PROYECTO CON PÉRDIDAS
UTE decide liquidación y cierre de Gas Sayago
Un negocio fallido que arroja pérdidas de U$S 200 millones.
En dos sucesivos tuits el diputado blanco Pablo Abdala advirtió sobre la liquidación de Gas Sayago. El representante adjuntaba la resolución oficial de UTE, accionista mayoritario en el proyecto de planta regasificadora, que comunicaba la decisión de suspender el llamado a licitación y proceder al cierre y liquidación de la empresa que, en los hechos, nunca pasó de un mero proyecto.
“UTE resolvió la liquidación de Gas Sayago. La resolución debió tomarse en 2015, hace 4 años, cuando la regasificadora fracasó. Son conocidas las pérdidas que todo esto generó (y sigue generando). Pasaron las elecciones, ya no hay que disimular el fracaso”, advertía Abdala en su cuenta de Twitter.
La resolución de UTE está fechada el pasado 12 de diciembre y expresa en dos ítems la decisión de “Disponer que se inicien las acciones apropiadas para proceder al cierre y liquidación de Gas Sayago S.A.”. En el siguiente se expresa “Oficiar a Ancap en los términos del caso comunicándole la presente resolución”.
“Creo que esta es la confirmación del fracaso más rotundo, que sin ninguna duda representa todo el proceso trágico de la planta regasificadora. Para el país deja una secuela de pérdidas en el entorno de los 200 millones de dólares y lo que yo he llamado un proceso de simulación de un gobierno, que durante todos estos años no quiso admitir el fracaso”, dijo a El País el diputado Abdala.
Según el legislador, que integró la comisión investigadora sobre la regasificadora y fue uno de los denunciantes ante la Justicia de Crimen Organizado, el gobierno intentó generar la “ilusión” de que el proyecto seguía vivo aunque las obras se habían paralizado definitivamente en 2015. “Ese fue el discurso oficial que construyó Carolina Cosse, Marta Jara, y posteriormente los hechos se encargaron de demostrar que esto no era así”, señaló Abdala.
En esa etapa, mientras la ingeniera Cosse era aún la titular de la cartera de Industria, Energía y Minería se llevaron a cabo las tratativas con la compañía Shell para que se hiciera cargo del negocio.
“Aquel memorándum de entendimiento que se firmó con Shell que realmente no solo era de imposible cumplimiento, sino que por suerte era imposible de cumplir porque si se hubiera llevado a cabo implicaba entregarle todo el negocio del gas natural a Shell, era una privatización mayúscula”, opinó el legislador blanco.
Luego que esas negociaciones no tuvieran éxito el gobierno lanzó a principios de este año un llamado a interesados en la compra de Gas Sayago. Fracasaron también los cuatro llamados sucesivos ya que ninguna empresa o consorcio manifestó interés.
El llamado, a juicio del diputado y denunciante, estaba plagado de gruesas irregularidades. “Vendían lo que ni siquiera tenían derecho a vender, porque la venta incluía, supuestamente, los activos y le llamaban activos por un lado a los pilotes, esos que quedaron allí herrumbrados, que en realidad son un pasivo, un pasivo ambiental”, indicó Abdala.
Cabe recordar que, tal como informara El País el pasado 22 de noviembre,la Administración Nacional de Puertos (ANP) intimó a Gas Sayago a que demoliera los pilotes.. La autoridad portuaria entiende que la empresa incumplió sus obligaciones contractuales.
Sin embargo representantes de la regasificadora señalaron oportunamente a El País que entienden no estar obligados a proceder a la demolición, pese a lo cual UTE ya había previsto una asignación presupuestaria de ocho millones de dólares para el procedimiento de demolición, según informó su presidente en la comisión parlamentaria oportunamente.
A juicio del diputado Pablo Abdala las pérdidas se incrementaron en estos años que el gobierno demoró la decisión de cierre definitivo. “En todos estos años perdió entre cinco y diez millones de dólares por año, habría que hacer números finos para saber cuánto costó realmente la sobrevida de Gas Sayago”, señaló.
Decisión implicaría también a Marta Jara
Al resolverse la liquidación de Gas Sayago una de las cuestiones que deberán zanjarse son las demandas laborales pendientes, entre ellas la situación de la presidenta de Ancap, la ingeniera Marta Jara, que tiene en reserva el cargo de gerente general de la compañía.
“Cuando se liquide Gas Sayago por esta resolución de UTE a Marta Jara va a haber que pagarle la liquidación laboral y seguramente va a ser una erogación muy costosa porque se toma como base el sueldo que ella percibía, un sueldo de más de 400 mil pesos por mes”, consideró, por su parte, el diputado Pablo Abdala.
El legislador había cuestionado ya el nombramiento de Jara a su juicio incompatible con el cargo de presidente de Ancap, según lo establece el artículo 200 de la Constitución.
De todas maneras, esta sería solo una de las situaciones que deberá encarar la liquidación y cierre. Según el informe gerencial de UTE, hasta agosto de 2019 se habían iniciado 34 procesos laborales en los que estuvo involucrada Gas Sayago.
Actualmente cuatro de ellos se encuentran en trámite, dice el documento. Uno de los reclamos alcanza los US$ 233.000; otro, $ 12 millones; un tercero, $ 5,5 millones, y un cuarto es por $ 2.100.000.
En otro orden, y entre todos los juicios pendientes que tiene Gas Sayago, en septiembre pasado la brasileña OAS había ganado la demanda contra el Estado uruguayo por US$ 13 millones que, luego que el fallo quedara firme, debe pagar a la constructora.