Petri Hakanen, máxima autoridad de la empresa en Uruguay, relativizó la cláusula de salida y los supuestos privilegios recibidos
“No hay evidencia más fuerte del compromiso de UPM” que confirmar su nueva inversión
Ni la conflictividad sindical ni las revisiones que puede realizar un nuevo gobierno. Petri Hakanen, quien desde 2018 ocupa el cargo más importante de UPM Uruguay, cree que ninguna de las dos cosas modificará el cronograma de construcción y operación que la empresa prevé para su segunda planta en el país. “Se ejecutará según lo previsto” y “se espera que comience a funcionar en la segunda mitad de 2022”, aseguró el vicepresidente senior del Proyecto de Desarrollo de UPM.
Tampoco le preocupa la resistencia que generó en la opinión pública la negociación entre el gobierno y UPM, que dio a la empresa beneficios fiscales y culminó con la incorporación de una cláusula de conveniencia que le permite retirar la inversión por sola voluntad de la compañía y sin responsabilidades adicionales. Afirma que UPM “ha sido tratada de la misma manera” que el resto de los inversores y que la polémica cláusula es normal “en contratos a largo plazo”.
Hakanen, quien hasta ahora solo brindó conferencias de prensa, accedió a responder preguntas y eventuales repreguntas vía correo electrónico, ante su inquietud de que las traducciones a las respuestas fueran inexactas.
A continuación, las respuestas que envió a Búsqueda.
—¿Por qué UPM eligió Uruguay como el destino de la mayor inversión de su historia?
—El país tiene una fuerte estabilidad política y social, así como una tradición democrática basada en políticas gubernamentales transparentes. Los clientes regionales y mundiales de UPM valoran la estable calidad de la celulosa de eucalyptus uruguaya. El país tiene disponibilidad forestal, crecimiento y calidad de la madera. Además, tiene un marco legal para la promoción forestal, una estructura clara de propiedad de la tierra y protección de los bosques nativos.
Las operaciones en Uruguay han demostrado un sólido y probado desempeño a casi 30 años de presencia en el país.
—¿La negociación fue más dura de lo que esperaban en julio de 2016?
—Fue un proceso largo con la participación de ocho grupos de trabajo diferentes del gobierno, organizaciones estatales, sindicatos y la compañía que cubrieron todas las áreas fundamentales como infraestructura, educación y desarrollo regional, medio ambiente, régimen de zona franca, forestación, energía y laboral para tener un proyecto sólido y responsable.
La negociación tomó el tiempo necesario para encontrar las soluciones para cada una de las áreas mencionadas anteriormente.
—Después de la experiencia en Fray Bentos, ¿esperaban tanta resistencia a nivel político y social con el proyecto UPM 2?
—Es comprensible que un proyecto de esta escala genere interés y opiniones. Respetamos y valoramos las diferentes opiniones, es parte de una democracia plena.
UPM ha compartido información vinculada con el proyecto de manera consistente en más de 10 sesiones informativas públicas tanto en Montevideo, Paso de los Toros, Durazno y Tacuarembó, y a través de más de 100 reuniones con grupos de interés con el fin de mantenerlos informados y conocer sus inquietudes.
—¿Cuál fue el punto más discutido de la negociación?
—El objetivo principal era encontrar soluciones para cada uno de los temas, necesario para establecer un proyecto a gran escala en el centro del país, en una zona menos desarrollada en términos de infraestructura, educación, empleo y conectividad que el resto del país.
—En materia laboral, ¿quería UPM que se aprobara una ley o decreto que contemplara sus requerimientos?
—La ubicación, escala y las características del proyecto refuerzan la necesidad de un diálogo fluido con todas las partes involucradas. Sobre esta base se firmó el acuerdo marco laboral por el gobierno, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y UPM en setiembre de 2017.
—Ejecutivos de UPM han asumido que inevitablemente habrá conflictos sindicales en la construcción de la próxima planta. ¿Por qué lo creen así?
—En un proyecto de esta magnitud, se espera que existan diferentes niveles de expectativa. La clave es crear previsibilidad para todas las partes.
—Esperan tener su planta operativa para 2022. ¿Toman en cuenta para ese plazo posibles conflictos sindicales?
—Confiamos en que la implementación del proyecto se ejecutará según lo previsto.
—¿Esa previsión incluye o no retrasos por conflictos sindicales?
—De acuerdo a los planes de UPM, se espera que la planta comience a funcionar en la segunda mitad de 2022.
—Al gobierno se lo criticó por ser demasiado permisivo respecto a los requerimientos que UPM planteó. Algunos empresarios han señalado que muchas empresas no reciben los beneficios que ustedes obtuvieron. ¿Cuál es su respuesta?
—El acuerdo de inversión refleja la legislación uruguaya sobre los regímenes generales de inversión. UPM ha sido tratada de la misma manera, teniendo en cuenta la escala y las características de este tipo de proyecto y la inversión a largo plazo.
—¿Es inviable producir en Uruguay sin contar con un régimen tributario benévolo como la zona franca?
—El régimen de zona franca es una herramienta que utiliza Uruguay para atraer grandes inversiones y así poder competir en los mercados mundiales de exportación. Uruguay tiene 11 zonas francas que están creando casi 16.000 empleos altamente calificados con un impacto significativo en las exportaciones y el PIB de Uruguay. La fábrica será parte del régimen de las zonas francas uruguayas y pagaría un canon anual fijo de 7 millones de dólares.
Todo lo que está fuera de la fábrica (desde los viveros, plantaciones hasta logística y transporte) está y estará sujeto a los impuestos locales en Uruguay.
—En el contrato complementario firmado el 15 de julio con el gobierno, la cláusula 4.2.2.2 permite a UPM dejar sin efecto la inversión por su sola voluntad y sin pagar multa. ¿A qué se debió la inclusión de esa cláusula?
—UPM tiene más de 30 años de experiencia en Uruguay, con un equipo humano de alto rendimiento y excelentes operaciones forestales y de celulosa.
No hay evidencia más fuerte del compromiso de UPM que la de confirmar una inversión de tres mil millones de dólares, que es la inversión más grande en la compañía.
—¿Esta cláusula estuvo presente en otros contratos de inversión de la empresa?
—Estas son cláusulas normales en contratos a largo plazo como el firmado con el gobierno de Uruguay por 50 años.
—Usted dice que son cláusulas normales, ¿por qué recién fue incluida sobre el final? ¿Era condición sine qua non para que los accionistas de UPM aprobaran la inversión?
—El acuerdo de inversión firmado con el gobierno establecía un mapa de ruta que definía los requisitos para la concreción del proyecto, definiendo los roles y responsabilidades de ambas partes. En el mismo, se acordó que una vez establecidos la empresa tendría los elementos necesarios para la toma de decisión, y así ocurrió.
—Para aprobar la inversión, ¿estuvo en consideración el contexto electoral en el país?
—La decisión se tomó tan pronto se cumplieron todos los prerrequisitos y se cerraron satisfactoriamente los elementos pendientes. Muchos puntos avanzaron en julio, dándonos la confianza para tomar la decisión en este momento.
—A lo largo del proceso de negociación UPM ha estado en contacto con dirigentes de la oposición. ¿Aceptan ellos el proyecto?
—Sí, nos hemos reunido con todos los actores relevantes para el proyecto a nivel nacional y regional para informar sobre el mismo. Todo el espectro político en Uruguay apoya las políticas forestales.
—¿Pero les han hecho críticas o reparos al proyecto?
—En todas las reuniones mantenidas con los diferentes actores, nuestro objetivo fue siempre el de informar sobre el proyecto para contribuir a un mejor entendimiento de su escala y relevancia para el país.
—Luis Lacalle Pou dijo que revisará el acuerdo si gana las elecciones nacionales. ¿Es posible?
—Este proyecto es el resultado de una política de Estado con decisiones clave tomadas por todo el espectro político para desarrollar el sector foresto-industrial.
—Entonces, ¿no hay margen para revisar el acuerdo una vez que cambie el gobierno?
—Una vez que todos los elementos definidos en el acuerdo de inversión fueron cerrados, UPM estuvo en condiciones de tomar la decisión de inversión. Toda la información relacionada con los acuerdos es pública y está disponible.
—¿Podrían recurrir a la cláusula 4.2.2.2 si un nuevo gobierno los obliga a renegociar?
—Como dije, estas son cláusulas normales en contratos a largo plazo, como el firmado con el gobierno de Uruguay por 50 años. Hemos operado en el país durante 30 años y acabamos de anunciar la mayor inversión en nuestra historia y creemos que es evidencia de nuestro compromiso con Uruguay.
—¿UPM estima que la política económica será mantenida, cualquiera sea que gane las próximas elecciones?
—UPM tiene más de 30 años de experiencia en Uruguay y ha desarrollado sus operaciones bajo diferentes gobiernos y lo hará dentro del marco de la legislación nacional local, independientemente de cambios políticos.
—Según lo anunciado, la futura planta produciría en una primera etapa 1,2 millones de toneladas anuales. ¿Cuál sería el nivel de producción anual a largo plazo?
—La planta de celulosa de una sola línea con desempeño medioambiental comprobado y las mejores técnicas disponibles (BAT) tendrá una capacidad de producción anual prevista de 2,1 millones de toneladas de celulosa de eucalyptus.
—La inversión se sustenta en la proyección de un aumento de la demanda mundial de pasta de celulosa en los próximos años, en gran medida por China. ¿UPM descarta que pueda ocurrir una desaceleración brusca de la economía china?
—La perspectiva de la demanda de celulosa a largo plazo sigue siendo buena. El sólido crecimiento del mercado se basa en las megatendencias globales de los consumidores que impulsan la demanda de papel tisú, higiene, embalaje y papeles especiales. Se estima que la tendencia anual de crecimiento de la demanda de celulosa del mercado mundial es de aproximadamente el 3%.