Grado 5 de Derecho Laboral: decreto de UPM toma normas del gobierno de Pacheco
Juan Raso considera el decreto oficial de resolución de conflictos sindicales es "el texto jurídico más interesante" en lo que va del siglo
uan Raso, catedrático Grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, dijo que la norma que regulará los conflictos en UPM "es el texto más interesante que haya aprobado el Uruguay desde el siglo XX hasta ahora".
En declaraciones a "En Perspectiva", Raso habló del acuerdo entre el Estado uruguayo y UPM conocido como “Procedimientos de Prevención y Solución de Conflictos, así como la regulación de Piquetes y Ocupaciones”.
El gobierno uruguayo tomó legislación laboral aprobada en el período de Pacheco Areco y otras normas aprobadas y vigentes que no estaban siendo aplicadas , y las reunió en un solo texto jurídico.
La innovación más importante, en todo caso, es la instalación en el lugar de una oficina de la Inspección General del Trabajo y otra de la Dirección Nacional del Trabajo, dotadas de amplias potestades para intervenir a efectos de “que se cumpla con la obligación de paz pactada en los convenios colectivos respectivos, así como para la obligación de no adoptar medidas, en tanto se cumplan las instancias de mediación y conciliación previstas (…)”.
Estas oficinas -un hecho sin precedentes- actuarán de oficio o a demanda en contacto directo con el ministro de la cartera, un mecanismo -dijo Raso- para evitar "incendios".
"No son unos sheriffs abandonados allá en Pueblo Centenario. Son personas que tienen autoridad para llamar al ministro, subsecretario o director de Dinatra. ‘Aquí apareció una chispa, vengan los camiones de bomberos’, opinó el catedrático.
Raso recordó el artículo número 6: ‘Los responsables de las oficinas referidas, se comunicarán directamente con los jerarcas del MTSS’.
Todo este decreto es un nuevo comienzo en materia de las relaciones laborales, y un precedente para el resto del empresariado.
"El empresariado va a tener más elementos para decir: ‘Se están violando derechos consagrados en la Constitución’”, dijo Raso.
La norma evitó la necesidad de un acuerdo político amplio, difícil de alcanzar en un año electoral para un gobierno identificado con las conquistas sociales.
Legislar contra el derecho de huelga, sería algo que tendría un costo político altísimo para el Frente Amplio.
Sobre sus repercusiones, el sindicalismo puso paños fríos al tema.
El presidente del PIT-CNT Fernando Pereira anunció que los gremios abocados a la construcción de UPM2 están habilitados a ocupar la planta dadas las circunstancias"Los inversores no tendrán tratamiento especial", adelantó. El acuerdo de resolución de conflictos -según la central sindical- no innova en nada. Entre otros lo dijo Milton castellano, dirigente del sector comercio y un importante referente del movimiento sindical. "Lo que dicen desde el PIT-CNT es cierto", dijo Raso. E"n realidad acá no hay nada de nuevo, pero lo que sí de alguna manera debe señalarse, es que el Gobierno, el Estado, reúne toda la normativa que existe en la materia, normativas a veces que se aplican, normativas que a veces no se aplican, y dice a UPM: ‘Esta es la normativa uruguaya y yo me comprometo a aplicarla’.
Y agrega: "Este es un texto que desde ese punto de vista, significa un compromiso de una política pública del Estado en que se cumplan estas reglas.
Por otra parte, el experto señala que el decreto del Poder Ejecutivo dice que el Estado aplicará el preaviso obligatorio de siete días para la huelga y el lockout, de la ley 13.720.
Esto ocurre en el número 5 de los visto y considerando.
"¿Y qué significa esa ley? Es una ley que se aprobó en la época de Pacheco Areco. Era una ley que se aprobó con la idea que tenía Pacheco Areco de hacer una ley contra los sindicatos", afirmó.
"Pacheco pidió asesoramiento a los laboralistas de la época, uruguayos, y nadie aceptó hacerle una ley. Entonces pidió a un profesor famoso brasileño, Victor Russomano, que hiciera una ley, y él hizo esta ley, pero mínima, que no definía la huelga, no ponía sanciones. Solo decía «toda medida de huelga o de lockout tiene que tener siete días de preaviso». Esta ley, luego de la dictadura (1973-1985) jamás se aprobó, siempre se consideró que era una historia de la época de Pacheco".
La ley está vigente, pero no se utilizaba.
"Hoy, el Gobierno del Frente Amplio, dice: ‘Voy a aplicar esta ley’. Esa es una cuestión que yo considero que no es menor", dijo Raso.
"El Gobierno dice ‘no hay novedades, no vamos a hacer cosas nuevas, pero atención, les recuerdo que hay un protocolo del Sunca, les recuerdo que hay un convenio colectivo, un laudo del Consejo de Salarios del Sunca y de la Construcción del 2013, que establece reglas muy similares a lo que dice esta resolución’. Entonces, esta resolución, repito, no innova, pero dice ‘atención, todo esto que estaba un poco en la nebulosa, todas estas cosas, que parecían retóricas, nosotros las vamos a publicar’.
Raso sostiene que el decreto "no es un saludo a la bandera".
En términos prácticos y en un caso concreto. Si se va a una ocupación, lo que acá está diciendo en la medida que habla de los derechos previstos en la Constitución es que también existirá el derecho del trabajador que quiera trabajar, y del jerarca de la empresa que quiera entrar a cumplir sus funciones…", afirmó.
Cuando la empresa pida el desalojo de una ocupación, la empresa va a poder acudir al nuevo decreto.
"Se va a fundar en estas cosas, que no se cumplieron los pasos, que no se dio cuenta a la comisión, no se siguió el protocolo de la construcción. Con lo cual, me parece, el empresariado va a tener más elementos para decir: ‘Se están violando derechos consagrados en la Constitución’, concluyó.