Lío en el puerto: Montecon va a recurrir un fallo adverso de la Comisión de Defensa de la Competencia
Montecon había denunciado a la ANP por no permitirle operar contenedores y había solicitado el cese de las “prácticas anticompetitivas”, así como que se sancionara a la ANP.Montecon recurrió el fallo de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC, un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas), que dio la razón al Estado en cuanto a que la Administración Nacional de Puertos ( ANP ) había actuado bajo el amparo de la normativa.
Según confirmó a El País Gonzalo Lorenzo, abogado de Montecon, la compañía decidió recurrir el fallo de la CPDC aunque difirió los fundamentos para presentarlos más adelante, como lo habilita la ley.
Montecon había denunciado a la ANP por no permitirle operar contenedores y había solicitado el cese de las “prácticas anticompetitivas”, así como que se sancionara a la ANP.
La denuncia de Montecon refería a la asignación de atraque que obstaculizó el pasado 27 de enero la atención de un buque del servicio Ipanema de Mediterranean Shipping Co. (MSC) en muelles públicos donde opera la empresa, lo que implicó una afectación a sus clientes. Según la empresa, esto impidió que la línea cumpliera con su itinerario previsto y que la carga que no pudo ser operada en Montevideo fuera descargada en Buenos Aires. Asimismo, la denuncia hacía referencia al perjuicio en la asignación de muelles públicos a buques del servicio Far East, el principal servicio atendido por Montecon.
“La participación de la ANP como socia de Terminal Cuenca del Plata (TCP) ha sido determinante para que el Estado tomara medidas de privilegio a favor de esta compañía, cuando las leyes le exigían trabajar en régimen de libre competencia con los demás operadores portuarios. El Estado es juez y parte”, advertía la denuncia.
Sin embargo, la CPDC falló a favor del Estado, por entender que la ANP está “amparada” en la normativa y que actuó según lo dispuesto por el reglamento de atraque del puerto, el cual establece un “régimen de prioridades” para buques portacontenedores a TCP, tal y como se acordó en la concesión entre el gobierno y Katoen Natie.