Directorio de AFE evalúa si hubo delito en rescisión de contrato a último momento a "empresa amiga" de su expresidente

La empresa incumplió las tareas por las que había sido contratada pero el organismo no quiso reclamar los daños y perjuicios.El 16 de marzo de 2020, un día antes que el Parlamento aprobara por unanimidad las venias de las nuevas autoridades, el directorio saliente de AFE firmó la rescisión con una empresa que había contratado de forma directa para desmalezar terrenos que la administración tiene en el barrio Peñarol.

La decisión se tomó tras verificar que había incumplido las tareas por las que había sido contratada.

Pese a que ocurrió hace más de tres años, el caso todavía puede tener repercusiones, ya que el actual directorio está analizando la existencia de algún tipo delito debido a que –entre otros asuntos– se desoyó un informe jurídico que sugería “reclamar los daños y perjuicios padecidos”.

Documentos que forman parte del expediente, a los que accedió El Observador, dan cuenta que la empresa fue contactada a pedido del expresidente de AFE, Wilfredo Rodríguez. Esto llevó al vicepresidente actual de AFE, Gustavo Osta, a señalar que se “estaría ante otro caso de clientelismo o amiguismo” algo que “podría configurar alguno de los delitos contra la administración pública”.

Los directores también estudian el proceso de contratación en 2018 y 2019 de esta empresa por parte de Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF), la subsidiaria de AFE que opera en el derecho privado, por casi $6 millones, ya que también se registraron incumplimientos. “Rodríguez solicitó que se contacte en AFE a la misma empresa –oriunda de su departamento– que contrató en SELF por varios millones de pesos”, subrayó Osta.

La idea es sumar el tema a la comisión investigadora que propondrán los colorados en el Parlamento y que tomará como base los resultados de una auditoría realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que detectó diversas irregularidades y falta de controles en los últimos años.

La auditoría también está siendo estudiada por el abogado Jorge Barrera, quien debe determinar si hay razones para hacer una denuncia penal.

Cercanía departamental
La decisión de desmalezar los “Talleres Peñarol” fue tomada en abril de 2019 por parte de las autoridades de AFE, quienes encomendaron a la gerencia de infraestructura a relevar empresas que pudieran realizar la tarea.

Tres empresas presentaron cotizaciones, de las cuales una fue contactada a pedido de Rodríguez, de acuerdo con un informe del 25 de abril realizado por la gerencia de infraestructura.

“De acuerdo a lo solicitado por el señor presidente, se contactó a la empresa RF para que realizará el desmalezado en las zonas 1, 2, 3, 4 y 6 y a la empresa Retromax para que hiciera el desmalezado en la zona 5”, dice.

Tras analizar diferencias en los presupuestos (que iban desde US$ 15 mil hasta US$ 23 mil), y señalar que no contaban con “antecedentes laborales y/o empresariales de RF”, la gerencia de infraestructura recomendó contratar a Monali dado que la organización “ya ha trabajado con ellos y sus antecedentes son por demás satisfactorios”.

Pese al informe, en junio de 2019 AFE firmó el contrato de arrendamiento con RF, una empresa que declaró estar domiciliada en Rocha.

Meses después, al detectar que los trabajos que debían extenderse por 35 días no se habían realizado, en noviembre AFE convocó a RF a que explique “los motivos de su retardo y cuándo pensaba cumplir con el contrato”.

“Fruto de esa reunión expresó que iba a integrar mayor personal a los operarios involucrados sin dar fecha cierta de culminación de los trabajos” aunque casi un mes después, el director de obra del organismo estimó que la empresa solo había cumplido con el 30% o 35% del total de la obra, señala un informe del asesor letrado jefe de AFE, Eduardo Pittamiglio.

En ese informe, fechado el 19 de diciembre de 2019, Pittamiglio sugirió rescindir el contrato debido a los incumplimientos, los cuales además fueron reconocidos por RF en la respuesta a un telegrama colacionado enviado por AFE.

“No ha actuado con la diligencia ni profesionalismo que permitan sostener que satisfacerá el interés de AFE en un plazo razonable”, escribió el abogado, que señaló que la rescisión del contrato los eximía del pago y les permitía “reclamar los eventuales daños y perjuicios padecidos”.

El planteo fue tomado parcialmente por el directorio de AFE, que notificó al constructor, quien poco más de una semana después adelantó su “consentimiento” a rescindir el contrato y aseguró que no tenía nada que reclamar por “concepto alguno relativo a los trabajos parcialmente realizados”.

A pesar de la sugerencia de Pittamiglio, el directorio optó por no reclamar por los daños y perjuicios, y el 16 de marzo de 2020, el día previo a la votación parlamentaria de las venias, firmó la rescisión del contrato.

Presunción de corrupción
Al comparecer por la Rendición de Cuentas, las autoridades de AFE señalaron ante diputados y senadores que el predio estaba siendo limpiado tras la firma de un convenio con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali).

El presidente, José Pedro Pollak, recordó que antes se había registrado una “compra directa frustrada” a una empresa de Rocha que “no pudo ejecutar el contrato”. “Obviamente, esto está siendo objeto de análisis y de auditoría por parte del actual directorio”, expresó.

A su vez, Osta dijo que estaban “estudiando, investigando y podría tener una derivación penal”. “La calificación final después correrá por la justicia”.

Lereté habló de “presunción de corrupción” y apuntó contra Rodríguez. “El expresidente de AFE era de Rocha. Entonces, yo quiero saber si existe o no alguna vinculación al respecto”, expresó.

“Quiero aclarar que a mí me tocó, en su momento, frenar actos de corrupción en AFE cuando se intentó adjudicar una licitación a una empresa compañera para hacer determinado trabajo de la lista 711”, dijo según consta en la versión taquigráfica.

Diario EL OBSERVADOR -Montevideo - URUGUAY - 28 Setiembre 2023