ROCHA
Los cambios que hará Ambiente en Cabo Polonio y las exigencias que pondrá a los millonarios proyectos en desarrollo
Plantearán extender el comodato a quienes construyeron en tierras del Estado a cambio de que resuelvan el tratamiento de aguas domésticas.Con dos extensas playas de arenas blancas, sin luz eléctrica en las casas y con un acceso restringido al agua potable, Cabo Polonio suele ser uno de los destinos que más enamora a turistas locales y extranjeros que lo eligen para descansar y desconectarse.
El pequeño balneario está inserto en una área protegida de gran belleza paisajística, a la que la mayoría accede en camiones aunque algunos propietarios lo hacen en camionetas, y su desarrollo es motivo de atención tanto para pobladores como autoridades que buscan conservar su esencia al tiempo que avanzan en la regulación de las construcciones.
A mediados de enero, una delegación de Ambiente encabezada por el ministro Robert Bouvier estuvo recorriendo la zona y observando el funcionamiento de las cercas captoras de arena instaladas por los técnicos en las playas norte y sur. "Vienen funcionando bien", dijo a El Observador el director nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Gerardo Evia.
En ese entonces, el ministro se reunió con el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, y anunciaron algo que era un secreto a voces entre los locatarios: que iban a conformar un “equipo legal” para realizar mejoras en el plan de manejo del balneario.
Aprobado con polémica en 2019 –diez años después del ingreso del Polonio al Sistema de Áreas Protegidas– el plan es el documento madre que ordena el funcionamiento del Cabo. Dice cómo y dónde se puede construir, fija plazos para hacer modificaciones y establece una serie de exigencias ambientales.
Pero aunque su puesta en marcha insumió años de discusiones, el plan fue recurrido por buena parte de los grupos que tienen ranchos en la zona. Gabasol, una sociedad anónima que nuclea a los dueños de 80 casas sobre la playa sur, presentó un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para dejar sin efecto algunos ítems de la normativa. Lo mismo hicieron dueños de casas en las rocas y quienes construyeron ranchos en tierras del Estado. El resultado de los juicios se espera para este año.
Con esta disputa como trasfondo, la intención del gobierno es negociar en el marco de la apertura del plan con los ocupantes de terrenos del Estado (unas 300 casas) y acceder al principal de sus pedidos: otorgarles un comodato de uso de las viviendas construidas por veinte años a cambio de que resuelvan las aguas tratadas de sus domicilios, según dijeron a El Observador fuentes de Ambiente.
Actualmente, el plazo fijado es de diez años, pero los pobladores lo rechazan y piden también que se incluya una prórroga por otros veinte años. “Dichos mecanismos alternativos podrán habilitar la permanencia por un cierto plazo, en sectores identificados por la administración en donde el impacto de su permanencia sea considerado admisible”, dice el plan, que aclara que “de ningún modo se podrá interpretar como una renuncia a los derechos que pudieran corresponder incluso aquellos reconocidos judicialmente, en caso que algún interesado no quisiera ampararse en dichas soluciones alternativas”.
A su vez, Evia señaló que Ambiente junto a la Intendencia presentarán este año un plan de saneamiento para todo el balneario, una iniciativa considerada esencial para el desarrollo.
Proyecto millonario
Más allá de la apertura del plan, el gobierno también debe definir sobre otro desarrollo propuesto para el balneario. Se trata de “Arenas del Cabo”, un proyecto ideado por el grupo Balsa & Asociados tras adquirir la “sucesión Tisnés”, un padrón con acceso privilegiado a la playa de La Calavera (norte) donde actualmente hay 90 edificaciones.
El desarrollador Juan Balsa dijo a El Observador que a la brevedad pedirán la Autorización Ambiental Previa (AAP), el primer paso para construir 45 casas nuevas que ya están a la venta. El grupo proyecta, a su vez, hacer de cero otros treinta ranchos que ya están construidos.
Los terrenos van desde US$ 125 mil hasta US$ 160 mil. Ofrecen tres modelos de casas: unas de 42 metros cuadrados, otras de 62 metros cuadrados y las últimas de 80 metros cuadrados.
Si bien aún se debe clasificar el proyecto (en una escala gradual que va de A hasta C dependiendo de los impactos que tenga), técnicos consultados coincidieron en que posiblemente sea B, lo que exigirá la realización de un estudio de impacto ambiental.
En Ambiente no hay una posición unánime respecto a si los estudios serán de todo el desarrollo o individuales (de cada una de las casas).
A medio camino
Al aprobar el plan de manejo, en febrero de 2019, el gobierno se puso una serie de objetivos ambiciosos cuyo cumplimiento es parcial.
A modo de ejemplo, uno de ellos planteaba eliminar el 50 % de la totalidad del tránsito vehicular en el sistema dunar y en el paisaje cultural, mientras que otro fijó para el quinto año una reducción del “número de construcciones en el litoral rocoso del domo de alto impacto ambiental”.
Para febrero de 2024, la idea era que todas las casas, emprendimientos gastronómicos y de alojamiento utilizaran “agua con niveles de calidad y cantidad adecuada según los distintos usos” mientras que todas las nuevas edificaciones debían contar con “equipos sanitarios de alta eficiencia en el consumo de agua y sistemas para el aprovechamiento del agua de lluvia”.