En el Frente consideran “insustancial” el planteo ciudadano por UPM

Oficialismo se apresta a a tomar postura sobre el pedido de juicio político y carga contra los “agoreros de la inconstitucionalidad”.
Aunque la bancada de gobierno tomará posición este martes sobre el pedido, el Frente Amplio ya adelantó que considera “insustancial” lo presentado por varios cientos de ciudadanos destinado a promover un juicio político en el Parlamento a los integrantes del Poder Ejecutivo que firmaron el contrato con UPM, que piden además sea anulado.

Un planteo que ingresó a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados el 12 de diciembre pero que, por “asuntos administrativos”, el oficialismo tuvo dificultad en acceder, según se esgrimió.

“No es sorpresa para nosotros que, cada vez que el gobierno nacional toma la iniciativa y recorre los pasos pertinentes, aparezcan por todos los lados los agoreros de la inconstitucionalidad y todo este tipo de recursos”, señaló el diputado Darcy de los Santos (Partido Socialista).

El legislador, oriundo de Rocha, realizó una consulta primaria a su coterráneo el experto el Derecho Constitucional José Korzeniak.

La respuesta fue que, al ser una petición amparada en el artículo 30 de la Constitución, “no tendríamos ni siquiera la obligación de tratarla”. Korzeniak también habló de la “insustancia” de la denuncia.

Es por eso que De los Santos pidió a la comisión concentrarse en los temas “mucho más relevantes en los que necesitamos avanzar” ya que “en esto existe una insustancialidad total”.

El diputado se ofreció a leer algunos elementos si el debate así lo que requería, admitiendo que “no tenemos la preparación para generarlos y lo reconocemos”, pero “sinceramente consideramos que esto es insustancial”.

De los Santos apuntó a la oposición por plantear políticamente un tema e introducirlo “por la ventana de atrás” en la primera sesión del año en la comisión.

“Todos los periodistas nos empezaron a consultar; estoy seguro de que a muchos de ustedes los llamaron para consultarlos sobre este tema del que, reitero, no teníamos ninguna noticia oficial”, se quejó.

Con esta postura coincidió Pablo González (Lista 711), que planteó sus dudas con respecto a la fecha de presentación de la petición y el plazo para considerarla.

También sobre los antecedentes de un asunto por el que concurrieron anteriormente varios ministros al Parlamento. Es por eso que pidió recibir las correspondientes versiones taquigráficas “sobre este tema, que desconozco completamente”.

Hasta no tener todos los elementos, González dijo no estar en condiciones de votar.

Cecilia Bottino (MPP) fue más allá y, citando un manual de Derecho Público y Constitucional del propio Korzeniak, afirmó que la Cámara no está obligada a considerar la petición.

Citando al experto, sostuvo que “la expresión 'a petición de parte' debe entenderse en un sentido mucho más amplio, comprendiendo a un Partido, o a un particular cualquiera que sostuviese, por ejemplo, que es una víctima de un delito grave cometido por alguno de los gobernantes pasibles del juicio político”.

Así, como se trata de una 'petición', no obliga a su tratamiento. “De otro modo, esta manera de interpretar la frase podría ser un estímulo para una interminable gimnasia de propuestas infundadas de juicio político", agregó.

Bottino alertó sobre entrar a convocar delegaciones “que van a ser numerosísimas para referirnos a un contrato que ni siquiera conocemos porque hace referencia a que está publicado en la página web de tal fecha, pero ni siquiera lo identifica nos parece que sería entrar al procedimiento que, inclusive, tendríamos que analizar cuál es”.

Es necesario saber
El planteo había sido elevado oficialmente a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados por el nacionalista Pablo Abdala.

Lo cierto es que, en un análisis primario, el legislador sostuvo que es probable que no existan elementos suficientes para promover el juicio político pedido por los ciudadanos.

“No aparecen aquí individualizadas las autoridades respecto de las cuales esa solicitud está referida”, admitió. De todas formas, dijo que la comisión debería considerar el escrito presentado y los fundamentos que allí se esgrimen.

Entre otras observaciones, se apunta a posibles apartamientos de la Constitución y afectaciones a la soberanía nacional. Por ejemplo en lo referido al artículo 47 de la Carta Magna sobre la utilización de, agua como recurso. También a la eventual invasión de la competencia de distintos poderes del Estado por parte del gobierno a la hora de suscribir el acuerdo.

De allí que Abdala considere necesario conocer la posición del Poder Ejecutivo, y por eso planteó convocar al secretario de la Presidencia, Miguel Toma, al prosecretario, Juan Andrés Roballo, y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, que fueron los que firmaron el contrato.

Su correligionario Pablo Iturralde consideró atendible lo expuesto por De los Santos propuso convocar a Korzeniak.

Desde el Partido Colorado, Ope Pasquet sostuvo que el planteo ciudadano es de evidente importancia y relevancia.

“Hace mucho tiempo que se discute en el país sobre los distintos aspectos de un eventual acuerdo con UPM”, dijo. “Se ha discutido desde múltiples puntos de vista: si económicamente le conviene al país; los efectos que esto tendría para bien o para mal; el impacto sobre el medio ambiente. Todo ha sido controvertido, y algunos aspectos no son de completo conocimiento público”, apuntó.

Pasquet recordó que no se ha dado difusión a todos los aspectos relevantes de esta cuestión, en función de que se ha mantenido cierta reserva administrativa sobre ellos.

“Lo cual me parece especialmente preocupante vista la magnitud de la obra y el tiempo durante el cual producirían sus efectos la obra misma y los acuerdos que serían su base jurídica” expresó. “La opinión pública está atenta a todo esto, está preocupada, y, por lo menos, tiene dudas y espera aclaraciones”, agregó.

Pasquet expresó sus dudas de que lo firmado con UPM sea un contrato.
“Me parece que es apenas una declaración de intenciones”, dijo. “Como ambas partes dejan a salvo su posibilidad de no cumplir con nada y retractarse de todo esto en cualquier momento sin que ello genere responsabilidad alguna, me parece evidente que no estamos ante la creación de obligaciones en el sentido jurídico preciso del término” explicó. “Y si no hay obligaciones, no hay contrato, porque en nuestro derecho el contrato es fuente de obligaciones”.

Con todo, para el legislador colorado es una cuestión que hay que aclarar.

“Lo que está clarísimo es que si hay una cuestión de constitucionalidad explícitamente planteada en un negocio de esta importancia, de miles y miles de millones de dólares, por lo menos, debemos escuchar a quienes nos vienen a decir que aquí se están cometiendo gruesas irregularidades”, expresó.

ECOS URUGUAY - 11 febrero 2019