Experto advierte posible contaminación del Río de la Plata por nueva planta argentina

La solución que en Argentina encontraron para el problema del Riachuelo es mirada con inquietud por especialistas de los dos países

Un túnel subfluvial de 12 kilómetros y diez metros de diámetro volcará al Río de la Plata, con un pretratamiento de por medio, las aguas cloacales que provienen de los hogares de 4.3 millones de habitantes y los efluentes industriales de 4000 empresas en el área metropolitana de Buenos Aires.
El emisor subacuático forma parte de una mega obra de infraestructura llamada “Sistema Riachuelo” y que tiene por objetivo “solucionar integralmente la capacidad de transporte de desagües cloacales” en esa parte de la capital argentina y subsanar la polución del Riachuelo, que es uno de los ríos más contaminados del mundo.

Además del túnel, el proyecto incluye la construcción de una “planta de pretatamiento” en Dock Sud, Avellaneda, informó el semanario Búsqueda en 2009.

El embajador retirado argentino y especializado en temas ambientales, Raúl Estrada Oyuela, explicó a El Observador que en una planta de pretratamiento los líquidos pasan por filtros que retienen objetos sólidos, incluyendo arenas y algunos aceites, pero mantienen en disolución químicos de los efluentes industriales, coliformes fecales, escherichia coli y otras bacterias que requieren tratamientos primario y secundario para ser eliminadas.

El proyecto argentino –que fue puesto en consulta con Uruguay por primera vez en 2001, que obtuvo la aprobación del estado uruguayo en 2009 y que estará operativo a partir de marzo de 2021– cuenta con un préstamo del Banco Mundial. En un documento de esa organización internacional de junio de 2019 se reconoció que una de las cuestiones importantes de la iniciativa fue la elección de un sistema de pretatamiento y un vertido a través del desagüe submarino

“La decisión de elegir un nivel de tratamiento de aguas residuales más bajo que uno más alto se cuestionó en las reuniones de las partes interesadas, pero se consideró una estrategia significativa porque los efluentes tratados se procesarán por la alta capacidad de oxigenación del Río de la Plata”, argumentó el proyecto.

Además, se justifica dicha elección por un tema económico.

“La opción de tener un mayor nivel de tratamiento y un emisario más corto no sería totalmente justificable (o sostenible) ya que sería significativamente más costoso y probablemente inaccesible tanto en términos de su inversión de capital como de sus costos de operación y mantenimiento”.

Estrada Oyuela dijo que la empresa AySA - encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires- sostiene que las aguas “se procesarán solas al pasar a presión por el conducto tubular”, aunque “no presentó un estudio que fundamente esa afirmación”.

Sin monitoreo
Al ser un proyecto con el potencial de afectar a las dos orillas, el tema fue sometido a consulta en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). La delegación uruguaya “no presentó objeciones al proyecto propuesto” en 2009, dijo el capitán de navío retirado, Marcelo Pazos, actual integrante de la CARP. En aquel entonces el asunto fue examinado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Armada Nacional y la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

“De la información presentada no existían afectaciones ambientales significativas e inadmisibles”, dijo Pazos. La valoración uruguaya en aquel momento fue que dada la compleja situación del Riachuelo, una planta de estas características habría de mejorar la situación.

Sin embargo, Edison González Lapeyere, experto en Derecho Internacional y negociador de múltiples tratados limítrofes de relevancia para Uruguay, entre ellos el del Río de la Plata, dijo a El Observador que “el vertimiento de ese volumen a esa altura del río puede afectar el régimen”. “El impacto puede ser muy importante”, dijo el especialista.

Asimismo, afirmó que es importante saber si la cancillería uruguaya hizo un monitoreo del proyecto y si hay certezas de cómo se tratarán las sustancias.

Entre el 2009 y el 2017, cuando se inició la obra, el estado uruguayo no hizo ninguno tipo de monitoreo y tampoco hubo consultas en el ámbito de la CARP en los últimos diez años porque se creyó innecesario.

El subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, dijo a El Observador que en el último periodo de gobierno no pidieron ni recibieron ninguna actualización ni información sobre cómo el proyecto seguía su curso. “Evidentemente que eso tiene estudios técnicos atrás, con financiamiento del Banco Mundial, hay seguridades que los propios organismos financiadores se toman”.

Pazos dijo que una vez que la planta esté operativa se implementarán los controles ambientales correspondientes. “Una vez que empiecen a trabajar tendremos que ver cuáles son los estándares del Río de la Plata y ver cómo está trabajando esa planta depuradora. Es de suponerse que por los trabajos que se están haciendo y la inversión será de última generación. Una de las premisas que tenemos en la comisión es el estándar ambiental”, agregó.

Para González Lapeyre es un “disparate” esperar a que empiece a funcionar la planta para hacer controles “porque si se complica” el Uruguay se encontrará “con un hecho consumado”. “Lo aconsejable es que se mantenga contacto en cómo se viene desarrollando el proyecto”.

En este sentido agregó un elemento de relevancia: “El proyecto originario que vieron en 2009 fue modificado, no es el mismo.  Es fundamental que la cancillería informe qué hizo”.

Diario EL OBSERVADOR - Montevideo - URUGUAY - 21 octubre 2019