Fitch y la “pesada herencia” que el nuevo gobierno “debería denunciar”
Analistas señalan que, si no fuera por el cambio de administración, la calificadora ya le habría retirado a Uruguay el grado inversor.
La estabilidad política del Uruguay es una fortaleza en términos crediticios, en medio de la volatilidad que afecta a gran parte de América Latina. Pero estabilizar la carga de la deuda pública pondrá a prueba la capacidad del nuevo gobierno para tomar medidas políticas decisivas y creíbles.
Así, el gran desafío para la administración de Luis Lacalle Pou será lograr reducir el abultado déficit fiscal en el marco de un bajo crecimiento de la economía.
Esto lo indicó este lunes un reporte de la calificadora Fitch Ratings, que en octubre del año pasado había decidido revisar a la baja y colocar en “negativas” unas perspectivas que en el último año, señala, “han empeorado”.
Para la calificadora, la consolidación fiscal es un aspecto prioritario. El déficit primario se ubicó en octubre en 1,7% del PBI, cuando en 2018 era de 0,8%. Además, proyectó que la deuda general alcanzará el 66% del producto al cierre de este año, 17 puntos más que a comienzos de este período.
En ese marco, Fitch estimó que un ajuste de 2,5% del PBI estabilizaría la deuda, aunque las presiones persistentes del gasto tal vez haría requerir un esfuerzo mayor.
Al respecto, el informe considerá “díficil” que la Administración Lacalle Pou pueda cumplir con su compromiso de reducir en US$ 900 millones el gasto público en su primer año de gestión.
Habría dificultades de implementación, se indica, en la medida que la negociación para implementarlo requeriría mucho más tiempo.
El reporte subrayó el compromiso del gobierno electo en abordar los obstáculos clave para mejorar la competividad. Entre ellos, la reducción de las tarifas públicas y la adopción de políticas salariales y laborales más flexibles.
La composición ideológica de la coalición que formará gobierno podría, no obstante, obstaculizar reformas ambiciosas.
Cita como ejemplo el “abandono” del compromiso de liberalizar los combustibles, que figuraba en el programa del Partido Nacional pero que quedó fuera del documento programático de la “coalición multicolor” y así incorporar las visiones de “más facciones de izquierda”.
El documento de Fitch señala al respecto que la inclusión de Cabildo Abierto podría generar “fricciones” en esa coalición.
La consultora indica una proyección de crecimiento de 1,5% para 2020, en la medida en que avance la construcción de la nueva planta de pasta de celulosa proyectada por UPM, junto a otras obras de infraestructura.
El reporte de Fitch Ratings generó una serie de comentarios por parte de varios analistas económicos.
Para el economista Aldo Lema lo de la calificadora incluye una advertencia implícita: el contenido de la ley de Presupuesto que se apruebe el año que viene definirá si Uruguay mantiene el grado inversor.
“Si no fuera por el cambio de gobierno y esta nueva oportunidad de reencauzar la situación fiscal, creo que Ficht ya le habría quitado el grado inversor a Uruguay”, sostuvo. “Duro y desafiante informe”.
Para Javier De Haedo, el reporte demuestra la magnitud de la herencia que recibirá el gobierno electo. “Una herencia pesada, lejos de lo que los voceros del gobierno saliente se empeñan en reiterar”, afirmó.
En su visión, la Administración Lacalle debería “denunciar” la herencia, ya que deberá “pagar la cuenta”. Y deberá además asumir que la realidad es más compleja de lo que las medidas anunciadas para enfrentarla parecen reflejar.
De Haedo coincidió en que Fitch le da tiempo al nuevo gobierno para que arregle el problema. “Le da tiempo al país en honor a su trayectoria y a su institucionalidad”, dijo. “Si no fuera por esto, ya habría caído el grado inversor”.
Para Ignacio Munyo, asesor económico de Lacalle Pou en la campaña electoral, no alcanzará solo con el ajuste sugerido por la calificadora.
En su visión, para que la deuda pública sea sostenible la economía tendría que crecer cerca del 3% en los próximos cinco años.