no se incluyó en el resultado económico de Luis Lacalle Pou.
Oddone indicó que la resolución del problema estaba “paralizada en Uruguay hace más de un año”, desde diciembre de 2023, algo que le “llama la atención”.
El acuerdo al que se arribó -y que fue liderado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez- tiene dos grandes partes. Por un lado, el convenio por pagos correspondientes desde el 24 de diciembre de 2023 al 7 de agosto de 2024, periodo en el que se hacían las pruebas de la infraestructura y había “alguna carga parcial”, explicó Oddone, pero ya había iniciado sus envíos UPM. Se abonará una suma de US$ 56,5 millones, cifra que evaluará un mediador —al que ambos decidieron acatar y se designará dentro de los próximos 30 días— para determinar si es correcta en un plazo no mayor a 60 días.
Para esta primera etapa se logró una reducción del pago porque, según indicaron fuentes del Poder Ejecutivo, el consorcio pedía US$ 105 millones.
La segunda parte del acuerdo comprende al periodo que va desde el 8 de agosto de 2024 al 31 de marzo de 2025. Acá se resolvió que se pagará el 80% de lo que corresponde por disponibilidad de la vía, que es el “descuento máximo que permite el contrato”, explicó el ministro. El motivo detrás del no abono del 20% restante es que la infraestructura presentó algunos problemas cuando se comenzó a utilizar como roturas, señalaron fuentes del Poder Ejecutivo.
En total, el gobierno deberá pagar US$ 144 millones al Grupo Vía Central, cifra en la que ya están incluidas —se explicó en la conferencia— los recargos por impagos. Se prevé que se abonará en las próximas ocho semanas porque el acuerdo aún tiene que ir al Tribunal de Cuentas.
Con la firma, el consorcio se compromete a dejar sin efecto el proceso de arbitraje.
El Ferrocarril Central son 273 kilómetros de vía férrea —una parte se reconstruyó y otra se hizo a nuevo— que se hicieron mediante una Participación Público Privada (PPP). El consorcio estará a cargo del mantenimiento de la obra durante 15 años a partir de la entrega. El costo del proyecto generó varias acusaciones entre el gobierno y el Frente Amplio en el periodo anterior, e incluso hubo un llamado a sala al entonces ministro de Transporte, José Luis Falero.
“Se destrabaron dos cosas importantes”, indicaron fuentes del Poder Ejecutivo. Una, evitar ir a un arbitraje internacional que pudiera perjudicar a las empresas uruguayas del consorcio. Otra, que no se viera afectada la compañía Caraminer, que es la que mantiene la vía férrea, por el no pago por parte del gobierno.
Respetar los contratos.
La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, destacó en la conferencia de prensa que era un “momento de muchísima gratificación” porque se consiguió un “marco de acuerdo” que los “saca de los titulares de arbitraje internacional” y pone al país en la “senda de que se respetan los contratos”.
Del Grupo Vía Central estuvo su presidente Jesús Contreras en la conferencia de prensa, quien destacó: “Estuvimos negociando desde meses y por fin con este gobierno se pudo llegar a un acuerdo en poco tiempo. Fue una negociación muy dura pero justa. Todo el mundo trabajó con mucho interés y dedicación. Nos están esperando los bancos y hoy estamos satisfechos”.
El director de Saceem —una de las empresas que incluye el consorcio—, Alejandro Ruibal, comenzó diciendo: “Señor presidente, lo que no te mata, te fortalece”. A su entender, el Ferrocarril Central se trató de una “gran obra que no merecía terminar así”.
En ese sentido, continuó: “Hoy podemos decir que tenemos un acuerdo que permite mirar hacia adelante con optimismo. Estuvimos muy cerca de tener que detener absolutamente todo. La responsabilidad con la que se actuó fue la que permitió resolver esto relativamente rápido. Es un buen acuerdo, como todo acuerdo, siempre hay algo que hay que ceder”.
Nuevo canon para usar el Ferrocarril Central
Otro de los anuncios que realizó el gobierno es la instalación de un canon para quienes utilizan el Ferrocarril Central, algo previsto desde 2024.
El dinero —indicó la ministra Etcheverry— se utiliza para poder hacer el “mantenimiento en la infraestructura” y tiene un costo diferente al del resto del trazado ferroviario.
Un borrador del decreto al que accedió El País dice que el valor será de US$ 0,005 por tonelada bruta por kilómetro transportada para el flamante proyecto, en comparación a los US$ 0,004 del resto que existe en el país.
Por otra parte, la ministra aseguró que se está “trabajando” en la posibilidad de que haya un “tren de pasajeros”. Se está en elaboración de un “plan maestro” para el “desarrollo ferroviario”, para el que se “incluyen estudios que se han hecho como con la embajada de Francia”.
El consorcio francés Setec —tras un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace un año y un financiamiento de su gobierno— realizó un estudio de oportunidad, al que accedió El País, tal como publicó en abril. Se indagó en la posibilidad de realizar un servicio de transporte de pasajeros con dos líneas: una desde Montevideo a 25 de Agosto —con una frecuencia de servicio de 60 minutos y una duración de una hora y 45 minutos— y otra desde Montevideo a Progreso —con una frecuencia de servicio que podrá ser de 20 o 30 minutos, según sus características— y una duración de 42 minutos.
El extenso estudio —que indaga sobre demanda, precios de pasaje, opciones energéticas, obras necesarias y mucho más— concluyó que el “análisis de tráfico” —el que catalogaron de “volúmenes relevantes”— y el “bajo nivel de inversión residual necesario para la implementación de un servicio de pasajeros tienden a demostrar la oportunidad del proyecto”.