PLEBISCITO REFORMA CONSTITUCIONAL URUGUAY SOBERANO.
Marcelo Marchese
El 20 de febrero, fecha límite para que UPM notificara su Decisión Final de Inversión, nació la Comisión Nacional Pro Plebiscito Uruguay Soberano, cuyo objetivo es impulsar una Reforma Constitucional que anule el Contrato ROU UPM y reglamentar futuros contratos de inversión de este tenor.
Como acostumbra UPM y su siervo, el Poder Ejecutivo, que son como esas bacterias que medran en la sombra, no notificaron si dieron el "SÍ", pues ellos gustan del secreto de por sí, es un gusto por el secreto, digamos, constitutivo, pero dejemos a estas gentes, su moral y su idea de la democracia y vayamos a lo nuestro.
La Comisión URUGUAY SOBERANO estará abocada a la tarea de conseguir un 10% de las firmas del padrón electoral para llamar a un plebiscito el 27 de octubre del 2024, lo que implica una labor concreta, reunir 300.000 firmas, y significa dar una batalla ideológica explicando el por qué de la iniciativa, y esa batalla ideológica, cuando los defensores de UPM y su proyecto nefasto se animen a dar el debate público, girará fundamentalmente en torno al rol de la inversión extranjera en nuestro País.
Según los inversores extranjeros en nuestro País, que han logrado que ciertos locales repitan como monaguillos sus monsergas, sin ellos nos hundiríamos en la pobreza. Sin ellos, los inversores extranjeros, no seríamos nada. Veamos más de cerca estas afirmaciones apocalípticas.
Como recordaremos, no mucho tiempo atrás, teníamos empresas nacionales elaboradoras de bebidas, como la SALUS, e instituciones financieras nacionales como OCA. La maravillosa inversión extranjera sin la cual viviríamos en un desierto, se ha apoderado de la SALUS y de OCA, así como de tantas otras cosas. No vino a agregar nada nuevo, simplemente se apoderó de algo existente: sea tierras, sea frigoríficos, sea procesamiento del arroz, sea exportación de cereales, sea grandes superficies comerciales, sea elaboradoras de bebidas, sea entidades financieras, sea lo que sea.
En lo que sí ha agregado algo nuevo el inversor extranjero es en el procesamiento primario de la madera con resultados desastrosos, pues la madera hay que plantarla, y para plantarla hay que desplazar otros rubros más dinámicos. No nos referimos al minúsculo porcentaje de madera para aserraderos, sino a la madera para pasta de celulosa. No sólo desplazan otros rubros más dinámicos, que aportan más valor a la cadena productiva, sino que además deterioran el suelo y el agua, grandes virtudes que todavía tiene nuestro País, y vacían el campo, lo que desde todo punto de vista es nefasto. Allí donde hay grandes extensiones de eucaliptos -más de un millón de hectáreas de las 16 millones que tenemos- no hay un alma.
Resulta que este capital extranjero que se apodera de nuestros principales rubros ya existentes, como cuando una gran cadena de farmacias se apodera de una nueva farmacia de barrio o cuando un Súper liquida a un almacén, ahora tiene una nueva dinámica expresada por el bendito Contrato ROU UPM: para lograr su propósito, que no es ganar dinero a toneladas sino darnos trabajo, exigen que invirtamos en su negocio miles de millones de dólares. Nosotros pondremos más dinero que ellos, pero recibiremos cero peso de beneficios y ni siquiera pagarán los impuestos que los uruguayos -los almaceneros, los farmacéuticos y todos los demás- pagamos y pagaremos.
Amén de dinero, exigen no ser juzgados por nuestra Justicia, exigen que nuestro Parlamento no elabore ninguna ley que altere sus ganancias (acá se olvidaron que decían que venían a darnos trabajo) exigen que le demos el río más grande del País, exigen el privilegio del uso de una vía de ferrocarril, como si el lector no pudiera caminar por una vereda si la empresa extranjera la quisiera para ella sóla, y exigen redactar los planes de estudio de las Universidades Tecnológicas para formatear a los futuros súbditos.
Esas son las condiciones de esta inversión extranjera: que seamos los principales inversionistas pero sin ser socios, un negocio de lo más curioso y sospechoso. Darán empleo permanente a 500 personas, toda una maravilla.
Nos dicen ellos y sus monaguillos que la única inversión posible es la que ellos aportarían, recordémoslo, sin embargo, pruebas al canto, ahí tenemos esos cuatro o cinco mil millones de dólares que invertiremos para ellos, y ese dinero contante y sonante saldrá de nuestros bolsillos.
¿Qué podríamos hacer con esos cuatro o cinco mil millones de dólares? Podríamos usarlos para detener la ruina de nuestra producción nacional, habida cuenta que cierran fábricas, tambos y granjas, y también podríamos destinar parte de ese dinero para mejorar nuestra educación pública que viene en bancarrota, una educación pública que luego determinará todo, desde la calidad de nuestra democracia hasta la calidad de nuestra producción.
Así que no hay nada que temer. Diciéndole NO a este Contrato, evitaremos regalar dinero, naturaleza y salud, amén de evitar que se deteriore nuestra República, ahora, hay una segunda objeción asociada a nuestra Reforma Constitucional: "Si anulamos el Contrato, UPM nos llevará a un tribunal internacional como nos ha llevado ARATIRÍ, y nos cobrará fortunas".
Es posible que UPM nos lleve a un tribunal del Banco Mundial, pero también es posible que no nos lleve a ningún tribunal del Banco Mundial por el sencillo motivo de que si triunfáramos en un plebiscito deteniendo esta aberración, poniéndole freno a esta verdadera invasión sin armas, no le convendría al Banco Mundial andar publicitándolo por ahí. Las cadenas informativas internacionales, si triunfáramos, guardarían violín en bolsa y seguirían hablando del coronavirus o de cualquier otra cosa con la cual quieran meternos miedo.
Tampoco le convendría al Banco Mundial sancionar a favor de UPM para demostrarle al mundo que las Democracias, para ellos, son puro cuento. Si estas personas tienen el poder que tienen, es porque han convertido a la hipocresía en una virtud.
Ahora, supongamos que UPM quisiera llevarnos a juicio para apoderarse de nuestro dinero y que el Banco Mundial lo apoyara así las Democracias escarmientan y aprenden de una buena vez quién manda en este mundo. En ese caso tendríamos excelentes argumentos para vencer en ese plausible juicio.
Primero, porque nuestra población declaró este Contrato nulo; segundo, porque el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de firmar un acuerdo de esa naturaleza; y tercero, porque no es un Contrato, es un acuerdo que viola toda la normativa nacional e internacional.
En un Contrato, cada una de las partes da algo a la otra. En este mamarracho, nosotros damos y luego UPM decide, por sí y ante sí, si da algo, que sería instalar su planta. Este último detalle hace a este acuerdo indefendible, motivo por el cual no vemos a muchos abogados saliendo a defenderlo y perdiendo todo su prestigio por el camino.
La Reforma Constitucional establecerá que no se requiera un imposible 25% del padrón electoral para llamar a un referéndum para revocar una ley, sino un razonable 10%. Es una propuesta harto coherente, pues si se precisa un 10% para llamar a reformar la Constitución, que es la ley fundamental de un País ¿qué sentido tiene pedir un 25% para llamar a derogar una ley cualquiera?
Alguien objetará que con esto crearemos un caos, lo cual es un argumento muy flojo: nadie dedicará horas y horas de su tiempo a derribar una ley que no sea considerada inaceptable por un buen porcentaje de la población, y además, ahí tenemos ese 10% que se exige para Reformar la Constitución, cosa que no ha provocado caos ninguno.
Con esta medida nos aseguraremos que en el caso que el Parlamento aprobara con una mayoría especial un nuevo Contrato ruinoso, deberíamos hacer un amplio esfuerzo para llamar a un referéndum, pero no un esfuerzo imposible.
Queremos más y mejor democracia. Habida cuenta de cómo actúan nuestras autoridades, que no son otra cosa que funcionarios públicos que debieran defender a la Nación, y sin embargo se creen que habitan en el Palacio de Versalles, conviene no ponerle vallas insalvables a la democracia directa, la misma que nos permitió asestarle un golpe de muerte a la dictadura en 1980.