SE SUGIERE LA MEDIDA PARA TENER FONDOS DISPONIBLES
Varias organizaciones proponen suspender contrato con UPM “ante la emergencia sanitaria y económica”
En la misma línea que la propuesta del diputado de Cabildo Abierto, Dr.Eduardo Lust, varias organizaciones del país han emitido un comunicado de prensa en el que se propone suspender el contrato vigente entre la República Oriental del Uruguay y la empresa finlandesa UPM (conocido como ROUUPM2), a partir de la emergencia sanitaria y económica que atraviesa el país luego de la presencia del coronavirus en la región.
La Coordinación Nacional contra UPM apoya los llamados a suspender el contrato ROU-UPM en vista de la actual situación de emergencia
sanitaria y económica que afecta al país y el resto del mundo.
“En esta situación en la que el país necesita tener fondos disponibles para responder a la crisis es urgente liberar al Uruguay de un compromiso que implica destinar una gran cantidad de fondos que no dan respuesta a la emergencia actual”, se expresa
textualmente.
De acuerdo con lo estipulado en el numeral 7, cláusulas 7.1 a 7.5 del contrato entre ROUUPM firmado el 7 noviembre 2017, se entiende que si existe una “causa extraña no imputable” puede no darse continuidad al contrato. Es decir, entre las causales que impidan que se cumpla el contrato aparece listada una epidemia como el tipo de evento que constituye este tipo de “causa extraña”.
Los argumentos que manejó el abogado constitucionalista Lust —y que fueron publicados en estas mismas páginas días atrás— se promueven desde esta propuesta de la Coordinación Nacional contra UPM, que tiene como referentes a Ana Filippini, Gerardo Padilla, Marcos Umpierrez, Mariana Achugar y Narendra Becerro de Bengoa, entre otros.
EN CIFRAS
“Exhortamos al Poder Ejecutivo y al Parlamento a que liberen al país de las obligaciones que demanda el contrato con ROU-UPM para poder utilizar estos fondos que invierte el Estado en el Fondo Solidario para atender los numerosos y severos perjuicios de la 4645 millones de dólares, según cálculos del Dr. William Yohai basados en los datos públicos disponibles.
“Disponer de estos recursos permitiría evitar cargar a la población de subas en las tarifas y rebajas de salario que hacen una situación de crisis mucho más difícil de sobrellevar. A modo de comparación el aporte salarial de funcionarios públicos de acuerdo a estimaciones de la Ministra de Economía sería de unos US$ 12 millones. La posibilidad de rescindir el contrato con UPM permite que como sociedad tengamos la oportunidad de decidir cómo utilizar los recursos limitados que tenemos para atender las necesidades de nuestra
sociedad y construir un futuro más justo, ambiental y socialmente”, se apunta en el comunicado remitido a El Acontecer.