El recambio de autoridades en los entes y los desafíos por atender
En algunos casos hay jerarcas que dejarán sus funciones tras una década de gestión
El pasaje del gobierno a manos de la coalición multicolor traerá aparejado cambios de autoridades en los principales entes del Estado, como Ancap, UTE, Antel, OSE y la Administración de Puertos (ANP). También es muy probable que haya modificaciones en la conducción del Banco Central (BCU). En todos los casos, serán cinco años con importantes desafíos por atender.
La asunción del próximo gobierno no quita que alguno de los actuales jerarcas pueda mantenerse en los directorios como representantes de lo que será la nueva oposición u ocupando cargos por el nuevo oficialismo.
En setiembre pasado, el ahora presidente electo Luis Lacalle Pou sostuvo en entrevista con En Perspectiva que el Frente Amplio (FA) debe estar presente en todos los entes autónomos, servicios descentralizados y desconcentrados. No obstante, todo dependerá de las negociaciones que puedan darse con el FA y de las definiciones que también surjan a la interna de la coalición de izquierda. Este lunes el presidente del FA Javier Miranda dijo su fuerza política estaba dispuesta a integrar los órganos de controlar si llegaba una propuesta formal del próximo gobierno.
UTE, inversiones y tarifas
El ingeniero Gonzalo Casaravilla dejará la presidencia de UTE después de casi 10 años. El jerarca -identificado con el Movimiento de Participación Popular (MPP)- asumió el cargo en mayo de 2010 durante la administración de José Mujica y fue ratificado en la función en 2015 cuando Tabaré Vázquez tomó nuevamente las riendas del gobierno. El actual directorio está integrado por otros tres miembros del oficialismo (César Briozzo, Walter Sosa y Cristina Arca (estos dos últimos funcionarios de carrera) más el representante colorado José Amy.
En el programa financiero de la empresa para el período 2020-2023 figuran entre las prioridades inversiones en las áreas de generación (US$ 234 millones), trasmisión (US$ 236 millones), distribución (US$ 367 millones) y comercial (US$ 95 millones). Estos desembolsos fueron aprobados en 2018 en coordinación con el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), pero son cifras que seguramente quedarán sujetas a una nueva planificación con la administración entrante.
Otro tema que la oposición considera como pendiente en estos años es que la baja progresiva de los costos de generación tras la diversificación de la matriz eléctrica se refleje en un mayor abaratamiento de las tarifas de electricidad. El país mantiene precios todavía superiores a la media de la región, tanto en el sector industrial como residencial.
“El objetivo es terminar con la lógica de financiar el gasto fiscal pidiéndole a las empresas públicas que suban tarifas y aumenten las transferencias”, había dicho la semana pasada a El País la candidata a ministra de Economia por el Partido Nacional, Azucena Arbeleche. En ese sentido, marcó como prioridad atender la situación de las mipymes para las que se piensa un tratamiento diferencial, tanto en tarifa eléctrica como en agua corriente.
Ancap, eficiencia y algún lastre pendiente
Por el lado de Ancap, las prioridades de cara al próximo quinquenio apuntan a continuar mejorando la eficiencia de la empresa para poder tener precios de combustibles más competitivos que se acerquen a la paridad de importación, con énfasis en sobre el precio del gasoil. El papel de ALUR como proveedor de biocombustibles monopólico también estará en el foco de atención de corto plazo. Otras de las prioridades va en dirección a revisar (o liquidar) el negocio del Pórtland que hoy se mantiene como una división deficitaria que no logra encausarse, supo El Observador.
También está en la mira el futuro del negocio de distribución de gas. Tras la salida de Petrobras la operativa de MontevideoGas y Conecta pasó a estar bajo la égida del Estado. La intención es que un inversor privado se haga cargo de ese negocio, pero el tiempo pasa y todavía no aparece un interés firme en hacerse cargo de ambas empresas.
En relación al negocio de los combustibles, habilitar su libre importación gradual para abastecer el mercado local es otra medida que hoy se maneja como parte de la ley de urgente consideración que pretende votar el nuevo gobierno durante el primer semestre de 2020.
La presidencia de la empresa está hoy en manos de Marta Jara que asumió en marzo de 2016 tras la salida de José Coya. El directorio lo completan Juan Carlos Herrera, Laura Saldanha e Ignacio Berti, y Diego Labat en representación del Partido Nacional (PN).
Puerto tiene temas pesados por resolver
En filas de la Administración Nacional de Puertos (ANP) será Alberto Díaz quien dejará el cargo de presidente, luego de encabezar el directorio durante dos períodos. Quien lo suceda en el puesto tendrá que tomar decisiones con el objetivo de mejorar la infraestructura y competitividad de la terminal, pero con movimientos de malabarista para no crispar los ánimos de dos privados que compiten fuerte dentro del recinto portuario y están enfrentados entre sí (Montecon y Terminal Cuenca del Plata (TCP).
La primera trabaja en áreas públicas concedidas por la ANP. La segunda (propiedad mayoritaria de la multinacional belga Katoen Natie con participación del Estado) es la única terminal especializada en contenedores. La batalla entre ambas por tener el mayor volumen de actividad se arrastra desde hace más de una década. Montecon ha solicitado durante muchos años que la ANP le autorice la compra de grúas pórtico (equipos necesarios para un mejor manejo de contenedores) y con ellas trabajar en los espacios que utiliza.
La pretensión siempre chocó con la negativa de TCP que posee esa maquinaria en su terminal especializada. Una razón es que si se autorizan pórticos a Montecon se establecería una competencia —no prevista en el contrato de concesión— porque podría prestar los mismos servicios. Además de Díaz que es funcionario del ente, el grupo principal de autoridades actuales lo completan Juan José Domínguez por el FA y Juan Curbelo por el PN.
Antel y OSE
En Antel, quien dejará el cargo de presidente es Andrés Tolosa. El jerarca con una extensa trayectoria dentro de la empresa encabeza el directorio desde abril de 2015, cuando su predecesora Carolina Cosse pasó a integrar el gabinete como ministra de Industria, Energía y Mineria. El actual directorio de Antel lo completan el vicepresidente Daniel Fuentes y Gustavo Delgado como director en representación del Partido Nacional.
El tendido de la fibra óptica junto con el tendido de un cable submarino y la construcción de un data center figuran entre las principales inversiones de la empresa en el último quinquenio, a lo que se suma la polémica obra del Antel Arena. El despliegue de tecnología 5G, junto con la internet de las cosas asoman en el horizonte como grandes desafíos en el mediano plazo.
En el caso de OSE, la presidencia de la empresa la ocupa Milton Machado que fue designado por Mujica en 2011 tras la salida de Carlos Colacce. Uno de los grandes desafíos que tiene la empresa en el mediano plazo es poder mantener el servicio dentro de los estándares de calidad que la normativa exige. En el último tiempo la calidad del agua que consume la población y el futuro del suministro han estado en el centro de la polémica en más de una ocasión. Además de Machado, el directorio actual está integrado por Alejandra Varela como vicepresidenta y Vilibaldo Rodríguez en representación del Partido Colorado.
¿Cambios en el BCU?
Con la asunción de un nuevo equipo económico encabezado por Arbeleche, también se esperan novedades en la conducción del Banco Central (BCU). La autoridad monetaria hoy es dirigida por Alberto Graña, un funcionario técnico que se desempeña por segunda vez en el cargo, luego que Mario Bergara lo recomendara para la función que dejó vacante a fines de 2018. Completan el directorio el representante de la oposición Washington Ribeiro y Jorge Gamarra como vicepresidente.
Uno de las prioridades pasará por tratar de mejorar el capítulo de competitividad vinculado con el tipo de cambio. La mayoría de los sectores productivos reclaman hoy un dólar por encima de los niveles actuales, porque aducen que todavía persiste un atraso cambiario frente a los competidores, pero un cambio en esa dirección también encontrará un escenario marcado por una inflación en guarismos todavía altos y desalineados de la meta oficial (entre 3% y 7%). La inflación cerró en los 12 meses a octubre en 8,4%.
Diario EL OBSERVADOR - Montevideo - URUGUAY - 26 noviembre 2019