Delegación sobre negociación por UPM: “Hay que poner freno a este avasallamiento” del Poder Ejecutivo

Los conceptos fueron vertidos en a Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración del pasado miércoles 5 de junio.

A la misma asistió una delegación de representantes de los peticionarios en función del artículo 93 de la Constitución de la República, que refiere al derecho de petición y se encuentra a estudio de esta Comisión, integrada por el doctor Hoenir Sarthou, el ingeniero Daniel Panario, la doctora Alma Bolón, el doctor Humberto Tartaglia, Edgardo Gutiérrez Lavie y Marcelo Marchese.

Al respecto, Marchese expresó en su ponencia: “trajimos nueve mil seiscientas firmas que avalan nuestra denuncia de inconstitucionalidad del contrato, que se suman a las tres mil cuatrocientas que trajimos previamente.

Antes de ir a lo sustancial, cabe señalar que el diputado Abdala  lamentablemente se retiró de sala  manifestó que si ellos tuvieran la suerte de llegar al gobierno revisarían el contrato, y esto no es posible. No lo es porque en febrero UPM puede tomar su decisión final de inversión y ahí termina la cuestión. Ningún gobierno que venga después, del partido político que fuere, puede modificar algo que ya está establecido. Si lo hiciere, iríamos a un juicio con el Ciadi, con lo que terminaríamos pagando multas multimillonarias.

El diputado Iturralde nos dijo que quiere saber de qué se trata. Indudablemente, puede haber cosas secretas. Hace poco tiempo nos enteramos de que se había renegociado en secreto lo ya negociado en secreto se renegoció. Donde el contrato establecía un precio que se debería pagar por kilómetro y por tonelada transportada de celulosa por ferrocarril, como daba lugar a dudas, se buscó la opción más benéfica a UPM. Bastante tiempo después, nos enteramos de que eso fue resuelto así.
 
Puede haber cosas secretas, pero el contrato fue publicado; fue negociado en secreto pero el 7 de noviembre de 2017 no enteramos de que nos vamos a comprometer económicamente, como mínimo, en US$ 4.000.000.000 para beneficio de una empresa extranjera. En esta cifra no menciono los US$ 1.500.000.000 que en 20 años pagaremos por el 100% de la energía eléctrica que produzca UPM, que le compraremos aunque no la precisemos. Aunque frenemos los molinos o tiremos agua sin turbinar, no la necesitamos todo el tiempo.

El problema es que estamos asistiendo a una situación sumamente grave. Creemos que el Parlamento no ha considerado la gravedad de la situación porque, de lo contrario, hubiera actuado en consecuencia.

Como dije, el contrato fue negociado en secreto. No sabemos si el señor presidente, de su viaje a Finlandia, trajo en la maleta el contrato. No se debatió, y un día nos despertamos con la obligación de invertir US$ 4.000.000.000. En pocas palabras, un día nos despertamos con la obligación de que nuestras tarifas posiblemente suban y que el país se endeudará. ¿Es posible que una inversión de US$ 4.000.000.000 se negocie en secreto sin consultarnos a todos nosotros, ni a los contribuyentes o, por lo menos, a los diputados y los senadores? Entiendo que el presidente y sus funcionarios, sus negocios privados los resuelvan en privado, porque refiere al dinero que ellos consiguieron trabajando honestamente, pero este es nuestro dinero, por lo que debería considerarse nuestra opinión, además de la del Parlamento.
 
Si el país estuviera en guerra, entendería que el Poder Ejecutivo resolviera por sí y ante sí, porque es una situación grave. Cuando la República romana tuvo una situación de grave peligro, estableció una dictadura. ¿Qué significa esto? Que el poder se concentraría en manos de Julio César o de quien fuere porque el país estaba viviendo una situación de riesgo. Pero, guerra, no vemos que haya en el horizonte. La situación de riesgo que estamos viendo es, precisamente, este tipo de contratos que se resuelven en secreto.

En cuanto a las violaciones a la Constitución que expresamos en nuestro escrito, cabe señalar que se establece que las universidades tecnológicas deben seguir los lineamientos de UPM en la educación, en sus planeamientos. Esto es gravísimo. Se pone un río, el agua de todos además esto fue establecido mediante un plebiscito con una alta votación, al servicio de una empresa.

En síntesis, luego de siglos de monarquías, la humanidad  al menos en occidente descubrió que lo más sano es la división de poderes y que no es bueno que Luis XIV, el Estado, decida; no es lo mejor. Lo mejor es un equilibrio de poderes, es decir, que el Poder Judicial tenga su independencia al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
 
Estamos asistiendo a un avasallamiento del Poder Ejecutivo en áreas que no le competen como, por ejemplo, la educación, pues es un ente autónomo, y tampoco le compete UTE ni AFE. Asimismo, no compete al Poder Ejecutivo pasar por encima del Parlamento. En un momento en que las encuestas sobre cuál es el grado de aceptación del sistema democrático republicano en América Latina, muestran que viene perdiendo aceptación, que la gente no tiene una excelente visión de las cosas que están sucediendo. Es decir, la gente no ve que las instituciones estén cumpliendo su función de salvaguarda. Por lo tanto, nuestra solicitud al Poder Legislativo es que esté atento a lo que está sucediendo, pues se lo esquivó en algo muy grave. Estas nueve mil firmas, más las encuestas de hace cuatro meses que dicen que más del 60% de la población cree que fue excesiva la actuación del Poder Ejecutivo con la empresa, ameritan que pongamos un freno a este avasallamiento porque, si el equilibrio de los poderes cae, la República ya no podría llamarse República”.

Diario Digital SOCIEDAD URUGUAYA - Montevideo - URUGUAY - 08 junio 2019