La controversia por una segunda terminal de contenedores enfrenta dos interpretaciones sobre el marco jurídico portuario. Neltume sostiene que el TCA eliminó una restricción para nuevas concesiones; Katoen Natie afirma que sus derechos contractuales permanecen vigentes. El proyecto de US$ 900 millones continúa pendiente de decisiones estatales.
La propuesta de construir otra terminal especializada de contenedores en Montevideo abrió una discusión sobre la relación entre una sentencia anulatoria y los compromisos asumidos por el Estado. → Neltume Ports, accionista mayoritario de → Montecon, defiende la viabilidad jurídica de su iniciativa. → Katoen Natie sostiene que su desarrollo podría vulnerar el acuerdo firmado con Uruguay en 2021.
En su declaración difundida el 5 de octubre, Neltume afirmó que presentó el proyecto dentro del marco jurídico vigente y que corresponde a las autoridades evaluar sus méritos. La inversión anunciada, cercana a US$ 900 millones, constituye una propuesta empresarial y no una obra autorizada o en ejecución.
Qué disposición cuestionó el TCA
El argumento de Neltume se apoya en la sentencia N.º 719/2025 del → Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), del 17 de diciembre de 2025, que anuló la cláusula 3.5.4 del régimen de gestión de → Terminal Cuenca del Plata (TCP).
El texto original del Decreto 114/021 establecía que no se otorgarían nuevas concesiones, permisos o autorizaciones para otra terminal especializada durante la vigencia de la concesión, salvo que TCP superara el 85% de su capacidad anual durante dos años consecutivos. También disponía que esa condición no podía aplicarse mientras se desarrollaba la ampliación prevista.
Neltume interpreta que la anulación dejó al Estado libre de esa limitación. Además, considera que la estabilidad jurídica pactada con su competidor no puede restablecer una disposición que el tribunal declaró contraria al ordenamiento.
La defensa contractual de Katoen Natie
La empresa belga coloca el centro de su argumentación en el contrato y en la cláusula de estabilidad jurídica. Según la posición expuesta por su gerente de Relaciones Institucionales, Fernando Correa, el acuerdo constituye un conjunto indivisible y una decisión administrativa que perjudique las condiciones pactadas podría configurar un incumplimiento.
El régimen aprobado en 2021 estableció la prórroga del plazo de gestión por cincuenta años desde junio de 2031, extendiéndolo hasta 2081. Katoen Natie sostiene que la protección contractual frente a cambios normativos adversos continúa vigente y advirtió sobre un eventual procedimiento arbitral si la iniciativa de Neltume avanza en condiciones que considere incompatibles con el acuerdo.
Esa advertencia expresa la posición de la compañía. No equivale a una decisión arbitral sobre la responsabilidad del Estado ni determina por sí sola una indemnización.
Una sentencia y una autorización son etapas diferentes
La eliminación de una restricción normativa debe distinguirse de la aprobación de un proyecto concreto. La iniciativa todavía requiere evaluación pública y los procedimientos correspondientes para una eventual adjudicación. Tampoco las interpretaciones difundidas por las empresas resuelven, por sí mismas, todas las consecuencias contractuales del fallo.
La → Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Gobierno deberán considerar el encuadre jurídico junto con la demanda prevista, la capacidad disponible, los accesos, las inversiones complementarias y las condiciones de competencia regional.
Para los usuarios del puerto, el interés práctico se concentra en los costos, la calidad del servicio y la continuidad operativa. Las expectativas de captar más cargas y fortalecer a Montevideo como plataforma regional forman parte de la propuesta de Neltume; su concreción dependerá de la evaluación y del desarrollo efectivo del proyecto.
Fuentes principales
ICI Forestal – Elaboración propia a partir de fuentes oficiales y técnicas.
