GUÍA
La reforma de las empresas públicas que proponen economistas y académicos al estilo Eduy21
Un grupo de los principales economistas y académicos en materia de empresas públicas realizó una propuesta con una guía para su reforma. Quieren generar un ámbito al estilo Eduy21 en la educación.Con la intención de impulsar una especie de Eduy 21 -think tank sobre educación con expertos de partidos políticos y la academia- enfocado en temas de gobernanza de las empresas públicas, ayer se divulgó un documento elaborado por técnicos de distintos ámbitos que plantea “desacoplar” las tarifas del resultado fiscal, crear una unidad de control que establezca criterios para designar a los directores y fortalecer el rol de los reguladores, entre otras cosas.
Los autores son profesionales que en los últimos años han realizado estudios sobre la temática, y se embarcaron en diseñar un documento de consenso que recoja las reformas “necesarias para contar con empresas públicas modernas, pujantes y al servicio del país”.
Sostienen que las propuestas “deben interpretarse como el comienzo de un nuevo camino para estas empresas, con el objetivo de que sigan aportando a sus dueños: los ciudadanos de Uruguay”. De hecho, los técnicos tienen previsto reunirse con las autoridades electas para presentarles el trabajo.
El documento destaca a las empresas públicas como “actores económicos muy relevantes”, que proveen a la población servicios básicos a través de distintos esquemas de actividad -“algunas compiten con privados, otros actúan aisladas de la competencia y muchas veces, de la regulación”, indica.
El marco legal e institucional para su actuación fue “creado a principios del siglo XX”, aunque hubo cambios que permitieron por ejemplo, el desarrollo de la energía eólica tras la desmonopolización de la generación.
Pese a esto, los técnicos afirman que “las formas jurídicas en las que operan las empresas públicas han dejado de utilizarse en el mundo”. El análisis actual suma como elemento clave los cambios tecnológicos, lo que obliga aún más a “adaptar su gobernanza y regulación”.
“La introducción de nuevas tecnologías en telecomunicaciones, las nuevas energías y formas de generación, los problemas de contaminación del agua potable (…) son desafíos que se deberán afrontar” y para ello “se requieren empresas más complejas y a la vez más flexibles tanto en su estructura, como en sus objetivos, funcionamiento y financiamiento. Sin embargo, las normas que rigen a las empresas públicas provienen de un mundo con otra velocidad, más predecible”, analizan.
Objetivos a cumplir.
Como parte esencial de la reforma, los técnicos sostienen que las empresas públicas “deben perseguir un retorno adecuado sobre el capital invertido por el Estado, en el marco de las políticas públicas establecidas para el sector, y tomando en cuenta las inversiones previamente evaluadas desde el punto de vista técnico por el regulador”.
Plantean como una necesidad “desacoplar el retorno de las empresas al del desempeño fiscal del Estado”, en atención a que ha sido una práctica usual de los gobiernos utilizar las tarifas como una forma indirecta de recaudación. Sin estos cambios en la estructura, “nadie es responsable por consecuencias negativas ante la ineficiencia”.
Otro punto que señalan es que “los objetivos sociales de las empresas deben establecerse explícitamente en una norma legal y el financiamiento debe estar claramente establecido” para evitar que esos gastos “disimulen ineficiencias de gestión”.
A su vez, los subsidios que realicen “deben estar explicitados y estar a cargo del presupuesto nacional y con objeto, montos y plazos determinados”.
Respecto a los mercados de actuación, “deben estar taxativamente establecidos en una norma legal”, aunque se permita “flexibilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos”.
Otra propuesta es crear “una unidad especializada” que además de evaluar y monitorear el cumplimiento de los objetivos, analice “la calificación de los candidatos al directorio” y les fije “metas intermedias cuantificables”, pudiendo “sugerir remociones” y se encargaría de “identificar desviaciones”.
Perfil de las empresas
Los técnicos subrayan que estas compañías “deben operar en un marco de autonomía del poder político”, buscando ofrecer “un servicio de calidad, a precio competitivo”. Teniendo en cuenta “que en el marco legal actual los directores abarcan una parte importante de la función gerencial”, se necesitan “directorios competentes y que sigan un rumbo claro y coherente”.
Esto es que sean nominados “en base a competencias profesionales, desfasados del ciclo político y presentando propuestas de líneas estratégicas”, con “una remuneración acorde a sus capacidades y responsabilidades, y con la estructura de incentivos correctos”.
El papel de las unidades reguladoras.
El papel de las unidades reguladoras de energía y agua (Ursea) y de servicios de comunicaciones (Ursec), también fue motivo de análisis. “El regulador sectorial debe establecer un precio por los bienes y servicios producidos por las empresas, de forma de evitar que se trasladen al consumidor ineficiencias e inversiones sin la debida evaluación”, remarcan.
Proponen “fortalecer la gestión y capacidades técnicas de las reguladoras”, con autoridades elegidas con los mismos criterios que para los directores.
La génesis del proyecto, el impulsor y los que apoyan
El director de Ceres, Guillermo Tolosa, fue el impulsor de esta iniciativa, según los técnicos consultados por El País. El académico había dicho que era una “tomada de pelo a los uruguayos” cuando se utilizaban “las empresas públicas para lanzar candidatos” políticos, y que debería haber “una especie de rebelión de la sociedad civil”.
La génesis del proyecto fue “juntar gente de distintas ideologías” que estudiaron desde diversos aspectos el tema de la gobernanza de las empresas públicas, porque “estamos de acuerdo en lo que hay que hacer”. En otras palabras, enviarle una señal al sistema político de “por donde hay que ir”.
Quienes firmaron el documento -a título personal y no en representación de las instituciones donde trabajan- son profesionales (economistas, contadores y abogados) de consultoras y universidades: Tolosa, Lucila Bonilla, Sebastián Fleitas, Bruno Gili, Juan Manuel Mercant, Ignacio Munyo, Gabriel Oddone, Alejandro Perroni (ex gerente general de UTE), Pablo Regent, Pablo Rosselli y Leandro Zipitría.
Además, apoyaron los planteos Diego Aboal, María Dolores Benavente, Hernán Bonilla, Alejandro Butler, Alfonso Capurro, Florencia Carriquiry, Javier de Haedo, Daniel Ferrés, Álvaro Forteza, Néstor Gandelman, Agustín Iturralde, Marta Jara, Daniel Laino, Aldo Lema, Gustavo Michelin, Jorge Ottavianelli, Tamara Schandy, Marcel Vaillant y Ana Zerbino.
Jara, presidenta de Ancap, dijo a El País que “no es difícil consensuar” y que “el documento refleja tendencias que ya se vienen implementando pero hay que dar un paso más e institucionalizarlas”. Añadió que para tener una organización eficiente “debemos permitirles que se concentren en su rol de operador, con objetivos claros y explícitos que brinden transparencia”.
Las claves del documento.
1 Los ajustes de tarifas explicaron buena parte de la inflación.
Tarifas
Las empresas públicas “deben perseguir un retorno adecuado sobre el capital invertido por el Estado”. Para los técnicos se debe “desacoplar el retorno de las empresas al del desempeño fiscal del Estado”, en atención a que ha sido una práctica usual de los gobiernos utilizar las tarifas como una forma indirecta de recaudación.
2 Marta Jara, presidenta de Ancap.
Directores
Como los directores hoy representan “una parte importante de la función gerencial”, deberían ser elegidos “en base a competencias profesionales, desfasados del ciclo político y presentando propuestas estratégicas”. También recibir “una remuneración acorde a sus capacidades y responsabilidades”.
3 Acceso al agua potable y saneamiento está consagrado en la Constitución.
Reguladores
Los organismos como la Ursea (energía y agua) y Ursec (comunicaciones) deben “establecer un precio por los bienes y servicios producidos por las empresas en mercados regulados, tanto públicas como privadas, de forma de evitar que se trasladen al consumidor ineficiencias e inversiones sin la debida evaluación”.