DEMANDA
Suprema Corte resolverá si se liberan datos del multimillonario juicio de Aratirí contra Uruguay
La Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse sobre si la información que el gobierno considera “confidencial” debe hacerse pública.
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° Turno hizo lugar a la apelación del Poder Ejecutivo en la demanda iniciada por el abogado Gustavo Salle y el exfiscal Enrique Viana, para que el gobierno libere la información sobre el juicio que la minera Aratirí le está haciendo a Uruguay por US$ 3.356 millones.
Ahora, será la Suprema Corte de Justicia la que se pronuncie para saber si esa información que el gobierno considera “confidencial” debe hacerse pública. El tribunal que actuó en segunda instancia estaba integrado por los magistrados Álvaro Franca, Tabaré Sosa y John Pérez Brignani.
En un fallo de primera instancia, en diciembre del año pasado, el juez Alejandro Martínez de las Heras había hecho lugar al pedido de los abogados Salle y Viana. En esa sentencia, se instó al gobierno a proporcionar los datos requeridos -solicitados originalmente mediante un pedido de acceso a la información pública- en un plazo de 15 días, aunque era de prever que el Ejecutivo apelaría el fallo.
Finalmente, Salle y Viana interpusieron un recurso de casación contra la sentencia y otro de inconstitucionalidad de la ley que ratificó el tratado de inversiones entre Inglaterra y Uruguay, en el cual se basa la demanda arbitral. Tanto para la casación como para la inconstitucionalidad, el tribunal competente es la Suprema Corte de Justicia.
"Lamentable".
“El segundo fallo es priorizar los intereses de las corporaciones y de los gobiernos contratados por ellas. Esto es el típico sistema cleptocorporatocrático que nosotros denunciamos. La sentencia es verdaderamente lamentable”, declaró el doctor Salle a El País.
Los cuestionamientos del candidato del Partido Verde Animalista son, del punto de vista técnico, “por cuanto se revoca una sentencia brillante del doctor Alejandro Martínez de las Heras, basada en conceptos democráticos, republicanos y soberanistas”.
Según Salle, la sentencia del Tribunal de Apelaciones es “claudicante ante el poder de las corporaciones internacionales, que anteponen la opacidad que caracteriza a la contratación de las corporaciones privadas con los estados, en las que normalmente pierde el pueblo”.
“Es una sentencia que trasluce sospechas de las logias masónicas en el Poder Judicial, lo cual es muy peligroso y a mí me tiene harto, porque desde 1980 a la fecha vengo constatando ese trabajo subrepticio, oscuro, tras bambalinas, de las logias masónicas en el Poder Judicial”, agregó el abogado.
Origen de la demanda.
Como se recordará, la aprobación de la ley de minería en Uruguay fue interpretada como un cambio en las reglas de juego por la minera Aratirí, que terminó demandando al Estado uruguayo por una cifra inédita. La corporación india había presentado en 2011 un proyecto de extracción de hierro en el pueblo Valentines, una localidad de 178 habitantes que se encuentra bajo la administración de los departamentos de Treinta y Tres y Florida.
Zamin Ferrous -el nombre del grupo que promovía el emprendimiento minero- prometía invertir US$ 3.000 millones para extraer el hierro de la zona de Valentines y darle trabajo a 6.000 personas. El grupo también se ha visto envuelto en litigios vinculados con sus intereses en Brasil.