Informes de la INDDHH y la academia: El gobierno vulnera derechos humanos de los vecinos afectados por el Tren de UPM
Sonia Gómez y Yanina Borloz, integrantes del colectivo Por el costado de la vía, compartieron la mañana de la 36 para hablar del dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que legitima la preocupación, el cuestionamiento y las denuncias de los vecinos afectados por el proyecto de tren central de UPM 2.
María de los Ángeles Balparda: Estamos recibiendo con mucho gusto a dos mujeres muy batalladoras, de las que saben nadar contra la corriente, que esa es una característica que es muy buena saber hacerlo.
Pero que están concentradas en el tema del ferrocarril central, que uno ve las imágenes de lo que está pasando en Florida, en Durazno, donde ya levantaron las vías, ya se viene y hay mucha cosa que no se sabe, que no se maneja; no es porque no la difundan ellas sino porque no hay eco, no se toma como información.
Vamos a hablar con Sonia Gómez y Yanina Borloz de documentos que tienen un peso importante porque son de instituciones especializadas en determinadas áreas, que uno puede decir que están dándoles la razón a los vecinos ¿no?
Yanina Borloz: Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con el proyecto ferroviario para UPM, para los trenes de carga de UPM. A partir del análisis y diversas situaciones asistimos a la Institución de Derechos Humanos (INDDHH) en octubre de 2018. Asistimos 15 familias que vivimos próximos, pegados a la vía del tren, y allí formulamos una serie de planteamientos, se abrió un expediente con el equipo 2 de investigaciones de la Institución Derechos Humanos Defensoría del Pueblo. Nos atendió ese equipo con el personal técnico idóneo en distintas áreas para dar tratamiento, y se abrió un expediente que implicó cada uno brindar el relato de cómo venían siendo los procedimientos, en ese momento estábamos en algunos casos recibiendo visitas irregulares, informales por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
MAB: Les caían ahí en la casa...
YB: Sí, en cualquier horario con la tarjetita, una psicóloga, realmente un proceder que no corresponde a cómo se debe llevar adelante. En todo caso, si las cosas se hacen bien, un proyecto de este tipo, que afecta ambiente, vivienda…
MAB: Y afecta derechos humanos, por eso lo llevaron a la Institución...
YB: Sí. Y cuando asistimos a la Institución se inició ese expediente, esa investigación, y durante 1 año estuvimos enviando, nos solicitó la INDDHH que enviáramos todas las gestiones que íbamos realizando, quiénes eran los actores al tanto de lo que venía ocurriendo.
Eso fue lo que hicimos, alrededor de unos 40 e-mails con documentos, con líneas de análisis, como siempre, fundados en los documentos disponibles y la contrastación con la norma. Siempre ese fue el camino, y desde una perspectiva de derechos, para garantizar que se cumpla con los derechos humanos y se respete nuestra integridad.
Y recientemente la Institución, el 24 de setiembre de 2019 saca una resolución donde de alguna manera responde a los planteamientos y es como que la Institución estuviera diciendo lo que venimos planteando durante todo este tiempo. O sea, legitima la preocupación, el cuestionamiento y las denuncias, y da una serie de recomendaciones.
Diego Martínez: ¿Para ustedes qué significa que la INDDHH dé esta expresión de acompañar las políticas que ustedes están realizando, los pedidos, las denuncias? ¿Es como que da certezas o simplemente es un empuje más? ¿Cómo la toman ustedes esta declaración?
SG: La INDDHH es un organismo independiente, si bien sus fallos no son vinculantes. De hecho, cuando dictaminan este fallo, dicen que dentro de las potestades de la ley de creación, una de sus funciones es asesorar al Estado en el tema de derechos humanos.
Este documento no sólo legitima sino recoge los planteamientos que nosotros decimos. Y cuando uno va a un juicio y en definitiva el juez falla de alguna forma, acoge la pretensión en el sentido de que sí, de que había razón, que hay derechos humanos vulnerados.
Para nosotros es muy importante, porque además este fallo recoge un documento que es la declaración de la Academia, la Facultad de Arquitectura, que son los especialistas en esta materia. Porque el gran problema que tiene el ferrocarril central y el proyecto UPM, porque en realidad se refiere a todo el proyecto, a partir de la denuncia del ferrocarril también hay recomendaciones sobre el proyecto, tiene un gran problema entre la violación de otros derechos: el medio ambiente sano, la vivienda, la salud, la información, la preservación de datos, es una cuestión bastante compleja, se refiere al gran tema de ordenamiento territorial.
Y en ese sentido recoge un informe muy importante que hace la Facultad de Arquitectura, que comienza a instancias de una publicación y algunos documentos que presenta Urruzola, los plantea ante la Universidad. La Universidad lo manda al ITU (Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo), y eso termina con una recomendación de la Facultad de Arquitectura.
¿Cuál es la importancia? Acá hay 2 cuestiones, la importancia es máxima, porque a nosotros se nos ha tratado de miserables por parte de Rossi, así ha hablado de nosotros. De inexistentes, así nos trató la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente), de que son 5 que se oponen, y en realidad el rol que hemos adoptado los vecinos, es un rol -sin querer- de representatividad. Porque acá cada uno no fue a solucionar su tema, sino a denunciar lo que este proyecto implicaba, y nuestra condición es de personas, lo que nos condicionaba como Por el Costado de la Vía, al inicio son personas que viven en determinada situación. Eso es lo que nos agrupa y nos condiciona, y esa es la voz que hemos llevado.
Así que en ese sentido es importantísimo, yo te diría que sería casi hasta como un fallo de la Suprema Corte por su independencia.
MAB: Además desde distintos puntos de vista es fallo favorable.
SG: Y porque además recoge, por ejemplo, en su fundamentación, normas internacionales, convenios que firmó el Estado. Entonces, trasciende inclusive lo nacional. En ese sentido es muy importante.
Y después nos origina también que haya este fallo y que nadie lo esté tomando, porque este fallo es enviado a Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ninguna respuesta con esto.
MAB: Claro, ignorarlo, es la táctica
SG: Va a Presidencia de la República, al Ministerio de Ordenamiento Territorial, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, al intendente de Montevideo y a la Defensoría de Vecinos. Creo que, disculpen acá no hay un protagonismo, pero si no es por la gente afectada, esto no...
YB: Algo que sí igual es importante aclarar, también hay que reconocer cuáles han sido los actores que se han comprometido, y la Defensoría del Vecino ha hecho un gran trabajo, Ana Agostino, ya no es parte de la Defensoría, pero sí ha realizado un gran trabajo, y nosotros tenemos lo que constata los intentos de comunicación permanente, constante, y la ignorancia sistemática por parte de la Intendencia de Montevideo, en su momento con Daniel Martínez. Que aparte se suma a todos los intentos de diálogo y de comunicación que hemos tratado de establecer, al punto de llegar a darnos vuelta la cara en la Intendencia de Montevideo.
MAB: Algo que tiene que ver con la información, que también están diciendo desde la Institución que hay que dar información… Álvaro García, el de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), ha estado en varias entrevistas diciendo que no hubo nada secreto en todo esto, que hubo audiencias públicas, que está dispuesto a ir a dar la cara al Parlamento si dicen que se actuó en secreto.
YB: Bueno, primero que nada se le hizo una solicitud de información a Presidencia y responde que es un asunto que involucra a UPM, y por tanto, es secreto. Confidencialidad.
Lo que pasa que cualquiera sale a decir cualquier cosa, y como parece que estamos en una época donde todo empieza hoy, no hay pasado, entonces pueden salir y decir cualquier cosa.
Como respuesta a lo que dijo Álvaro García, yo les voy a leer un recuadro destacado de un informe que realiza la Facultad de Arquitectura, el Instituto de Teoría y Urbanismo, estamos hablando de especialistas en la materia en relación a lo que tiene que ver con urbanismo, ordenamiento territorial, movilidad, accesibilidad universal.
Acá hay un informe de la Facultad, que Álvaro García para decir lo que dice, lo tiene que leer. Que por otra parte lo recoge la INDDHH en las recomendaciones que le realiza a Presidencia y a las instituciones con competencia en la materia, que por tanto también Álvaro García, Víctor Rossi, Tabaré Vázquez, todos los funcionarios de gobierno que están en este tema defendiéndolo, sin argumentos y sin poder refutar nada de lo que decimos, porque está fundado en la Institución y en la Academia.
Y dice, referido al tema proyecto ferroviario que a su vez es parte de un proyecto que no se puede dividir en partes, eso también es parte de lo que dice la Institución y lo que dice la Facultad de Arquitectura.
Dice: “Todos los pasos dados y todos los pasos ausentes en cualquiera de los 4 componentes -cuando se refiere a componentes se refiere a componentes del proyecto UPM, que son los distintos subproyectos- parecen poner en evidencia que no se han aplicado las leyes 18.308, 18.610, ni el artículo 47 de la Constitución, siendo las 3 normas obligatorias para el caso”.
¿Qué implica cada una de estas leyes? Algunas vinculadas, bueno la Constitución de la República, el 47, sobre el derecho de la población a un medio ambiente sano, y las otras relacionadas con el ordenamiento territorial, hacen referencia a lo que tiene que ver con disponer de información para participar, ese es un derecho fundamental.
“Por consiguiente, las personas en estos procesos, no han podido ejercer sus derechos territoriales ni ambientales, ni participado, ni han podido exigir el cumplimiento de los principios del ordenamiento territorial y desarrollo sostenible”.
SG: En definitiva, con el tema de la información hay dos grandes aspectos. La información tiene que ser accesible y referida a lo que se está planteando, acá hay vecinos afectados, y en el informe de la INDDHH habla de que inclusive tendrían que ser informados aquellos vecinos que tienen una afectación directa. Es decir, la persona que vive al lado, los que están ahí tienen que tener una información adecuada inclusive a cómo es el proyecto que pasa cerca de su casa, que pasa a metros de su casa, eso es lo que dice.
Esa información no está dada, eso es uno de los reconocimientos que hace la INDDHH hablando del tema información, y cuestiona también que el Estado haya dado información de particulares a las empresas, ese es uno de los cuestionamientos que se hace.
DM: ¿Qué información les dio?
SG: Cuando se le da la información a las empresas, se le da información específica de determinadas casas, viviendas, etc. Por ejemplo, últimamente hay una persona contratada, un arquitecto contratado por una empresa privada que a su vez es contratado por el MTOP y va a tu casa que está pegada a la vía o a unos metros, no se sabe cómo, porque mide con un metro, llega con un papelito plastificado y dice, yo vengo en nombre de la empresa tal a ver tu casa, a ver si tiene rajaduras o lo que sea para que mañana ustedes no reclamen.
Tal cual, también tenemos documentaciones de esa citación, y entra a las casas.
YB: Y si uno hace consultas, dudas, pregunta o se niega, dicen: bueno, el día de mañana no te indemnizan en caso de que se te caiga la casa. O sea hay también una manipulación, una especulación con eso, y al mismo tiempo jugando con el desconocimiento de la gente; la gente no conoce los derechos que tiene.
Acá el gran tema es que no sólo se ha ocultado información sobre este proyecto ferroviario, sino que se ha hecho un trabajo muy inteligente para que la gente no sepa qué derechos tiene y qué puede reclamar. O sea para que naturalice el abuso en relación a este proyecto que a su vez está adentro del gran proyecto.
SG: Miren lo que dice la Institución, para que no quede como dicho por nosotros: “Recordar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que la información que el Estado puede brindar a la empresa trasnacional confirmante del acuerdo de inversión, no debe ser otra que la comprendida en la Ley 18.381 que es del acceso a la información pública”. Es decir la misma disponible para la población en general.
El Estado no debe entregar a las empresas información obtenida por los organismos públicos, referidas a información confidencial de las personas o empresas en los términos establecidos en el artículo de la citada ley
YB: Es muy grave, y que además lo sepan y no dicen nada frente a esto; es muy grave que esto esté silenciado. O sea que se silencia a la INDDHH.
MAB: O sea, creo los instrumentos, me mando la parte de que tengo las instituciones, pero después que digan lo que quieran igual no les voy a dar bola.
SG: Bueno, por un lado no se le da el informe a la población, no difunde ampliamente la información sobre el transporte por ejemplo de sustancias peligrosas, incluyendo los procedimientos de evaluación ambiental, lo estoy leyendo, que prevean mecanismos efectivos de respuestas ante situaciones de emergencia, no informan eso. No informan qué va a pasar con mi casa, por ejemplificarme, o sea cuando empiece el proyecto. No informan si me voy a tener que ir, si me voy a quedar, si me van a dar la indemnización integral que correspondería, si soy ocupante si me quedo o no.
No informan nada de eso, pero sí a las empresas le dan esa información, eso lo dice la Institución.
MAB: Está clarísimo por dónde pasa esto.
SG: Yo voy a tratar de resumir y voy a empezar por el final, dentro de las recomendaciones que hace la Institución, le hace una recomendación al Estado. Le dice, respecto a futuros acuerdos de inversión que pueda realizar el Estado uruguayo, la Institución de Derechos Humanos recomienda que se realicen estudios preliminares sobre aspectos ambientales y de ordenamiento territorial, así como sus posibles impactos sobre los derechos humanos en base a los principios de prevención y precaución.
O sea, esto trasciende el tema del tren que es una parte. En definitiva esto está reconociendo que se están afectando los derechos territoriales de las personas, que se está afectando el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vivienda, a la salud, a la información y a la participación, y a la expresión, todo eso lo recoge acá, dentro de un gran rótulo.
DM: Que aunque sea buenísimo el proyecto del tren, igual está violando todo eso
SG: Exactamente. Incluso dice por algún lado ahí que ni siquiera se podía haber hecho la licitación sin esto porque acá se ha disgregado la obra en pedacitos, y esa evaluación no sirve.
Nosotros tenemos otro documento acá, porque cuando hablamos de participación, hablamos de expresarnos, y la expresión es una de las cosas que nos ha costado mucho. Primero, por tener la oposición en los medios, vamos a decir, del gobierno que por ejemplo de nada hablan sobre lo que nosotros decimos de la afectación del proyecto, hablan de progreso. Segundo, cuando nos hemos expresado, ustedes saben que participamos de una marcha y fuimos reprimidos, gente que está hoy identificada como vecino de Por el Costado de la Vía porque íbamos con un cartel.
YB: Por luchar, por visibilizar todo lo que está escondido en relación a este proyecto.
SG: Entonces, lo que nosotros planteábamos es lo que estamos planteando ahora, ¿qué es lo que estamos defendiendo?
Bueno, ahí tuvimos una represión y en función de eso hicimos dos cosas: 4 personas con nombre y apellido, 2 de ellas acá, hicimos una denuncia ante la propia policía, ante el Ministerio del Interior, que hoy por hoy está en Asuntos Internos.
Eso nos ha traído muchas consecuencias, malas, intervención de medios de comunicación, teléfonos, autos en nuestras casas, etc. Eso nos ha sucedido y se ha puesto en conocimiento porque eso está en Fiscalía lo cual no ha resuelto.
Que atemoriza ante un Estado silencioso, ante una oposición de los grandes partidos políticos que hoy se están disputando la Presidencia, sobre ese tema, que nadie recoge una cuestión de la INDDHH, uno empieza a tener temor, por uno, por su familia...
MAB: Y es lo que buscan además
SG: Nos ha sucedido de ir a pedir una constancia de domicilio y caerse el sistema, nos ha sucedido ese tipo de cosas. La Institución, si bien nosotros lo que cuestionamos fue el procedimiento policial que nos parecía muy agresivo en torno a las personas que había, de alguna manera dice que no fue tan así, que lo que pasa es que nosotros no estábamos enterados de que había una orden, vamos a decir, de buscar una persona y por eso...
YB: Capaz lo damos sobreentendido… Nosotros fuimos a la marcha por el Día Internacional del Agua, cuando nos retiramos, desarmando un carro de cartón, aparecen primero dos, después una patota de funcionarios del Ministerio del Interior de particular, que ya estaban tomándonos fotografías y haciendo un registro durante la marcha. Eso como para que la gente sepa a qué se está refiriendo Sonia.
(A Sonia la tiraron al piso, a Yanina le doblaron el brazo).
Se llevaron a dos chiquilines que estaban ahí, los retuvieron durante un tiempo, después según lo que está inclusive en las respuestas que da el Ministerio a la INDDHH cuando reclama información, no había orden de juez para hacerlo, fue un operativo con personas con identidad oculta, con un registro personal de nuestras identidades que al día de hoy están circulando y la Institución pide que se deshagan de esa información. Que particulares, funcionarios del Ministerio del Interior, se deshagan de esa información.
SG: En relación al antecedente que uno lo da por sabido porque lo vivió, la Institución dice por ejemplo que el organismo denunciado que es el Ministerio, no aclara quién y por qué se dispuso la utilización de agentes encubiertos y tampoco da cuál era la orden. O sea, la orden de actuar en cuanto a la actuación concreta, en relación al grupo de personas que fueron reprimidas ahí, o sea no se sabe de dónde salió la orden, eso no lo da el Ministerio.
Y esto va para toda la población, tampoco aclara por qué había personas encubiertas en la marcha. Lo hablamos porque se habla de marchas, o sea para que la gente sepa cuál es la actuación.
Entonces, dentro de las recomendaciones que le hace es, recomendarle por un lado que el Ministerio se ajuste a la Ley, a los procedimientos policiales.
Por otro lado le recomienda a la Asamblea General, o sea que de esto está enterado todo el mundo, ponga en conocimiento a la comisión parlamentaria bicameral sobre esta resolución. Y le dice también, y esto va para todos nosotros, porque a veces nos dicen que nos preocupa sólo que se cancele la base de datos originados en la marcha del 22 de marzo, porque se tomaron datos, fotos y todo lo demás.
Bueno, de esto nadie tampoco se ha ocupado, entonces ustedes se imaginarán cuál es nuestra preocupación.
YB: Yo me voy a referir al informe de la Facultad, de la Academia, muy en términos generales.
Porque este documento que es elaborado por Facultad de Arquitectura y el ITU, hace referencia a lo que tiene que ver a la relación derechos humanos y territorio. Y entre algunos de los puntos, de las normas que se violan y artículos, justamente lo que dice es, se viola el artículo 47 de la Constitución de la República, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, no se respetan los lineamientos generales.
Y por otro, lado lo que tiene que ver con la normativa que se debe seguir, que se debe cumplir para las autorizaciones ambientales de proyectos de esta envergadura. Hay un análisis que hace, que creo que hay que pensar mucho en esto, y es que este es un proyecto que se ha fragmentado, se ha fraccionado en distintos proyectos.
Entonces tú entrás a la Dinama, al Observatorio Ambiental Nacional y te encontrás con que tenés todo un procedimiento para el proyecto ferroviario de UPM, todo un procedimiento para el proyecto portuario, todo un procedimiento para el proyecto planta, tenemos esos tres.
Hay algunos que no están bajo evaluación que es, la planta química, que no se ubica en Durazno, que se ubica en Fray Bentos. O sea, es un proyecto que por otro lado transforma un emprendimiento que está en Fray Bentos, que a su vez es proveedor y productor de químicos para comercialización a nivel nacional. Eso no está bajo análisis, las condiciones de esa pata de la empresa no está bajo análisis.
Pero por otro lado lo que plantea la Academia es, no es un proyecto que se pueda dividir, porque no hay UPM en Durazno sin proyecto ferroviario carguero con las características que tiene. ¿Qué quiere decir? A nosotros nos costó muchísimo y parece algo obvio hoy, hoy decimos el tren de UPM, pero cuando el año pasado en setiembre decíamos el tren de UPM, eran muy pocos, bueno, este medio ya venía hablando del tren de UPM. Pero a nivel del vecino, la gente decía, no, no es el tren de UPM, es el ferrocarril central moderno de Rossi, la reactivación y la refuncionalización.
Hoy sabemos que este tren es un tren que responde a la logística que precisa determinado modelo de industria, en este caso es UPM, y estos trenes, como en otras partes del mundo, los trenes que se hacen para las mineras, que inclusive hay empresas que son las mismas las que están involucradas, en el consorcio Vía Central hay una empresa que por otro lado trabaja a nivel ferroviario en otras partes del mundo para mineras. En otras partes para areneras en Argentina, hace muy poco estuvimos escuchando sobre lo que implican esos trenes en América Latina.
Y en Uruguay es un tren que se hace para una empresa, como es un puerto que se hace para una empresa