Razones para que el próximo gobierno “mire con optimismo” el futuro
Para la actual gestión su sucesora tendrá “amplios márgenes de maniobra” para equilibrar el déficit “sin recurrir a medidas extremas”.
Entre las líneas generales del “informe de transición” que el Poder Ejecutivo le entregó esta semana al gobierno electo se destacó a Uruguay como un país con perspectivas de crecimiento a corto plazo e inversiones para los próximos 36 meses.
En el documento, que servirá como “línea base” y sobre el que se podrá medir cómo entregará la gestión la administración Tabaré Vázquez, también se subraya las políticas generadas para potenciar ese crecimiento y las fortalezas macroeconómicas para afrontar los desafíos fiscales.
A su vez, se enfatiz< la estrategia de desarrollo definida a mediano y largo plazo en el país, con presupuesto digno para la educación, con un sistema de salud para todos con mayores prestaciones.
Un país más igualitario, donde la pobreza disminuyó a mínimos históricos, con un sistema tributario más justo y con una nueva agenda de derechos, se enumera en el texto, que en sus conclusiones relata las perspectivas con las que podrá asumir su sucesor.
Un país más próspero, que logró sortear la crisis regional, con menor endeudamiento y que recuperó la credibilidad de los mercados financieros, con nueva infraestructura y tarifas públicas más accesibles, con mayores exportaciones y confianza para los inversores. Un país que distribuye mejor, se continúa.
Para la Administración Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou podrá, sin dudas, observar con optimismo el futuro: un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 0,4% para este año, de 2,3% para 2020 y de 3% para 2021, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si estas estimaciones se concretan, Uruguay estaría completando un ciclo de 19 años de crecimiento ininterrumpido, un fenómeno inédito en la historia económica nacional.
Un crecimiento que se encuentra, según la versión oficial, fuertemente vinculado a las fortalezas macroeconómicas construidas desde 2005. Pero también a un plan de inversiones en infraestructura con el que el próximo gobierno podrá contar como un fuerte impulso a la actividad y el empleo en sus primeros años.
El informe admite que buena parte de estas estimaciones se asocian a la segunda planta de pasta de celulosa confirmada por la multinacional UPM, que será la tercera del país.
Las cifras oficiales hablan de una inversión cercana a los US$ 3.000 millones, entre la fábrica, la zona franca, los accesos y la construcción de viviendas temporales y permanentes.
La iniciativa generaría un promedio de 3.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción, con picos de 5000 empleos, a los que se deben agregar los generados por otras infraestructuras asociadas al proyecto.
La fase de operación, indicó el gobierno, generará unos 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, junto a entre 3.500 y 4.000 empleos inducidos.
En términos fiscales, se estima que el proyecto genera una recaudación tributaria adicional de cerca de US$ 120 millones.
A estas inversiones el gobierno le agrega las comprometidas para potenciar los beneficios de la obra en el centro del país. Serán unos US$ 200 millones en obras viales en Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo, Florida, Paysandú, Río Negro y Rivera.
Habrá también, se asegura, otro “paquete” importante por US$ 100 millones, necesario para la seguridad y la fluidez del tránsito como consecuencia de la reactivación del ferrocarril.
El informe señala también al proyecto del viaducto en la rambla portuaria de Montevideo, que “finalmente se concreta” después de varios años de estudios, y que mejorará la circulación del transporte de carga a la entrada de la terminar y reducirá los costos logísticos de las exportaciones.
La profundización del dragado del puerto capitalino permitirá a su vez que los buques graneleros, que hoy no pueden completar su carga en Nueva Palmira por la mejor profundidad del canal del acceso, puedan hacerlo en Montevideo. Eso reducirá el costo del transporte por tonelada y también mejorará la competividad de las exportaciones.
Junto con otras obras en el recinto portuario, la relocalización de la flota pesquera y la concreción de un puerto especializado en celulosa implican una importante mejora para la Administración Nacional de Puertos (ANP). Todos estos proyectos representan inversiones por US$ 500 millones.
Dinamismo y empleo
Por otra parte, en el informe del gobierno se subraya el fuerte impulso que el proceso de obtención del financiamiento de los contratos de participación público-privada recibieron en el último año.
A la fecha hay cinco contratos firmados, y otros cuatro próximos a concretarse, que podrían representar obras por US$ 1.600 millones para los siguientes tres años.
Entre ellos la construcción de 42 Centros Caif, 44 jardines de infantes públicos, 38 escuelas, 37 liceos, 11 centros de UTU, nueve polos tecnólogicos y diez polideportivos.
También, unos 1.217 kilómetros de carreteras, puentes y bypass, junto a 273 kilómetros de vías férreas, puentes y desvíos.
De este modo, dice el informe de transición, las inversiones mencionadas conforman un flujo de US$ 5.000 millones de fondos públicos y privados hasta finales de 2022.
“Le otorgará dinamismo a la economía uruguaya y contribuirá de manera importante a la creación de empleo”, se asegura.
Sin medidas extremas
El informe del gobierno saliente al entrante reconoce que el principal desafío macroeconómico que enfrenta el país a corto plazo es consolidar una mejora en sus resultados fiscales.
Y si bien la trayectoria de las cuentas públicas se ha deteriorado, se apunta que fue en un contexto en que la actividad económica evolucionó por debajo de su potencial. Algo que se espera se revierta en los próximos años.
Para el actual gobierno es fundamental tener presente que las fortalezas económicas y financieras hacen posible que el país cuente con “amplios márgenes de maniobra” para procesar la mejora requerida en las cuentas, sin recurrir a medidas extremas que afecten el crecimiento económico.
En ese marco, se asegura que Uruguay ha logrado reducir sustancialmente la deuda neta en relación al PBI y que cuenta con un elevado stock de reservas y líneas de prefinanciamiento que le permiten hacer frente a posibles contingencias financieras en los mercados internacionales.