UPM: juicios, firmas, demandas y alcalde dispuesto a cortar un puente
El titular del Municipio de Paso de los Toros protestó por el hecho de que no se contrate a trabajadores locales para la obra.
El viernes 25 de octubre, a escasas horas de las elecciones nacionales, tendrá lugar en el Centro de Montevideo una “gran concentración” en rechazo a la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en el Uruguay.
La actividad es organizada por por la Coordinadora Nacional contra UPM y el modelo forestal, que también se opone a la inversión que el Estado está dispuesto a a hacer para las obras de infraestructura del Ferrocarril Central, por el que la empresa sacará su producción.
Es una de las tantas acciones ciudadanas que los opositores al emprendimiento realizarán a corto plazo, como forma de demostrar su repudio. Este mismo mes, además, se abre un proceso jurídico que podría tener un impacto relevante en el tema. Es que vencerá el plazo para que el Poder Ejecutivo responda a uno de los cuatro recursos de revocación que fueron presentados contra diversos aspectos del acuerdo que el Estado firmó contra la multinacional.
Así lo dijo a Ecos el abogado constitucionalista Eduardo Lust. Los recursos están referidos a la la “modificación” que las partes realizaron sobre el contrato original relativa al canon que UPM debería pagar por el uso de la vía férrea, lo que significaría un monto “diez veces menor” para el Estado. Otra de las acciones es relativa al uso del agua y aspectos medioambientales contenidos en ese documento.
Más de la respuestas que dé o no el gobierno, los recursos presentados habilitarían a los reclamantes recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), y pedir que anule los actos administrativos objetados.
Según Lust, eso permitiría “hacer prueba”, en la medida que el TCA podria ordenar al Estado a aportar toda la información correspondiente sobre el tema, en parte desconocida.
Por otra parte el 30 de noviembre finalizará la campaña de firmas que se viene desarrollando en varios departamentos en contra del pasaje del “tren de UPM”. El objetivo ya fue alcanzado en la localidad de 25 de Mayo (Florida) y, según Lust, se espera lograr lo mismo en otras como Sarandí Grande y Santa Bernardina.
Las firmas serían elevadas en diciembre ante las respectivas Juntas Departamentales para así, a través de referémdums locales, evitar el pasaje del tren por sus territorios. Ese mismo mes, Lust anunció la presentación de tres juicios contra las Intendencias de Durazno, Canelones y Florida. La demanda obedece a que las comunas no tramitaron los estudios ambientales previos y el análisis del impacto que tendría el ferrocarril ante de permitir la obra.
Para el próximo año y ya luego de instalado el nuevo gobierno, Lust tiene decidido demandar al Estado. Otra vez, el objeto es el contrato que se firmó con UPM. En este caso, el constitucionalista hará que la Justicia llame a declarar, como testigos, a los ministros integrantes del actual Poder Ejecutivo.
Si hay que cortarlo, se hará
El Alcalde Paso de los Toros, Juan José López, expreso su molestia en las últimas horas por el hecho de que no se le dio empleo a los trabajadores locales en las obras relacionadas con UPM que se desarrollan en la ciudad.
El titular de la municipalidad sostuvo que las empresas que se están desempeñando en la zona ya llegan con su propio personal, por lo que hasta el momento el emprendimiento no está generando fuentes laborales para los isabelinos. “Nuestra molestia es con UPM” expresó López, manifestando su decisión de no mantener más reuniones con la firma hasta que la situación se modifique.
Sostuvo además que, “si hay que cortar el Puente Centenario”, se hará”, en relación a la obra que cruza el río Negro. En declaraciones reproducidas por Radio de los Toros, López protestó por el hecho de que los vecinos y trabajadores del lugar “han hecho todos los deberes” pedidos por el gobierno, presentándose a las inscripciones abiertas por el Ministerio de Trabajo.
Su molestia, dijo, ya fue expresada en una reunión con representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las intendencias involucradas.
(Ecos)