Carmen Sosa, de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida:
“Los mega proyectos dejan un pasivo ambiental que pagamos nosotros”
Hablar de la calidad del agua potable, de la condición del agua en nuestro país, de las reservas de agua dulce, del Proyecto Neptuno, de la posibilidad de construir una presa en Casupá, de la realidad de OSE y sus funcionarios. Estas cuestiones no son ajenas a Carmen Sosa, militante ambientalista de nuestro país que acepta gustosa cada instancia de diálogo y conversación con los medios y la población.
En este caso la entrevista con El Acontecer para conocer formas de pensar y accionar de aquellas y aquellos que establecieron una posición sobre el abordaje de la temática en Uruguay. Carmen Sosa sostiene que mucho se puede hacer y poco se hace.
Integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, en el año 2004 fue una de las personas que celebró la reforma de la Constitución y que por entonces se colocara como derecho humano fundamental el agua y el saneamiento, que solamente podían estar en manos públicas estatales y que la prioridad es para el consumo humano. Más importante que eso, el artículo 47 dice que toda la gestión de los recursos hídricos debe contar con la participación, gestión y control de la ciudadanía. Traducido, todos deberíamos opinar qué se hace con nuestros bienes naturales y recursos hídricos.
Qué consecuencias traen los proyectos que han llegado al territorio en los últimos 30 años, que no han pasado por ámbitos de participación. Por eso Carmen y sus compañeros dicen que la Constitución “ha sido violada sistemáticamente por lo cual llegamos a este punto, muchos movimientos sociales lo dicen, esto no es sequía, es saqueo”.
Carmen no desconoce la situación de sequía que se prolonga por más de 3 años, lo que regularmente debería llover. “Pero también deberíamos saber que nuestro territorio tiene mucha agua dulce y en este momento el agronegocio se lleva el 80% del agua dulce del país. Es ganadería, soja transgénica, plantaciones de eucaliptus, embotelladoras, son datos de la academia que se pueden comprobar fácilmente. Nosotros consumimos menos del 10% y somos los que no tenemos agua potable. Así se ha venido gestionando, tenemos a las pasteras que toman agua del río Uruguay y río Negro. Tenemos a las embotelladoras que hacen pozos. Salus tiene autorizado por Dinagua extraer 3.800.000 litros de agua por día. Agua que mucha de ella exporta, lucra con ella. Con el agregado que no paga nada. En el Código de Aguas del Uruguay, una ley que existe desde 1978, dice que todos los emprendimientos que tomen agua dulce vía pozos o lo que sea, deben pagar un cánon pero nunca se pagó. Estas empresas toman el agua dulce gratis, los únicos que pagamos somos los usuarios de OSE y además por agua que no es dulce, y que no es potable. Esto es fruto de que esa reforma constitucional se ha violado”.
Existen ámbitos de participación como Consejos Regionales y Comisiones de Cuenca, ello es reconocido por Carmen, pero… “todos estos proyectos que mencioné no han pasado por ellos. El Hidrógeno Verde que tenemos ahora y va a sacar agua de Tambores. La Ley de Riego que se votó y es absolutamente inconstitucional… nunca hemos sido consultados si nos parecía bien o mal pagar este pasivo ambiental. El asunto es que estos proyectos dejan un pasivo ambiental que pagamos nosotros, mientras ellos siguen lucrando con su negocio”, expresa.
Todos estos datos que aporta la ambientalista surgen de la academia, son perfectamente visibles y contrastables desde el punto de vista científico o simplemente ciudadano. Sin embargo chocan con realidades bien disímiles. ¿Con un espectro político que no los toman en cuenta? ¿Con un gobierno que no los toma en cuenta?
Responde Sosa. “Creo que en realidad la Constitución lo dice pero cumplirla requiere de decisiones políticas como cambiar el modelo productivo y eso significa dejar el modelo capitalista, y nadie está dispuesto a hacerlo. También digo que nosotros lo debemos hacer, todas las estructuras formales que tenemos –políticas, partidarias, la ley- lo deben hacer. Por una razón muy sencilla, en esto se nos va la vida”.
Hasta la interposición de recursos en la Justicia no ha dado resultado alguno, reconoce la entrevistada. Inclusive el más reciente, Proyecto Neptuno, se mantiene incólume en sus posibilidades.
“Lamentablemente en Uruguay no existen jueces ambientales que se dediquen al punto y también están transversalizados por un tema político. Cuando no se acompaña desde los políticos y se entienda que sin agua no tenemos vida y que está intrínsecamente ligada a estos proyectos que se la llevan, es complicado. Nosotros igual no cesamos de ninguna forma de lucha, interponemos recursos, vamos a juntar firmas, concurrimos a las comisiones de cuenca porque el punto crítico para dar vuelta esto es cuando la gran mayoría de la gente entienda que en esto se nos va la vida. Es un camino ciego que conduce al precipicio. La solución no la dará la academia ni la tecnología, ahora con este Proyecto Neptuno que quieren inventar para sacar de agua salada y luego desalinizarla”.
Desde Limnología se aduce que el agua proveniente de esta posibilidad no será de buena calidad. Y lo explican. Será potable “cuando la fuente sea de buena calidad. Si debes recurrir a una tecnología excesiva no la tendrás, habrá que cuidar la fuente”.
Rogar a Dios
Mientras El Acontecer entrevista a Carmen Sosa, el Presidente Luis Lacalle Pou dice a los medios que ruega a Dios para que llueva. Y a su lado, todo el sistema político también ora.
“En realidad todos rezan para que llueva, son pocas las excepciones que aceptan otra cosa. Nadie da los datos de cuánto se lleva Salus por día. Nadie dice que UPM consume más agua que todo el departamento de Río Negro por día, gratis. Esos datos no los aportan los políticos ni la gran prensa. Y todos ruegan que llueva. Nuestro esfuerzo consiste en decir que tenemos sequía, pero el problema es la gestión que hacemos de nuestros recursos hídricos. Porque la sequía se volverá a dar, y ahí volveremos a rezar supongo. Cada vez será peor porque también la academia dice que en este momento donde estamos sentados sobre el agua dulce, todos nuestros recursos de agua están contaminados en mayor o menor grado debido a la gestión que hemos hecho donde estas empresas hacen lo que quieren”, enfatiza Carmen.
¿Y el trabajo?
Siempre se recurre al mismo planteo ante un ambientalista. ¿Cómo se le explica este razonamiento a una familia cuyo integrante trabajó durante 3 años en la construcción de la planta de celulosa de UPM? ¿Cómo se entabla el diálogo con quien pudo ahorrar, construir su casa, mejorar su calidad de vida? ¿Cómo se le habla a quien trabajará en la construcción del edificio de Google en Pando? ¿Cómo se justifica que el agua que recurrirá ese coloso de cemento se requiere para otro uso?
“Hemos participado en muchas asambleas y nos han planteado. Somos trabajadores y entendemos perfectamente la necesidad de trabajo. Pasa que debemos visualizar que no es la única forma, hay muchas formas y lo han planteado organizaciones sociales y académicos. Hay otro modelo de producción. Con este modelo de producción, en 2015 la miel de Uruguay fue rechazada en Alemania por trazas de Glifosato. Aquel rechazo provocó que 1800 apicultores del país quedaran sin trabajo. Son 1800 familias que para recuperar ese mercado… no se sabe cuándo sucederá. Eso es trabajo digno, venían de generaciones con una vida digna y un salario digno. No el trabajo de UPM y Google que dura 2 años y luego se quedan sin nada. Eso es trabajo real, estable, digno, y se destruyó. Hay muchos ejemplos de ello, han sido expulsados miles de productores del campo. Debemos hacer un balance de ello. La gente que hace producción agroecológica tiene proyectos, cálculos hechos de cuánto se gana con alimentos sanos en comparación a estos emprendimientos que no cuidan la tierra. Están los números hechos, y es mejor que tener un trabajo de 4 años. Eso no es visible porque nadie en el espectro político se lo plantean. Si no logramos la fuerza suficiente para empujar a los tomadores de decisión a que paren las rotativas, deben entender eso. Entendemos al SUNCA pero hay que poner todo sobre la mesa. ¿Vale más un trabajo de 4 años que esta producción que te dará trabajo para toda la vida, decente? Debemos caminar hacia eso”.
Sosa se plantea ciertas preguntas, que lógicamente no tienen una respuesta inmediata. ¿Qué tomaremos cuanto tengamos toda el agua contaminada?
Plantea esta cuestión cuando en Uruguay se estima que medio millón de personas, especialmente niños, toman agua de mala calidad aportada por OSE.
¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista de la salud? Y nadie responde.
“Esto no es un tema ambiental, es político. Acá hay que tomar decisiones políticas que nadie se plantea en este momento. Creo que el poder está en juntarnos y decir de parar esto, de sentarnos a pensar sobre qué país queremos, qué salud precisamos”, concluye la delegada en su paso por la región centro sur, mientras cita ejemplos de otras naciones que han llevado adelante la discusión.