FMI advirtió que el Uruguay necesitará un “ajuste fiscal creíble”
El organismo alertó sobre el aumento del delito y llamó a resolverlo antes que se convierta en un “problema crítico” para la economía.
Uruguay se encuentra en una posición envidiable en muchos sentidos. Tiene una democracia que funciona correctamente, estabilidad política, solidez en su gobernanza e instituciones, y un elevado grado de cohesión social.
Así, luego de una década y media de crecimiento robusto, también goza de un elevado ingreso per cápita y bajas tasas de pobreza, desigualdad e informalidad.Además, gracias a la supervisión y la regulación prudencial, el sector financiero se mantiene resiliente a pesar de la volatilidad financiera regional.
Sin embargo, han surgido desequilibrios y la situación externa sigue siendo un obstáculo.
Así lo indicó el Fondo Monetario Internacional este martes, en la declaración con las conclusiones preliminar al término de su última visita de revisión al país.
Es que el crecimiento, la inversión y la participación laboral se ubicaron en una tendencia decreciente, A su vez, se acumuló un mayor déficit fiscal y un aumento del desempleo, la deuda se incrementó y la inflación permanece fuera del rango meta.
El “viento de cola” desapareció y fue reemplazado por un crecimiento mundial y regional lento, bajo precios de las materias primas y volatilidad en el flujo de capitales.
Para el FMI, el nuevo gobierno deberá entonces aprovechar la oportunidad para abordar las dificultades económicas del país. Gozará, afirma, de su mandato electoral y de un impulso al crecimiento, por la construcción de una nueva planta de pasta de celulosa y de diferentes proyectos de infraestructura.
Deberá, apunta, reducir la deuda y llevar la inflacón al punto medio del rango meta. También profundizar en la mejora de la política fiscal y de inflación objetivo para implementar reformas estructurales.
El FMI recomendó en ese sentido acciones para mejorar los resultados de la educación, el empleo juvenil, la inversión privada y la eficiencia de las empresas estatales, así como asegurar la suficiencia del sistema previsional paras generaciones futuras.
Se trata, indica, de recuperar el crecimiento de la competividad como factor indispensable para mantener la cobertura del estado de bienestar y asegurar la equidad intergeneracional.
El informe hace referencia, entre otros aspectos, a las medidas tomadas por el gobierno sobre el tipo de cambio. Así, el peso se depreció 17% desde finales de 2018, al mismo tiempo que las reservas del país pasaban de US$ 15600 millones en diciembre de ese año a los actuales US$ 14300 millones, el 25% del PBI.
También a que el actual equipo económico “renunció” al cumplimiento de la meta de déficit de 2,5% del producto, previendo en su lugar un déficit fiscal del sector público consolidado del 4,6%.
La visita técnica del FMI estimó que la economía uruguaya crecerá 0,5%, se recuperará al 2,1% en 2020 y al 2,5% en 2020, al tiempo que se concretan las inversiones anunciadas.
El crecimiento, a su vez, se reduciría a partir de 2021, una vez finalizadas esas inversiones.
El organismo espera a su vez una inflación de 8% para el próximo año, con una posterior reducción gradual hacia el límite superior del rango meta.
Las proyecciones indican que el déficit de cuenta corriente se ampliará, en la medida que los ingresos por turismo argentino se estabilicen en un nivel más bajo, y que los grandes proyectos de inversión aumenten las importaciones.
Luego de la finalización de la planta de pasta de celulosa de UPM, se espera que las exportaciones aumenten.
Un ajuste sostenible
Para el FMI existen considerables riesgos. Uno de ellos es la situación en Argentina, aunque la posibilidad de contagio financiero es baja.
Un “ajuste fiscal” insuficiente o demoras en las reformas o proyectos de infraestructura podrían, a su vez, socavar la recuperación esperada y restringir el crecimiento a mediano plazo.
En la visión del organismo, a partir del 2020 será necesario introducir un “plan de ajuste creíble”, y así ubicar la deuda en una trayectoria firmemente descendente.
De continuar la actual tendencia fiscal, se advierte que se podrían socavar la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los inversionistas.
Uruguay quedaría “cómodamente” en el rango de países con grado inversor si lograra llevar, en en mediano plazo, la deuda a los niveles de 2014. Para eso, necestaría reducirla en diez puntos del PBI.
En su visión, bajar la deuda requeriría de un ajuste adicional. Según explicó, con un ajuste promedio de medio punto porcentual del producto por año, la deuda se reduciría en la magnitud necesaria en un plazo de diez años.
Para el FMI un ajuste sostenible exige además restringir el aumento del gasto corriente, un objetivo demasiado ambicioso teniendo en cuenta la rigidez del gasto en seguridad social.
Como alternativa plantea una combinación de medidas: mantener los salarios públicos en niveles comparables a los privados, disminuir el empleo estatal en sectores no prioritarios a través de la no renovación de vacantes, y mejorar la eficiencia del gasto.
El organismo también subraya que hay margen para reducir el gasto tributario, expresado en exenciones, tasas reducidas y créditos, que representan casi el 7% del PBI. Unas tres cuartas partes de ese gasto corresponden al IVA.
Para el Fondo, una análisis costo-beneficio podría ayudar a racionalizar algunas exenciones, en particular las que benefician a grupos con ingresos elevados o que no han alcanzado los resultados deseados.
Una prioridad, para el FMI, es encarar los crecientes gastos previsionales, que suponen el 11% del producto.
Se necesitan reformas que garanticen la sostenibilidad y la suficiencia de los ingresos previsionales futuras. A su juicio, la reforma debería basarse en una revisión integral del sistema, apoyada por un diálogo social informado.
En términos laborales, el organismo indicó que las políticas deberían estar orientadas a la creación de empleos estables y de calidad, pero mantiendo una adecuada protección al trabajador.
En ese marco, los cambios en las pautas para la última ronda de los Consejos de Salarios “son un paso en la dirección correcta”.
Así, se entiende que una “mayor flexibilidad” que contemple a empresas pequeñas o zonas de baja productividad podría ayudar a preservar derechos y proporcionar incentivos a la creación de puestos de trabajo.
Uno de los últimos puntos del informe del FMI está referido al aumento del delito. Se entiende que, aunque parte de un nivel bajo, debe resolverse antes que se convierta en un “problema crítico” para la economía.
Además, y debido al incremento de los riesgos de lavado de activos, se recomienda una rápida aplicación de las recientes recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat), en particular para resolver los riesgos relacionados con los fondos provenientes del exterior fruto de actividades delictivas. .