Polémica por alza de tarifas de TCP en el puerto: lo que evalúa el gobierno y qué dice CPA sobre informe utilizado
Según pudo saber El País, el gobierno tiene sobre la mesa la posibilidad de plantear una reversión de la suba tarifaria anunciada. MTOP dijo que “hay una reunión prevista” en estos días, entre el gobierno y TCP.El gobierno analiza por estas horas qué medidas tomar ante el reclamo del sector privado , por la suba del 24,1% de las tarifas portuarias de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), empresa cuyo principal accionista es la compañía belga Katoen Natie con un 80% y el restante 20% es propiedad del Estado.
Fuentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dijeron a El País que “hay una reunión prevista” en estos días, entre el gobierno y TCP pero no precisaron cuándo sería. “Hemos tenido contactos” con la empresa pero de manera extraoficial, “estamos haciendo otras gestiones paralelas”, agregaron las fuentes.
Según pudo saber El País, el gobierno tiene sobre la mesa la posibilidad de plantear una reversión de la suba tarifaria anunciada.
El anuncio del aumento de las tarifas portuarias cayó muy mal en el sector privado. Ante esta situación, la Unión de Exportadores (UEU) informó a El País ayer que le planteó al Poder Ejecutivo “la necesidad de frenar” el incremento.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Fernando Pache, manifestó que los empresarios industriales están “en jaque” porque la medida de TCP “afecta las exportaciones de bienes industriales y las materias primas utilizadas en los procesos productivos”.
Por este motivo, desde la CIU informaron que al igual que el sector exportador, están “realizando gestiones al más alto nivel en procura de revertir tal decisión”.
La suba anunciada por TCP fue también criticada desde la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU), cuyo presidente, Julio Lestido, dijo a El País que “no es una buena noticia porque hace aún menos competitivo a Uruguay”.
En este sentido, el empresario manifestó que el comercio “puede aguantar muy poco más” sin trasladar “el aumento de costos” a sus precios finales, dado que a la diferencia cambiaria con Argentina, a la baja del dólar y al país “poco competitivo”, ahora “se le suma un aumento del 24% en los costos portuarios”.
Si bien desde la CCSU aún no han hecho ningún planteo al Poder Ejecutivo porque defienden la autonomía de la empresa de aumentar sus tarifas, entienden que “habría sido conveniente” que la suba sea “gradual y no de un saque”.
Desde Torre Ejecutiva declinaron hacer comentarios por el momento, así como tampoco quisieron hacerlo desde Katoen Natie y la Administración Nacional de Puertos (ANP).
La representante del Frente Amplio en la ANP, Alejandra Koch, manifestó su malestar por la suba anunciada por TCP. Dijo que la decisión fue tomada “de forma unilateral” y “habiéndose beneficiado del monopolio portuario”.
En el comunicado divulgado por Katoen Natie y la ANP, se argumentó que la suba tarifaria se aplica para “mantener la ecuación de la empresa desde fines de 2020 a la fecha”, dado que “ la caída sostenida del dólar ” en Uruguay, así como “el aumento de los costos, generaron una situación que no es posible mantener”.
Con el objetivo de respaldar su decisión, TCP citó un estudio que le encomendó a CPA Ferrere (ver aparte) para que estudiara su estructura de costos.
En el resumen ejecutivo del estudio de la consultora -al que accedió El País-, se afirmó que “el incremento de la inflación internacional y el fortalecimiento del peso en Uruguay”, provocaron “un cambio significativo e inesperado en los costos unitarios de TCP, que a la fecha no ha sido recogido en las tarifas”.
A inicios de 2021, TCP y el gobierno uruguayo acordaron una extensión de la concesión por 50 años. En ese acuerdo, se había establecido que la compañía haría descuentos en los costos fijos que cobra a los operadores portuarios por contenedor, dado que se preveía un aumento en el volumen de las operaciones y por ende, un incremento en las ganancias las cuales deberían ser trasladadas al consumidor final.
Según CPA Ferrere, en línea con el acuerdo, las tarifas de TCP “registraron una baja promedio de 30,1% en dólares entre 2020 y 2022”, la cual comenzó a concretarse a inicios del año 2021. No obstante, “el incremento de la inflación” a nivel mundial, así como “el fortalecimiento del peso en Uruguay, determinaron un cambio significativo e inesperado en los costos unitarios de TCP, que a la fecha no ha sido recogido en las tarifas”, indicó.
En relación al incumplimiento de la rebaja tarifaria que TCP había acordado con el gobierno, Lestido dijo desconocer “por qué la empresa no bajó” los precios, pero remarcó que “la cámara no se mete porque es un tema entre el Estado uruguayo y la empresa”.
Sobre esto, el presidente de la gremial comercial dijo: “No digo que la empresa no tenga sus razones pero mañana los comerciantes, importadores y exportadores se encuentran de un saque con un aumento en sus costos del 24%. Hay bienes o materias primas que ya fueron pagadas, que están por ser despachadas y ahora esa mercadería no puede sufrir modificaciones porque ya fue vendida a un precio determinado. Es una medida que no ayuda en el contexto actual y que repercute aún más en las utilidades de las empresas”, señaló.
El sector exportador se ha mostrado más crítico y activo en cuanto a los costos portuarios. El presidente de la UEU, Facundo Márquez, había dicho el 25 de mayo -en un evento sobre logística-, que tras el acuerdo de concesión firmado entre TCP y el gobierno, se había conseguido una reducción del 26% en los primeros años, pero indicó que todavía se estaba “muy lejos” de la rebaja que se buscaba por parte del sector exportador.
En este sentido, Márquez había señalado que si bien entendía “las ventajas de este tipo de concesiones a largo plazo”, como exportadores y clientes finales, lo querían ver “reflejado en las tarifas”.
ENTREVISTA A SOCIO DE CPA FERRERE
Alfonso Capurro: “La gobernanza del puerto necesita de una revisión”
-TCP anunció un ajuste de sus tarifas de 24,1% y en el comunicado hace referencia a un informe técnico de CPA Ferrere. ¿Cuál fue el objetivo del trabajo?
-Es un tipo de trabajo que hacemos las firmas consultoras en el marco de la gestión de contratos entre privados o entre actores públicos y privados y de alguna forma tienen cláusulas de ajuste, paramétricas de costos y requieren la opinión de terceros sobre un tema puntual. Como firma consultora nos compete el secreto profesional, con lo cual hacemos referencia a algunas cosas que están en el resumen ejecutivo del trabajo que fue el que divulgó TCP. Somos asesores de TCP y hemos hecho distintos trabajos en los últimos 10 años.
En este caso, TCP tiene tarifas en dólares y costos en moneda local que se ajustan por inflación o por Índice Medio de Salarios y tiene otros costos que están en dólares y que se ajustan por la inflación de Estados Unidos, como por ejemplo contratos de mantenimiento de maquinaria. Al igual que ocurre con muchos exportadores se genera un descalce entre los costos y los ingresos por estructura de monedas, que requiere ajustes periódicos de tarifas asumiendo que todo lo demás está fijo. No es lo mismo este tipo de descalces en tiempos normales y tranquilos que en tiempos volátiles y en los últimos tres años tuvimos un contexto de mucha inflación en Estados Unidos como no había desde hace 40 años y en Uruguay un contexto de mucha inflación en dólares.
Analizamos la estructura de costos de TCP por moneda en base al balance y los contratos de TCP, el impacto que tuvo toda esta inflación de costos en el mercado en la estructura de costos específicos de TCP y con todo eso arriba de la mesa cuantificamos cuál es el aumento necesario de las tarifas para compensar estos aumentos de costos, asumiendo que todo lo demás está constante. Hay consideraciones que no las analizamos en este documento y no era el objetivo del mismo.
Estoy pensando cuando uno analiza una tarifa de una óptica más integral, uno debería analizar la eficiencia operacional de la compañía, cuánto va cambiado el volumen de operaciones en los últimos años, cuál es el entorno de negocios, cómo están los competidores. Eso no formó parte del trabajo.
-¿Qué conclusiones obtuvieron?
-Hay una que es información objetiva de lo que ocurrió en el mercado y ahí los números creo que son bastante claros y que trasciende la realidad del operador TCP y es la misma realidad que afecta a los sectores exportadores. Así, desde diciembre de 2020: la inflación en dólares en Uruguay fue 33%, los salarios en dólares en Uruguay aumentaron 33,5%, el precio del gasoil en dólares aumentó 54% y la inflación en EE.UU. fue 17%.
Todo esto implica que, para una función de producción dada, los costos promedio ponderado de estos indicadores aumentaron entre 17% y 33,5%. En el caso de TCP, hicimos un análisis de los costos de operaciones del año 2020 (año base antes de la rebaja de tarifas por extensión de la concesión), los clasificamos por moneda funcional y contractual y estimamos los ponderadores.
Concluimos que el 55% de los costos están atados a la inflación de EE.UU., el 26% son costos salariales y el 18% son gastos que evolucionan con la inflación de Uruguay. Así que algo más de la mitad de los costos crecieron al ritmo de la inflación estadounidense (es decir 17%), y el resto crecieron 33,5%. Eso da un aumento de costos promedio ponderado de 24,1%.
-Entonces, ¿cómo se fija la tarifa y qué incidencia tiene el informe de CPA en la fijación de la misma?
-La fijación es una decisión empresarial de TCP que está dentro del marco regulatorio vigente. Es una decisión de la compañía que tomó en cuenta distintas dimensiones de negocio.
Una de las dimensiones es este análisis de costo que hicimos nosotros porque está referido en el comunicado y seguramente también TCP habrá considerado otras cosas como el entorno competitivo, las tarifas de otros operadores, las tarifas de otros puertos.
Nosotros no fuimos parte de la decisión y no somos parte de la decisión de la compañía, ni en la interacción con los reguladores. Lo que produjimos fue un insumo más para la decisión, pero la decisión en definitiva la toma la compañía.
-¿Qué establece el marco regulatorio sobre la fijación de tarifas?
-El marco regulatorio de la concesión es amplio y tiene diversas aristas. En términos de tarifas, y para ser sintéticos, el decreto y el documento de Régimen de Gestión establecen que para un conjunto de servicios taxativos, TCP fija la tarifas libremente hasta los máximos definidos en un anexo del decreto.
En definitiva, la norma define tarifas máximas para algunos servicios. Esas tarifas máximas se actualizan en función de una fórmula paramétrica que es la misma que regula el ajuste del canon que paga TCP por la concesión; una fórmula que recoge la inflación en dólares de Uruguay y la inflación de EE.UU. Por la aplicación de esta fórmula, las tarifas máximas han ido subiendo, sobre todo en 2021 y 2022, pero las tarifas vigentes estaban congeladas luego de la rebaja del 2021, en un contexto en que todos los costos subieron. Entonces, TCP definió ajustar las tarifas dentro de este marco y dentro del marco de las tarifas máximas autorizadas.
-Teniendo en cuenta que a TCP se le renovó la concesión por un período largo (hasta 2083), lo que eleva el valor de la empresa y que el compromiso era bajar las tarifas, luego en dos años prácticamente se borra esa rebaja (había sido de 26%). ¿Esto evidencia un problema de regulación de la concesión?
-Es un tema bien complejo y bien pertinente la preocupación. En este informe no analizamos el tema de la regulación de la concesión, es un tema que sí analizamos en un informe que hicimos a pedido de TCP sobre los efectos económicos de la extensión de la concesión en 2021. En ese informe concluíamos varias cosas.
Primero, que la extensión de la concesión habilitaba un aumento del volumen de las operaciones de TCP, ello se podría traducir en ganancias de eficiencia estática (ganancias por una vez) y también ganancias de eficiencia dinámicas que se podían trasladar a una rebaja de precios a los usuarios finales y así se acordó esa rebaja de tarifas que mencionabas.
También decíamos que la extensión de la concesión implicaba priorizar la eficiencia, que se compita mejor en los servicios con otros puertos de la región pero eso suponía sacrificar la competencia intraportuaria, la competencia adentro del puerto a corto plazo. Por eso decíamos que en este marco donde teníamos un operador de mayor tamaño, había que evaluar reformas en materia de gobernanza y regulación de los servicios portuarios para justamente asegurar que estas ganancias de eficiencia dinámica se trasladen a los usuarios finales y se transformen en ganancias de bienestar general, no solamente ganancias del operador.
Eventualmente había que reformar el rol de ANP, que hoy cumple muchos roles que pueden tener conflicto de interés entre sí: prestadora de servicios portuarios, dueño de la infraestructura, accionista en TCP y también es el regulador de TCP. En cualquier diseño relativamente razonable, diría que estos roles deseablemente deberían estar separados.
Más allá del ajuste de tarifas comunicado por TCP, nuestra opinión es que la gobernanza del puerto necesita una revisión. Eso es así incluso antes del acuerdo de extensión de la concesión, pero esta gobernanza parece más necesaria después de la extensión de la concesión porque hay un operador privado que pasa a tener una participación importante y preferente en el movimiento de contenedores.