Entrevistas
De cal y de arena
Con una mirada crítica, el economista uruguayo pasa raya a 2025 y reflexiona sobre cómo le fue a Uruguay. Severo en su análisis, reclama cambios fundamentales en regulaciones, gestión y políticas tributarias; pero no todas son malas noticias. Con la firma de acuerdos internacionales en un cercano plazo, hay buenas oportunidades en puerta, si se saben aprovechar.
Propio de estas fechas en las que se imponen valoraciones de lo ocurrido a todo nivel durante el año que pasó, PAULA conversó con el economista Ignacio Munyo (Montevideo, 1980) en procura de un balance sobre los principales temas que afectaron a Uruguay en este 2025.
Sin pelos en la lengua, el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), se despachó sobre lo que quedó en el debe, y enfatizó la necesidad de trabajar en reformas impostergables para poder aprovechar las oportunidades que se presentan para el futuro.
−¿Cuál es su balance de Uruguay en este año que acaba de terminar?
−Fue un año especial por dos factores. Se dio un contexto internacional muy movido, con una coyuntura de cambios dinámicos liderada por el presidente Donald Trump, quien marcó la agenda global desde que asumió a principios de enero, hasta el día de hoy. En paralelo, China avanza con su propia dinámica y Europa está como atrapada entremedio. Todo esto afecta a Uruguay porque hay que tener claro que somos un país tremendamente dependiente del exterior, de los mercados, de los precios, y de las tasas internacionales. Entonces, tuvimos este año de inquietud global, al que se le agregó la incertidumbre local por el nuevo gobierno. Durante el primer semestre se dio todo el armado del gobierno, cómo se paraba en la cancha. Luego, en el segundo semestre fue toda la discusión de lo que podía ir o no dentro del presupuesto, hasta que finalmente el 31 de agosto se envió al Parlamento, y se conocieron las cartas de la nueva administración. Lamentablemente, el presupuesto no es el que me hubiera gustado ver porque básicamente tomó como punto de partida la rendición de cuentas de 2024. O sea, casi no se revisó nada, sino que se sumó un 1 por ciento de gasto. Hay un 99 por ciento que queda fijo, sin tocarse, y se discute ese 1 por ciento, que se espera financiar con nuevos impuestos. Eso es algo que no estaba previsto, o por lo menos, anunciado, y realmente genera ruido. Estuvimos un semestre discutiendo impuestos complicados, difíciles de entender, que afectan a los uruguayos y que también afectan intereses multinacionales, a las empresas de otros países instaladas aquí, y también a los extranjeros que viven en Uruguay. Desde mi punto de vista, fue desafortunado haberlos incluido en este momento por varias razones: la más básica es que si hay una convicción de que Uruguay necesita generar condiciones para mayor inversión y crecimiento de la economía, el solo hecho de hablar de impuestos, claramente no aporta para un clima de negocios y de inversión adecuado, y tampoco para generar confianza en reglas de juego claras. Hay algunos impuestos que cambian la realidad para empresas grandes y multinacionales instaladas en Uruguay. Ante el desafío claro de que el crecimiento fuerte vuelva al país, la única forma de lograrlo es atraer inversiones, y haber estado discutiendo impuestos todo un semestre, no es la receta más adecuada.
−¿Cómo se explica ese movimiento, entonces?
−Creo que el gobierno quiere que haya más crecimiento e inversión, pero está preso de una discusión interna no saldada, donde hay opiniones diferentes ante los temas. Entonces hace concesiones, digamos, frente a las distintas partes del partido de gobierno, que tienen agendas, convencimientos, y visiones claramente diferentes. En ese intercambio aparecen estos arreglos, que para mí, no son buenos para el Uruguay si queremos posicionarnos como un país que atrae inversiones y no que las ahuyenta.
−¿El cierre o la reducción de operaciones de empresas como Yazaki, a principios de año, y otras que siguieron, no enciende alertas?
−Bueno, eso pasaba antes de estos impuestos que están previstos para el año que viene. Eso va más en la línea del encarecimiento que tiene Uruguay, que es otro factor fundamental en todo esto. Ese encarecimiento viene de larga data y no se arregla fácilmente; es estructural y afecta directamente a la rentabilidad de las empresas. Pero no son solo los costos laborales los que hacen que sea caro funcionar en Uruguay. El salario real ha subido mucho, toda la regulación laboral contribuye a que el costo de contratar trabajadores sea elevado. Ese marco ya existía cuando asumió este gobierno, y se sabía. Uruguay ya venía con rentabilidad afectada para el sector productor-exportador, y para el sector productor-mercado interno. Bueno, asume un nuevo gobierno, presenta un presupuesto, ¿y qué se ve, además de nuevos impuestos? Que el encarecimiento del país se va a mantener, o por lo menos, el gobierno plantea mantenerlo en el presupuesto quinquenal. Uruguay va a estar tan caro como estaba; ante ese escenario, muchas empresas cerraron o se fueron. Ese combo no es el más atractivo para que inversiones que estaban dudosas se concreten, o para emprendimientos productivos que se estaban aguantando ante la esperanza de mejoras en el horizonte. Si alguien estaba pensando ‘sigo con esta empresa, capaz que el año que viene las cosas cambian, y cuando se conozcan las cartas o las políticas asociadas a la competitividad, vamos a tener un escenario más alentador’, eso no va a pasar. Se muestra que Uruguay va a estar desde el punto de vista cambiario igualmente caro, o más, y si al mismo tiempo se discuten nuevos impuestos y regulaciones laborales que encarecen el costo de trabajar…, se habla de las 6 horas, se habla de complejizar el proceso de despido. Todo eso encarece el funcionamiento productivo del Uruguay, porque es así de básico. Entonces, la magia, es decir, el cálculo económico que determina que una inversión sea rentable, y por ende, se tome la decisión de ir hacia delante o mantener en funcionamiento una entidad productiva, no pasa. Ahí es donde estamos ahora, pero es un escenario donde el gobierno promete cambios muy importantes. Hay una agenda de desburocratización en la que el presidente de la república insiste, y ha dicho varias veces a lo largo de estos meses que Uruguay necesita una fuerte política de simplificación.
−¿Ese fue el disparador del proyecto Uruguay + Simple elaborado por Ceres?
−Sí. Cuando nosotros lo escuchamos por primera vez, al arranque del gobierno en marzo, dijimos ‘vamos a ayudar. ¿Cómo podemos hacerlo?’. Ese fue el razonamiento, porque creemos que esto es clave para alivianar los costos de producir en Uruguay, así de simple. Creemos que desde la parte pública, el país puede ajustar normas que en realidad son obstáculos, algunos insólitos, y muchas veces innecesarios. Para identificarlas abrimos un portal para todo público; consultamos a distintas organizaciones empresariales, sociales, civiles, y públicas incluso, para que nos compartieran su conocimiento acerca de normas que trancan el funcionamiento de las cosas y encarecen la operativa. Trabajamos mucho y logramos que ingresaran en esta base de datos 303 sugerencias de cambio normativos. Son 303 aportes que dicen ‘esta es una ley, un decreto o una circular que tiene este problema y habría que arreglarlo de esta forma’. Esa sugerencia la propone el que más nos importa a nosotros, que es el que la sufre, el que tiene que lidiar con eso para poder funcionar. Esa información nos parece tan valiosa que el 1° de julio se la entregamos al Ministerio de Economía y Finanzas. Compartimos la base de datos entera, no solo con las normas criticadas, sino también con las sugerencias para mejorarlas. Muchas veces, la buena intención del que regula se choca con la realidad del que la sufre, que sabe mucho más que el regulador en ese sentido. A veces, los Estados -Uruguay especialmente-, tienen el problema de querer meterse adentro de la cabeza de las personas, de sus libertades individuales y de su bolsillo. Se cree que un Estado superior es capaz de tomar decisiones por nosotros y que sabe más que cada una de las personas. Ese es un error profundo. Falta confiar más en los individuos que toman decisiones en base a su conocimiento, y no creer tanto en un ente superior que tiene que guiar lo que hace la gente. Esa es una posición filosófica que tengo y que está en discrepancia con este gobierno y con anteriores. Es muy uruguayo confiar demasiado en el Estado y delegar. ¿Por qué cree que es mejor? Nos falta ese cuestionamiento. Hay que confiar más en las decisiones de las personas y dejarlas actuar; no controlar tanto, no chequear quince veces lo mismo para generar determinada acción del Estado. Esas 303 normas no solo afectan a empresas, sino también al ciudadano que tiene que acceder a un determinado formulario, a un plan social o a una prestación. Además, esa burocracia que le complica la vida al individuo, también genera en la relación ciudadano-Estado, una barrera innecesaria.
−¿Qué recepción tuvo ese trabajo?
−Tuvo buena recepción, fue agradecido, pero se fue 2025, y hasta ahora no ha generado cambios. La expectativa que tenemos es que en 2026 se avance con esta agenda.
−Es un tema más bien idiosincrático, ¿no? Una discusión bizantina…
−Es bizantina, pero también acumulativa (se ríe). Como pasa el tiempo, está cada vez peor. Pasan los gobiernos de todos los partidos políticos, y no mejora. Cada vez se hace peor el funcionamiento del Estado, que además, crece. Son dos cosas al mismo tiempo.
−Ante esa evidencia uno pensaría que el tamaño del Estado es un problema, ¿cómo se explica que la mayoría de los legisladores opine lo contrario?
−En CERES hicimos, como desde hace años, lo que llamamos una radiografía parlamentaria. Se trata de un cuestionario individual y confidencial, que hacemos a cada legislador sobre lo que piensa de distintos temas que afectan a todas las política públicas. Es muy profundo y logramos más de un 90 por ciento de respuestas de todos los partidos. Entre las muchas preguntas, indagamos sobre el tamaño del Estado. Les preguntamos si pensaban que debe achicarse, mantenerse o crecer en su tamaño. El 78 por ciento consideró que debe mantener su tamaño, o crecer. Esta opinión es, en realidad, el reflejo de la voluntad popular porque en el fondo, las personas consultadas son los representantes del pueblo; son los electos por los uruguayos para que nos representen hasta el año 2030 en el Parlamento. Bueno, casi ocho de cada diez personas electas, opina eso; están convencidos. Eso es lo importante porque esto no fue una declaración pública, sino privada. Nosotros no revelamos quién tiene esta opinión, pero sabemos que lo piensan realmente, más allá de que después venga una bajada de línea partidaria que hay que votar por disciplina, y capaz que tiene que cambiar de posición, pero su convencimiento íntimo, es ese. La gente se queja de la carga tributaria, de lo que implica pagar un Estado que crece, pero también le pide todo. En Uruguay siempre se piensa que ‘si me va mal, el Estado me va a salvar’. Papá Estado está muy presente.
−¿La culpa la tiene Batlle y Ordóñez?
−Bueno, es una acumulación. Hicimos un estudio de la evolución del gasto público per cápita desde 1910 hasta la fecha. En la primera era batllista, que va de 1910 al 29', -estoy tomando la clasificación que hizo Ramón Díaz en su libro La historia económica del Uruguay-, el Estado tuvo una gran expansión porque fue cuando se generó el estado de bienestar en Uruguay, que no existía; pero durante ese tiempo también creció mucho la población. Captábamos inmigración de distintas partes del mundo, entonces el peso del Estado per cápita no fue tanto. En un segundo período, que Ramón Díaz llama la era del dirigismo, y va desde 1929 o 1930 hasta el 74', ahí sí el Estado aumenta muchísimo. Es una etapa de enorme crecimiento muy por encima del aumento de la población, lo cual hace que la mochila empiece a pesar fuerte. Ese fue un tiempo en el que frente a cada problema, se buscó una solución que provenía de más Estado. Con la dictadura militar se mantuvo el volumen, e incluso creció porque la población se redujo, y la vuelta democrática tiene dos períodos bien claros que abarcan estos últimos 40 años. El primero va desde el 85' hasta 2005, cuando el Estado no aumentó tanto e incluso la cantidad de funcionarios se redujo levemente. Hubo un esfuerzo por frenar el tamaño del Estado. Desde 2005 hasta ahora, incluyendo el próximo presupuesto aprobado que va hasta 2030, se ve una expansión muy fuerte, que duplica las tasas del período anterior. Esto preocupa, por lo menos a mí, porque son niveles jamás vistos en el Uruguay, y esto hay que financiarlo. Esto se traduce en impuestos y es una carga que reduce dramáticamente las capacidades del sector productivo de generar recursos genuinos para el país. Si le agregamos una regulación que creció, es una tela de araña que no deja respirar al sector productivo del país.
−¿Hay solución?
−Sí, volver funcional al Estado en Uruguay, que siempre fue importante pero que ahora perdió su capacidad de ofrecer soluciones a la gente. En vez de un aliado se volvió un enemigo de las personas, y esto no puede ser. El Estado está para servir a la gente, no para complicarle la vida.
−¿Eso es evidente para el ciudadano?
−Sí, pero el uruguayo es muy pasivo a la hora de quejarse. Lo toma como una realidad y sigue como puede. En el fondo sería necesario que este tema estuviera mucho más presente, y que la gente se quejara de que sus recursos se están malgastando, porque ni siquiera hay rendición de cuentas. No sabemos qué resultado tiene determinada política pública, u otra; qué rinde más, si se gasta acá o allá; ¿quién se hace responsable si las cosas no salen? Tenemos un sistema educativo que ha fracasado durante décadas. Nadie exige resultados porque tampoco está claro quién es el responsable. Hay un ministro de Educación pero está la ANEP, que es autónoma. Eso es algo que en el mundo es raro, un ministro de Educación que no es responsable de la Educación. El Parlamento no puede llamarlo y preguntarle por qué no hay resultados, ni por qué la gente no está aprendiendo, y abandona. Menos de la mitad de los estudiantes termina Secundaria. ¿Por qué es tan alta la tasa de abandono en Uruguay, en la comparación internacional? En las encuestas, los estudiantes manifiestan dos cosas: que lo que se les enseña no les sirve y que tienen que abandonar para trabajar. Esos son el 80 por ciento de los que abandonan. ¿Por qué no estamos dispuestos a hacer los cambios para que un sistema disfuncional, que no le está sirviendo a sus clientes, los estudiantes -pero sí le es funcional a los docentes-, esté a la altura del desafío, que es justamente formar a las nuevas generaciones? No es dejar contentos a los docentes. ¿Quién es el beneficiario? ¿El docente o el estudiante? Al uruguayo no le gusta que lo controlen, y menos al Estado, que no le gusta que haya auditoría de gestión ni de resultado. Tenemos un problema que se llama fragmentación dentro del Estado, hay muchas oficinas que hacen lo mismo, y a la hora de decir quién es el responsable, también está fragmentada la responsabilidad. Es un problema de diseño del Estado, y a medida que pasa el tiempo, es peor porque se generan nuevas instituciones para hacer lo mismo. El tema de las PYMES es paradigmático. Hay decenas de oficinas en todo el país para atender y ayudar a las pequeñas y medianas empresas, y cuando uno habla con ellas, dicen que nadie las ayuda, (se ríe). Cada nuevo gobierno dice ‘vamos a hacer una oficina’, entonces le cambia el nombre, o el logo, o hace una nueva, y no pasa nada y nadie es responsable. Hay un tema de falta de ejecución y falta de gestión casi imperdonable que se ve en un ejemplo muy claro. Si hay un tema que estuvo presente en toda la campaña electoral fue la pobreza infantil. No hubo nadie que no dijera que era la principal preocupación del Uruguay. En setiembre de 2024 se aprobó por unanimidad en el Parlamento una ley para coordinar todos los esfuerzos que se hacen en el Uruguay para atender a la primera infancia, a la niñez y a la adolescencia, con recursos tanto en materia sanitaria como educativa, como de transferencias. Es una ley que justamente buscaba ordenar y hacer rendir cuentas. Se genera una oficina dentro del Ministerio de Economía, que iba a controlar los muchísimos recursos que se gastan y malgastan, para intentar afectar positivamente la trayectoria de vida de todas las generaciones nuevas del país, sobre todo las de contexto más desfavorable. Cerramos 2025 y esa ley no se reglamentó; no hubo ninguna acción concreta de este nuevo gobierno para ponerlo en funcionamiento; nadie dijo ‘esto hay que sacarlo adelante’. No pasó, es una tomadura de pelo. Esto demuestra que tenemos un sistema político que le da la espalda a un problema central del país, cuando fue votado por unanimidad; lo votó quien está hoy en el gobierno y quien estuvo antes. Como ciudadanos, tenemos que sentirnos ofendidos.
−¿Por qué lo permitimos?
−El ciudadano no reacciona. El presidente hace unas semanas dijo que se iba a reglamentar pero pasó más de un año sin que se tocara. Creo que hay que entender cuáles son los problemas que desafían el futuro del Uruguay. Lo que está pasando con las nuevas generaciones en contextos desfavorables es dramático. No hay un futuro, está fracasado el sistema educativo desde hace mucho tiempo, y eso es parte del problema de seguridad. Tantos años de fracaso educativo generó el caldo de cultivo para lo que vemos en materia de crimen organizado y seguridad. A eso se le suma un sistema carcelario colapsado, que es parte del problema y no de la solución. Por lo tanto, no puede llamar la atención lo que estamos viviendo. Es el resultado natural de las políticas que Uruguay lleva a cabo; el problema de seguridad que hoy tenemos viene de muchas décadas de hacer lo mismo. Los resultados van a seguir siendo malos a menos que se tomen decisiones muy profundas. Y si se toman, va a demorar en mejorar porque son varias las generaciones afectadas por culpa de esas malas políticas.
−En esos malos resultados, ¿tiene incidencia la inamovilidad del funcionario público?
−En realidad, es más mito que realidad. Hay muchos funcionarios públicos que se podrían remover, pero tenemos un problema más básico aún, que es la incapacidad de cambiarlo de una oficina a la otra. Puede haber personas que ‘sobran’ en determinada oficina porque las tareas se automatizaron, y que en otra falten genuinamente, pero no se pueden pasar esos recursos de un oficina pública a la otra, por la propia burocracia interna. Entonces hay que contratar nuevos funcionarios cuando hay otros que están básicamente cumpliendo horario. ¿Es culpa de ellos? No, es culpa de una estructura que no permite movilizar ese recurso humano valioso y desaprovechado, hacia un lugar donde se lo necesita. En la rendición de cuentas de 2023 se aprobó una serie de artículos queriendo solucionar esto, pero nunca se reglamentó. De nuevo, se aprobó por ley, pero no se llevó a la práctica. Ahora, dos años después, en el nuevo presupuesto se aprobaron otras normas muy parecidas, y habrá que ver si se plasma en hechos concretos.
−¿Qué va a pasar con el dólar?
−Es un problema grande que Uruguay esté tan caro. Para un economista es prácticamente una misión imposible proyectar con precisión el valor del dólar; uno puede ver tendencias. A nivel internacional, su valor depende de lo que hace Estados Unidos con la tasa de interés porque es el que emite la moneda. A nivel regional, importa porque si hay turbulencias en la región, el valor del dólar termina teniendo algún impacto en el Uruguay, y también importa lo que hace el propio gobierno uruguayo. Entonces hay tres factores -globales, regionales y locales- para determinar su valor. A nivel local sabemos que el presupuesto proyecta un dólar más o menos en este valor a lo largo de cinco años. Esto es un poco desalentador para quien pretenda tener mayor competitividad. Esa es una proyección plasmada en el presupuesto, pero no quiere decir que vaya a suceder porque después la realidad se impone. A priori, con información disponible al día de hoy, uno no esperaría un cambio significativo. Uruguay no se va a abaratar por la vía cambiaria en los próximos años. Uno tendría que acostumbrarse a convivir con un país caro, y por eso es tan importante avanzar con la agenda de desburocratización.
−¿En qué incide este esfuerzo de pesificar la economía?
−Lo veo como algo minúsculo ante los desafíos que tiene el país. De vuelta, son esas discusiones importantes en sí mismas, pero cuando uno las analiza en el marco de los temas que tiene que resolver el país, incluso del propio Banco Central, que es generar condiciones para que haya más crédito... Sería más importante que los esfuerzos del Banco Central estuvieran en adecuar la regulación financiera para que haya más crédito tanto en el sector bancario como en el mercado de capitales, que en discutir la desdolarización. Creo que los esfuerzos no están bien dirigidos. Ese costo regulatorio desmedido resulta en muy poco movimiento, y en paralelo, pasan cosas que no están en la órbita de la regulación, como hemos visto en estos últimos años, con empresas que captan ahorros y brindan determinados resultados a quienes invierten ahí. Hasta que llega un momento en que eso deja de ser viable. En todo ese proceso el Banco Central está ausente porque no asume la responsabilidad de lo que no entra bajo su órbita. Mientras ahorca a los que sí lo están, hace la vista gorda con otras cosas que funcionan porque el mercado es así. Si vos ahorcás a una parte, el mercado es más fuerte y se las arregla para ofrecer por fuera, productos y servicios atractivos para quienes los necesitan. Es hacerse trampa al solitario. Es como decir, ‘tengo una regulación súper estricta, acá no hay crisis bancaria, después de 2002 logramos una súper regulación financiera, somos los mejores de la clase’. Sí, pero para un mercado que no se mueve. Regular un conjunto vacío es muy fácil. El ratio de crédito a pedir en Uruguay es de los más bajos del mundo. Las pequeñas y medianas empresas acceden al crédito a través de mercados informales y cada vez es más peligroso. Estamos entregando el negocio del crédito a la informalidad, que tiene sus riesgos, es peligroso y está asociado al crimen organizado, pero lamentablemente tiene la virtud de ser la única solución real para muchos que necesitan acceso al crédito. Me pregunto si no sería más importante que esa fuera la agenda del Banco Central, arreglar la regulación para que el sistema formal preste más, en vez de estar hablando tanto de la desdolarización.
−¿Hay luz al final de este camino?
−La luz es que esto depende de nosotros. Esa es la verdad, porque si uno dijera Uruguay está perdido porque no tiene capacidad, no tiene recursos naturales o no tiene recursos humanos, pero la verdad es que los tenemos. Uno sale al mundo –hace bien viajar–, y cuando se nombra a Uruguay, generalmente hay buena imagen. Si uno quiere no deprimirse, recomiendo ir a un evento internacional y escuchar lo bien que se habla del Uruguay. Después, acá hay que aprovechar esa buena imagen y materializarla en cosas concretas. El producto está. Hay que mejorarlo, no empeorarlo.
−Petróleo, ¿sí o no? ¿Iríamos por el camino de Noruega o Venezuela?
−Creo que es una expectativa que se ha generado, y que sería una excelente noticia. Discrepo con aquellos que creen que sería mejor no tenerlo. Las probabilidades van creciendo y creo que en un horizonte lejano, podríamos tener buenas noticias. Sería un cambio sustancial y Uruguay realmente tendría un salto cualitativo hacia arriba con esos recursos. Obviamente si se usan bien, y creo que Uruguay está capacitado para hacerlo. Usar bien los recursos significa hacer con ellos, cosas que no impliquen destruir a todo el sector productivo. Cuando uno recibe ingresos petroleros el país se encarece y los otros sectores se vuelven poco competitivos. Hay que buscar la forma de que ese efecto no se genere porque todos los años nos endeudamos en el mercado internacional por cinco mil millones de dólares. A partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre, el Ministerio de Economía sale a buscar esa cantidad a los mercados internacionales, todos los años. Son dólares que entran al país y que nos endeudan hacia el futuro. Bueno, si esos cinco mil millones de dólares provinieran del petróleo y no tuviéramos que pedírselos prestado al mundo, eso solo ya sería un golazo. Si todavía sobra algo, se puede hacer mucha cosa, empezando por una deuda histórica que tiene el país, que es ofrecer una solución habitacional para quienes no la pueden pagar. Son 60 mil viviendas las necesarias para erradicar los asentamientos, que han sido una constante de estas últimas décadas para una población permanente de 200 mil personas. Si se pudieran asegurar esos recursos en frenar el endeudamiento y en un proyecto de viviendas para los contextos más desfavorables, creo que sería un uso excelente.
−¿Cómo ve el acuerdo Mercosur–Unión Europea?
−Para el Uruguay, sería muy bueno que se concretara; sería el principal beneficiario del acuerdo porque el país ya cumple con todos los estándares europeos desde el punto de vista ambiental. Tendría oportunidades de atraer más inversiones, y de colocar a la vez, sus productos en un mercado atractivo. Uruguay necesita colocar producción de calidad. Al ser caro, la única posibilidad que tenemos es que el producto que vendemos consiga buen precio. ¿Quién paga bien? Europa, Estados Unidos, y Japón. Por eso también es muy importante el Acuerdo Transpacífico, para poder ingresar en mejores condiciones a Japón. Los mercados que pagan bien son los que determinan las posibilidades de existencia de Uruguay. Por eso es muy importante que se termine de firmar con la Unión Europea y es muy importante que el país dé los pasos necesarios para entrar en el Acuerdo Transpacífico, que se nos abrieron las puertas. Si queremos cerrar la charla con un tenor positivo, esas son grandes noticias (se ríe), y vienen de afuera. Son posibilidades de mejorar el acceso a los mercados, y al mismo tiempo, de imponer dentro del país determinadas reformas para que el Estado se vuelva más eficiente. Esto vendría de la mano del Acuerdo Transpacífico, que lo exige, y también de la posibilidad de que Uruguay sea miembro pleno de la OCDE. Uruguay no se anima desde hace mucho tiempo a dar el paso, pero esta sería una buena oportunidad: 22 de los 27 miembros de la Unión Europea son también miembros de la OCDE, entonces son acuerdos sinérgicos, solo que la OCDE brinda apoyo técnico y experiencia para que el país procese reformas en materia educativa, de seguridad y del Estado, que son impostergables para poder aprovechar las oportunidades de tener producción competitiva en mercados exigentes.