Manini es crítico con proyecto Arazatí y Cabildo analiza cómo pararse en la interpelación a ministro de Ambiente
Desde el Frente Amplio esperan tener en las próximas horas conversaciones con el coordinador de la bancada de Cabildo Abierto."Si nuestro proyecto de ley estuviera vigente, este tipo de contratos tendría que tener la venia del Senado. Vamos a ver bien la posición a tomar", dijo a El Observador el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en horas en que el partido discute cómo pararse en la interpelación sobre el proyecto Arazatí convocada para este jueves por los diputados del Frente Amplio.
El senador pidió en la reunión de la bancada del lunes la opinión de sus diputados, según supo El Observador. Los cabildantes volverán a reunirse en la tarde de este miércoles –el día previo a que el frentista Felipe Carballo interpele al ministro de Ambiente, Robert Bouvier– para unificar sus posturas, y recibirán informes de sus jerarcas en el tema: Eduardo Andrés (director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) y Norbertino Suárez (exdirector de Ordenamiento Territorial y actual titular de Secretaría en Vivienda).
Manini Ríos ha manifestado como una de las iniciativas de su mayor interés un texto que obliga a que los contratos del Estado que excedan un período de gobierno pasen por el Senado, que tendría 60 días para pronunciarse al respecto. El proyecto, que no ha tenido avances en la comisión de Hacienda, hace ruido tanto en el oficialismo como en la oposición.
A comienzos de año, antes de la investigación que inició Fiscalía que llevó a su desafuero, el herrerista Gustavo Penadés se había ofrecido incluso para articular dentro del oficialismo y encontrar una salida política ante la demanda de su socio de gobierno. Cabildo ha alegado que la concesión sin aviso a Katoen Natie en el puerto de Montevideo había sido uno de los "sapos más grandes" que el partido había tenido que tragarse.
La planta potabilizadora que captará agua bruta en el Río de la Plata en la zona del Puerto Arazatí en San José, recibe desde Cabildo Abierto cuestionamientos que no distan mucho de los esgrimidos por el frenteamplista Carballo como miembro interpelante. OSE adjudicó el proyecto la semana pasada al consorcio Aguas de Montevideo, responsable de formular la iniciativa privada que requerirá una inversión de US$ 304 millones. OSE pagará esa inversión con un canon de casi US$ 50 millones anuales durante 20 años por disponibilidad del agua y mantenimiento cuando la obra esté pronta (más de US$ 800 millones en total).
El diputado cabildante Rafael Menéndez –uno de los dirigentes del partido más comprometido con los temas ambientales– sostuvo que "desde el punto de vista personal" pretende que el gobierno "aclare" dos aspectos. "Uno de orden técnico respecto a la factibilidad del proyecto, cuando se habla de que habrá muchos días con alta salinidad en el río", señaló a El Observador.
"Lo otro es qué alternativas se cotejaron", se preguntó, mientras maneja información de iniciativas privadas para tomar agua del Río Negro con "un costo estimado bastante menor que el del Neptuno". "Por qué se descarta esa toma de agua, siendo una cuenca totalmente diferente a la de Santa Lucía", inquirió Menéndez.
"Y lo otro que me quedan dudas es por qué serían más de US$ 300 millones de inversión para un producto con 100% de demanda, que se cobra al contado y encima a quien no la paga se le puede cortar el servicio, por qué se termina pagando más de US$ 800 millones. Es el negocio que todo el mundo quisiera, no sé por qué el Estado termina dándole el negocio a privados y pagando cuatro veces más", concluyó.
El miembro interpelante, por su parte, confió en "buscar respuestas" y "echar luz" a un proyecto "que viene bastante oscuro". "Partimos de la base que esto es ilegal y nunca debió partir de una iniciativa privada", declaró a El Observador.
"Lo consideramos inconstitucional por violar el artículo 47 de la Constitución, porque es la forma en que pasa a manos de los privados el agua, ya no solo la construcción de la obra, sino porque van a tomar el agua bruta y entregarla a los funcionarios de OSE para que la suministren", aseveró el opositor. "Tenemos un fuerte cuestionamiento al modelo financiero de este proyecto que va a costar US$ 300 millones y el estado va a terminar pagando más de US$ 800 millones", finalizó.
Desde el Frente Amplio esperan tener en las próximas horas conversaciones con el coordinador de la bancada cabildante, Álvaro Perrone.