Calificadora advierte que “agenda de crecimiento” del nuevo gobierno “podría entrar en conflicto con consolidación fiscal”
Según Fitch Ratings, la “composición ideológica diversa de la coalición” podría “obstaculizar reformas ambiciosas”
La corporación financiera Fitch Ratings publicó este lunes un informe sobre Uruguay en el que estima que el nuevo gobierno enfrentará el “desafío” de “reducir un gran déficit fiscal ante el bajo crecimiento”, y la necesidad de estabilizar el peso de la deuda “pondrá a prueba la capacidad de la administración para tomar medidas políticas decisivas y creíbles”.
Esta calificadora, que mantiene la nota de BBB- negativa para Uruguay, espera que el crecimiento del país alcance 0,3% en 2019 y aumente en 2020 a 1,5%, debido a la construcción de la segunda planta pastera de UPM.
Si bien se resalta que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, “se ha comprometido a abordar los obstáculos claves para la competitividad, incluida la reducción de las tarifas de servicios públicos y la adopción de políticas salariales y laborales más flexibles”, se advierte que la “composición ideológica diversa” de la coalición que el presidente electo formó “podría obstaculizar reformas ambiciosas”. Como ejemplo, se cita el acuerdo programático de la coalición, que “abandonó los planes para liberalizar las importaciones de combustible para incorporar las opiniones de más facciones de izquierda”. Además, se señala que la inclusión de Cabildo Abierto, “un partido socialmente conservador, podría crear fricciones dentro de la coalición”.
Por otra parte, Fitch sostiene que si bien “el nuevo gobierno se ha comprometido a contener el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos”, se considera que “esto podría ser difícil”: “Los recortes de gastos prometidos de 900 millones de dólares (1,6% del Producto Bruto Interno) han enfrentado cierto escepticismo por parte de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y pueden enfrentar desafíos de implementación”, se afirma. Además, “la reforma de la seguridad social, aunque se entiende ampliamente en todo el espectro político como necesaria, podría tomar tiempo para negociar y mucho más tiempo para generar ahorros”. Incluso en ese caso, la calificadora considera que “estos ahorros sólo pueden estabilizar el gasto en lugar de reducirlo y contribuir a la reducción del déficit”.