Son 1.200 millones de bolsas de nylon las que los uruguayos usamos cada año. En estos datos es que se sustenta la ley de bolsas, por la cual los supermercados ya empezaron a cobrar por ellas. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente explica en su página web que la idea es frenar la "amenaza para el ecosistema" que el consumo de estas implica. Entonces la pregunta es, ¿qué impacto real tendrá esta medida? La respuesta es desoladora. Se precisa más.

 

Las bolsas pesan 5 gramos cada una, así que 1.200 millones implican 6.000 toneladas de nylon al año. Solo la usina de deposición final Felipe Cardoso, de la intendencia de Montevideo, recibe por día un promedio de 2.200 toneladas de basura. La mitad corresponde a residuos domiciliarios y el resto a lo generado por empresas. El reciclado de los primeros está a cargo de la intendencia, el resto depende de la cartera de Vivienda. Por año las plantas de reciclado de Montevideo recuperan 1.200 toneladas de basura, de 3.000 que reciben sus plantas.

 

La comparación es odiosa pero necesaria: en un día llega a la usina de Felipe Cardoso casi la misma cantidad de basura domiciliaria que la que se recicla en un año, y en tres días la capital genera más volumen de residuos que el de todas las bolsas que los supermercados dejan de "regalar".

 

Antes que algún ecologista ponga el grito en el cielo, es justo decir que una bolsa de nylon demora 55 años en desaparecer, mucho más que otra basura que termina en la usina. Pero también es preciso advertir que menos del 1% de los residuos domiciliarios son los que llegan a reciclarse; que el 50% de lo que llega a la usina de deposición final es materia orgánica, que se podría transformar en abono para mejorar el suelo; que los contenedores anaranjados llegan a las plantas de reciclaje en su mayoría llenos de otras cosas que no son plástico ni papel; que las leyes del mercado le suelen ganar a las del medioambiente, y que las bolsas que nos están vendiendo no son biodegradables como establece la ley. Tampoco lo son muchas de las de basura negras que ahora no habrá otra opción que comprar.

 

"Es verdad, el alcance del reciclado es poco y obliga a repensar todo el sistema", reconoce Carlos Mikolic, quien está al frente del Equipo Técnico de Educación Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Pero advierte, "hay que tener en cuenta que a la usina llegan todos los residuos, y que no es lo mismo 1.000 toneladas de plástico que 1.000 toneladas de escombros".

 

"Efectivamente el volumen que se recicla es muy poquito", reafirma Fernando Puntigliano, director de desarrollo ambiental de la intendencia. Y agrega: "Algunos teóricos dicen que el esfuerzo es muy grande para lo poco que se recicla, nosotros sin embargo tenemos la idea de que hay que clasificar lo máximo reciclable. No todo se logra reciclar, pero lo queremos hacer así".

 

A pesar de los reiterados esfuerzos que se han hecho en pos de mejorar el problema de la contaminación —planes, planes que revisan los planes, planes que revisan los planes que ya fueron revisados—, los resultados han sido menos que modestos. La capital es digno ejemplo de esto. Pese a tener cuatro plantas de reciclado, las cuales fueron creadas para cumplir con la ley de envases del año 2004 —en todo el país son 14, y además de Montevideo hay en Rocha, Canelones, Flores, Maldonado y Rivera, esto pese a que la ley dice que debe haber en los 19 departamentos—, lo que se logra reciclar es mínimo.

 

La última es abrir fue la Planta Durán, ubicada en el barrio de Colón, la cual se inauguró en 2014. Las plantas de la capital, aunque su trabajo es controlado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) funcionan en terrenos de la intendencia y es el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) el que contrata a las oenegés que allí trabajan —en el interior es distinto, y las comunas contratan cooperativas desde julio pasado, luego de que este sistema fuera calificado como poco exitoso.

 

Los sueldos, en tanto, los pone la Cámara de Industrias, y se complementan con el material reciclado que se vende. El sueldo base es de $ 14.406 y si el complemento de las ventas no alcanza para que se llegue a $ 21.415, la Cámara es la que aporta la diferencia. Los que allí trabajan suelen ser exhurgadores. En total, en todo el país, son 128 los trabajadores de las plantas, la mitad de ellos en las de Montevideo. En la Durán hay 28 empleados, 14 en cada turno, mañana y tarde, que son de seis horas.

Cuando empezaron a trabajar les dijeron que iban a ganar más de $ 21 mil en caso de que vendieran más material para reciclar, pero esto nunca pasó. El problema está en que los uruguayos clasifican poco y que el material que llega a las plantas muchas veces no es reciclable, ya sea porque está contaminado o porque lo que se paga por él es tan escaso que hace que no valga la pena juntarlo y apilarlo para venderlo.

 

Para clasificar residuos domiciliarios en la capital existen tres vías, según la zona en que se viva. Los que están en el municipio B cuentan con los contenedores cerrados anaranjados de la empresa Consorcio Ambiental del Plata (CAP), los que suelen estar colocados al lado de otros iguales de color verde. En el municipio CH hay edificios que tienen sus propios contenedores anaranjados en los estacionamientos. Y después están los contenedores de "grandes superficies", que son los que están colocados, por ejemplo, en las puertas de los supermercados. En toda la ciudad hay unos 12.600 contenedores y 850 son anaranjados —la intendencia no tiene desagregado de qué tipo es cada uno.

 

Todo lo que se pone en los contenedores verdes va derecho a la usina. Mikolic dice que allí trabajan algunos clasificadores, pero la selección que se hace es mínima: así que el que quiera que lo que tire se recicle debe usar los anaranjados. Pero estos también tienen sus problemas.

 

Solo basura.

Verónika Engler está al frente de la Planta Durán. Ella trabaja para la ONG "El Abrojo", que es la que ganó la licitación ante el Mides para hacerse cargo. Por la ventana de su oficina se ven pilas de plástico prensado, de color por un lado y transparente por otro, y también una pila de residuos prontos para revisar. Hay un poco de olor a basura, pero no llega a ser insoportable, proviene de dos contenedores llenos de residuos no reciclables que llegaron dentro de los contenedores anaranjados.

 

—¿Cuáles son los contenedores que llegan más contaminados?

 

—Los cerrados, los de CAP. La basura está muy contaminada, con mucha materia fecal.

 

—¿De perros?

 

—¡De humanos! Suponemos que es por las ferias. Los que levantan de la zona de Tristán Narvaja los domingos ya les dijimos que no nos los traigan más. Vienen botellas de pichí y caca en bolsas. Y meten cualquier cosa, trancan los contenedores con cosas enormes. Creo que deberían hacer una nueva campaña para concientizar a la gente.

 

—¿Y residuos hospitalarios?

 

—Tuvimos un accidente de una trabajadora que se pinchó con una jeringa. No pasó nada, pero tuvo que hacerse un tratamiento. Vienen residuos de laboratorios, de dentistas, de todo.

 

De los 3.500 kilos de basura que entran a la Planta de Durán por día, pocas veces se logran rescatar más de 900. Cuando encuentran residuos hospitalarios hacen la denuncia a la intendencia, que en caso de que haya algo que pueda identificar de quién proviene actúa multando a la persona.

"Nosotros entendemos que los contenedores ciegos, a pesar del gran esfuerzo que han implicado para los contribuyentes, no dieron los resultados esperados. Hay un problema que es de los vecinos, hay un problema de educación. Con uno que tire algo que no se puede tirar, alcanza para arruinar el trabajo de muchos", dice Puntigliano.

 

Otro de los problemas que se da con estos contenedores tiene que ver con la población en situación de calle, que hace ganchos con alambre para retirar la basura. "El problema con la gente de calle es muy grande en todo Montevideo, y afecta también a estos contenedores", confiesa el director de desarrollo ambiental de la comuna.

 

Y más allá de la basura reciclable que ni siquiera llega a las plantas, porque la arrojan a los tachos verdes, también está la que tampoco llega a la usina. "Montevideo tiene el problema de los volcaderos, que pueden estar en cursos de agua o en descampado. Estos son todos clandestinos y hay que ir trabajando para eliminarlos. Eso es un problema social, también", dice Mikolic. La comuna no cuenta con cifras sobre cuántos volcaderos ilegales hay en la capital.

 

Clasificable, no reciclable.

En un rincón de la Planta Durán hay dos contenedores —uno arriba del otro—, llenos de botellas de vidrio sanas. No las han logrado vender porque Envidrio no está comprando. Engler dice que si no logran colocarlo en los próximos días las van a tirar, es decir que lo enviarán a la usina de Felipe Cardoso, y que quien lo clasificó en su casa hizo el esfuerzo en vano. Hace como un año que los tienen allí, y precisan las volquetas y el espacio.

 

Es que, como decíamos, las reglas del mercado son las que mandan. El kilo de plástico transparente se paga $ 8 y el de color $ 7, el papel blanco $ 4,8; mientras que el vidrio solo $ 1,9. En resumen: demasiado esfuerzo, poco dinero.

 

"Hay una realidad que atenta contra los procesos de posterior reciclaje y es el tema de los precios. El recolector, o mismo la planta, no se ven muy entusiasmados en hacer todo un esfuerzo, por ejemplo con el vidrio, cuando hay otros elementos que son más interesantes económicamente", señala Mikolic.

Algo similar, aunque por otras razones, pasa con los envases de polipropileno —como ser los recipientes de helado—, puesto que no hay capacidad para reciclarlo en Uruguay. "El polipropileno nadie lo quiere, porque no se recicla, así que si se clasifica medio que no importa. Después está el tema del tetrapack, que en Brasil se recupera un 50% y en Argentina un 30%, pero en Uruguay como se recupera solo 5% no se puede decir que sea reciclable", dice Federico Baraibar, licenciado en Dirección de Empresas especializado en Gestión Ambiental, al frente de la asociación civil Cempre, que trabaja con 15 empresas (entre otras Salus, Coca Cola, McDonalds, FNC y Conaprole) y cuya misión es el reciclaje y la reducción de residuos en Uruguay.

 

La industria del reciclado, sin embargo, mueve dinero, y lo cierto es que hay potencial para que mueva mucho más. De las 2.800 toneladas recuperadas el año pasado, se pagaron entre US$ 3.000 y US$ 4.000 por cada una, lo que se traduce en una cifra que oscila entre US$ 8,4 y US$ 11,2 millones.

 

Las bolsas también implican mucho dinero. Si todos los uruguayos compráramos las que antes nos estaban dando gratis, pagaríamos a los supermercados US$ 150 millones. Es una ficción, porque se espera que la ley logre que el 80% de los consumidores dejen de utilizarlas.

 

Puntigliano reconoce que la medida, sin embargo, "no va a generar un gran cambio" a nivel ambiental, pero sostiene que sí tendrá "un impacto educacional" y servirá para concientizar a más personas sobre las ventajas del reciclaje y los problemas de la contaminación.

 

Intervención del Estado.

El martes pasado la intendencia aprobó un proyecto, que será financiado por el Fondo Capital, y por el cual se creará una quinta planta de reciclado en la capital con una tecnología superior que permitirá recuperar el material que llega contaminado. Según Puntigliano esta será de "mejor calidad" y va a "permitir que lo clasificado se aproveche mejor".

 

El costo de la planta será de unos US$ 3 millones. En pocos días se preparará el anteproyecto, en el correr del año se llamará a licitación y se espera que antes de finalizar esta administración, en julio de 2020, se empiece a construir.

 

Por otro lado, la intendencia está trabajando en un plan con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para aumentar el potencial de reciclado. Por lo pronto la idea es buscar formas para que los residuos de la construcción sean reutilizados.

La basura tiene precio. Y quien lo pone es el mercado. El País accedió a una lista de 2018 y lo más valioso es el cobre. Un reciclador o una planta pueden vender el kilo a $ 128. Es lo más caro (sin contar la chatarra electrónica, ya que por microprocesadores se puede pagar hasta $ 2.000).

 

Después viene el bronce. El precio de este varía según el color. El colorado se puede pagar a $ 84, pero el amarillo $ 82, siempre por kilo.

 

El plomo se paga $ 29, el zinc $ 28, el alambre $ 27, la chapa $ 21 y el acero inoxidable $ 14.

 

El cartón es barato, $ 1,5 el kilo. El papel blanco $ 4,8, pero el color $ 1,2. El diario solo $ 0.8.

 

En cuanto al plástico, el gran caballito de batalla de las plantas (por algo la ley se llama "ley de envase", se paga $ 8 el claro y $ 7 el de color.

 

Trabajan en las plantas y siguen siendo hurgadores

"Las plantas funcionan mal. Hay muy pocos automatismos y mal aplicados: un elevador, una cinta transportadora que no tiene sentido, y el espacio del almacenamiento de lo procesado no es suficiente", dice categórico Federico Baraibar, de la empresa Cempre, que trabaja con empresas a quienes ayuda en su plan de reciclado.

 

Para él otro problema es el de la mano de obra. "El tema es que se antepuso al objetivo del reciclado el de inclusión laboral, y eso, desde nuestra opinión, es un error. Si bien estamos convencidos de que no se puede pensar la gestión de residuos sin pensar en los recicladores, si tú antepones al objetivo ambiental uno de inclusión laboral vas a tratar de maximizar las fuentes de trabajo, la mano de obra, y no vas a pensar tanto en el procesamiento del material".

 

En el interior las plantas son gestionadas por cooperativas. En Montevideo el sistema es distinto: es el Mides el que contrata a las ONG que gestionan las plantas. Un día a la semana van pero no trabajan, sino que asisten a cursos de alfabetización, alfabetización digital y género. Algunos de ellos, dice Verónika Engler, que está al frente de la Planta Durán, siguen siendo hurgadores en carros con caballos, o esta tarea la pasaron a otros miembros de su familia.