¿Expropiación portuaria?
En las horas previas al inicio de los pasados gobiernos frentistas (2005-2020), el Dr. Tabaré Vázquez anunció como su ministro de economía al Cr. Danilo Astori. En Washington, en las puertas del edificio del Fondo Monetario Internacional. Aspiraba a dar tranquilidad a los actores económicos del país. Hoy, por el contrario, se advierten señales contradictorias.
Una conferencia cercana compartida por el entusiasta comunista “pitcenetiano” Juan Castillo y el ministro de Economía Ec. Gabriel Oddone muestra se aspira a estar en la procesión y la iglesia al mismo tiempo. Y, ello, genera inquietud.
Los hechos hablan. Uno ha sido la compra directa de un campo en más de 32 millones de dólares, dispuesta de buenas a primeras por un colono -Eduardo Viera- presidente del Instituto Nacional de Colonización, en homenaje al “fallecido “Pepe” Mujica. Lo que provocó ostensible reacción emocionada del secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez. Obviando la manifiesta ilegalidad del procedimiento, es impresionante cómo sin estudio previo y sin asesoramiento calificado alguno, esta montaña de plata de Juan Pueblo, se despilfarró así. Olvidando a los jubilados, y a trabajadores y empresarios que pelean la diaria. La compra apunta a albergar a 14 familias, seguramente amigas políticas de los gobernantes. La suma podría aplicarse a 800 viviendas para gente carenciada, o a miles de metros cuadrados de hospitales, o a la solución de necesidades básicas de asentamientos. ¿Es esta decisión acorde con lo que la senadora Blanca Rodríguez dice de pertenecer a “...una fuerza política que quiere cambiar la política” y que “tiene que hacer las cosas bien”?
En otro orden, pero concomitante, la Ley de Puertos, Nº 16.246, dictada en 1991, que privatizó los puertos comerciales del país, estableció que “compete al Poder Ejecutivo (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), el establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución”. Y, determinó que a la Administración Nacional de Puertos (ANP), compete la administración y gestión de los puertos bajo su gestión y el asesoramiento al gobierno nacional. Aplicada esta ley se recordará que la actividad especialmente del Puerto de Montevideo se multiplicó un 300%. Parte esencial de la Ley fue establecer la unidad de mando de las operaciones de carga y descarga, las que -además- no se pueden parar por ningún concepto. Evitando la precedente acción depredatoria de los sindicalistas (entre los que revistaba el ministro Castillo) y sus huelgas.
Se ha informado que las autoridades de la ANP han creado una “División Planificación Estratégica Portuaria”. Nueva dependencia administrativa. A la que se derivan competencias dándole -incluso- la potestad de asesorar al Poder Ejecutivo en temas portuarios. Actualmente el partido socialista y el sindicato portuario de su alineación, dan prueba de venir apropiándose de la gestión de los puertos. Y la duda más grande ante lo aludido, es si violando flagrantemente el sistema legal vigente se quiere derogar por acto administrativo la competencia matriz del gobierno nacional, e incluso las del propio Directorio de la ANP, derivándolas a una dependencia administrativa inferior. En beneficio de la apropiación gerencial y burocrática “socialista” de la gestión portuaria.
La aclaración del gobierno es impostergable.