Reúnen firmas para rescindir el contrato con UPM
Cientos de firmas de ciudadanos comenzaron a llegar en las últimas horas al correo electrónico de la secretaría del presidente electo, Luis Lacalle Pou. Allí los remitentes le expresan al futuro mandatario su preocupación por una de las responsabilidades que deberá asumir el 1 de marzo.
Se trata del “contrato ROU-UPM”, firmado por el Estado el 7 de noviembre de 2017, en el que el Poder Ejecutivo acordó con la multinacional las condiciones para la instalación de su segunda planta de pasta de celulosa, a orillas del río Negro.
Un contrato que, para los firmantes, revela una grave inconstitucionalidad y que afectará al país en los planos institucional, económico, ambiental, educativo y cultural.
En la carta se le recuerda a Lacalle Pou lo que dijo cuando, poco después de conocido el acuerdo, interpeló a varios ministros en el Parlamento.
“En estas condiciones, este acuerdo no me representa y estoy seguro que no representa a los uruguayos. El gobierno falló en la representación de los uruguayos”, había asegurado el hoy mandatario electo.
En la misiva también se le menciona que el Ejecutivo excedió sus facultades constitucionales al firmar el contrato, ignorando, invadiendo o afectando las competencias del Poder Legislativo, de la Justicia, de los gobiernos departamentales y de varios entes del Estado.
Además, el “contrato” y sus modificaciones contienen disposiciones ilícitas por su inconstitucionalidad o ilegalidad, como la estabilidad jurídica y la competencia jurisdiccional extra nacional respecto a beneficios no previstos en ninguna ley, la injerencia de UPM en el sistema de enseñanza, la prioridad en el uso de agua del río y el uso preferencial de las vías del Ferrocarril Central.
A su vez, se subraya que contiene otras disposiciones absolutamente desfavorables para el país, como el compromiso de inversión de miles de millones de dólares en infraestructura destinada a la empresa, excesivas e inequitativas exoneraciones tributarias, riesgo de afectación del agua y de la tierra por la actividad forestal, y por los efluentes que se volcarán al ya contaminado río Negro.
A eso se agrega la obligación para el Estado de comprarle a UPM energía por veinte años a precio prefijado, sin contrapartida. Es que la empresa, según la cláusula 4.2.2 del “contrato complementario”, puede desligarse de todas sus obligaciones mediante un preaviso de un año de anticipación. En tanto, Uruguay se obliga quedar ligado al “contrato” por cincuenta años.
En la carta se remarcó que se desconoce que UPM haya comunicado formalmente su decisión final de inversión, que daría inicio a la vigencia de ese “contrato”. Para los firmantes, parece entonces abierta la posibilidad de rescindirlo sin costo.
De todas formas, aún en el caso que la inversión haya sido confirmada, se entiende que la gravedad de los problemas institucionales, económicos, ambientales y educativos que implicaría la continuidad del acuerdo amerita incluso correr el riesgo de una acción jurisdiccional en la que, dada la ilicitud de lo acordado, el país tendría argumentos para defenderse.
Por todo esto los firmantes le solicitan a Lacalle Pou la reconsideración de lo decidido por el Poder Ejecutivo y el compromiso de, una vez que asuma como presidente, dar los pasos necesarios para la rescisión del “contrato”.