El contrato con UPM 2 (II)
Sr. Director:
UPM 2, megaestafa social. El contrato ROU-UPM es la estratagema o engaño artificioso que en forma clandestina y con notorio abuso de poder, Vázquez, Rossi y Astori despilfarran los dineros públicos, empeñando al país y endeudando además a las futuras generaciones.
Se triplicó la deuda pública, se extranjerizó la tierra, la producción, e impusieron la bancarización obligatoria. Desintegran la producción nacional y encarecen las tarifas públicas. Se concede a UPM excepcionales privilegios: estabilidad jurídica, construcción de vías férreas preferenciales, asegurándole el flujo del río y, además, exoneraciones tributarias y zonas francas. Se protege al capital foráneo que es la herramienta que permite la dominación. Las empresas afines al gobierno son multinacionales y contaminantes: UPM, Botnia, Montes del Plata, Aratirí.
El déficit fiscal supera el 4,5%. “La inversión UPM 2” es un gasto público que dejará millonarias pérdidas jurídicas, económicas, medio ambientales, educacionales, sociales e institucionales, que afectarán la soberanía del país. Debe rescindirse o anularse “el contrato” por ser inconstitucional, leonino y absolutamente nulo, otorgado por quienes no tienen legitimación para celebrarlo. El gobierno no puede defender jurídicamente este contrato y con chicanas tratan de impedir que sus firmantes se presenten al Parlamento, por las inconstitucionalidades, que fueron denunciadas por la ciudadanía y que impiden su homologación.
La oposición evita pronunciarse sobre la validez o nulidad del contrato, expresando que es un mal negocio o que se puede renegociar, dejando en evidencia la corrupción sistémica que alcanza, no solo al gobierno, sino también a una gran parte de la clase política. Un contrato absolutamente nulo no puede ni mejorarse ni renegociarse. Es un atentado a la Constitución.
Este engendro jurídico beneficia a la multinacional UPM y a los gobernantes. La empresa que construirá las vías obtiene mayores ganancias como agente financiero que como empresa constructora. No tiene patrimonio suficiente para respaldar los préstamos que fueron garantizados por el gobierno uruguayo como ocurrió con Pluna. Estamos en presencia nuevamente del fraude y de las PPP, que son la nefasta conjunción del interés público con el privado
El contrato otorga prioridad en el uso de las vías a UPM, pero lo que se concede es exclusividad. En esas vías correrán solo trenes de UPM. No habrá trenes de carga para la producción nacional ni de pasajeros, porque los ferrocarriles son de UPM. Todo el trazado de la vía estará doblemente vallado, lo que impedirá la libre circulación. Los privilegios concedidos no los tiene UPM ni en Finlandia. Lo único que quedará de este despilfarro es el empleo transitorio que se generará mientras se instala la planta (cuatro años). Instalada la misma, solo se generarán unos 400 puestos de trabajo que tendrán como contrapartida una enorme deuda pública, que será impagable y el agua y el medio ambiente totalmente contaminados. Juegan a la mosqueta con el empleo y las necesidades de la gente, y se creen impunes.
Se desconoce, por ser confidencial, cómo garantizó Saceem y sus asociados los préstamos del BID y de las demás instituciones bancarias extranjeras. Los préstamos ascendieron a U$S 850.000, ¿cuáles fueron los montos que exigieron los bancos, que son siempre muy superiores al préstamo que se va garantizar? ¿Conocen los uruguayos quién fue el fiador de estos préstamos o qué está hipotecando el país para construirle las vías a UPM? Este tremendo endeudamiento se comenzará a pagar una vez terminadas las obras, debiéndose pagar US$ 405.500 por día y durante 15 años. Pero esa exorbitante suma, que resulta impagable, no es la única deuda que nos obligan a asumir. A ese enorme costo hay que sumarle otros que son aún más siderales, como los gastos del viaducto, del dragado del puerto, las indemnizaciones por las expropiaciones, y las obras viales para que circulen camiones tritrenes, y el arreglo de la mayoría de los puentes. La suma total de todos esos enormes gastos ni el propio gobierno la conoce, ni le interesa su monto, porque lo político está por encima de lo jurídico. El gobierno estimó que se tendrán que expropiar 600 predios aproximadamente y consideró que, en su mayoría, esas expropiaciones serían parciales de unos pocos metros, pero se equivocó feo, porque las expropiaciones van a ser miles y, en su mayoría, serán expropiaciones totales, porque a los damnificados que están a cinco cuadras de la vía les resultará insoportable vivir en trincheras que tendrán una profundidad aproximada de 10 metros y no podrán soportar las vibraciones que producen esas máquinas y los daños que se ocasionarán en las edificaciones y en quienes las habitan. Trenes de 800 metros y con una pesada carga de celulosa y productos químicos pasarán a intervalos de 40 minutos y durante todo el año. Los 37.500 vecinos próximos a la vía no quieren ni pueden vivir encima de un volcán.
La suma total de los gastos que generará el contrato preliminar ascenderá a US$ 6.000.000.000 (seis mil millones de US$), lo que equivaldría a pagar US$ 1.096.000 por día durante quince años. Las modificaciones en el trazado de la vía (bypass), que es el soterramiento o pasaje subterráneo que se tendrá que hacer necesariamente en Capurro, La Paz, las Piedras y Florida, no han sido evaluadas, pero implicarán importantes costos adicionales que también pagaremos. Los sobreprecios que tendremos que pagar por todas las improvisaciones cometidas serán enormes porque no se hizo el adecuado estudio del suelo ni de las fincas que están próximas a las vías. Si no paramos este avasallante fraude, el país entrará en default en 4 o 5 años, y UPM podrá ceder sus acciones a cualquiera otra multinacional, porque el país está siendo vendido por el gobierno y por la oposición que lo viene tolerando.
Si el contrato definitivo se otorga, Uruguay dejará de ser una república y se transformará en una colonia, gobernada por una o varias corporaciones internacionales, que tendrán como objetivo la extracción de los recursos naturales del país. No habrá convivencia pacífica y se perderán esenciales derechos humanos, lo que generará caos y revuelta social por la ausencia de garantías ciudadanas. Esta aberración jurídica debe ser detenida. La prensa debe informar de las penurias que padecen los habitantes a los que se los despoja de sus hogares y de su relacionamiento barrial y social. Los daños que se ocasionan no son solo materiales, sino también morales. Se está desterrando a la ciudadanía más modesta del espacio en el que vivieron toda su vida. El sustento de estas movilizaciones y accionamientos se basa en el respeto a la Constitución y al ideario artiguista. La ciudadanía debe evitar este despilfarro de construir una vía para UPM a un costo de US$ 8.160.000 por kilómetro, para un país que carece de trenes y que sale 40 veces más de lo que informan directores de AFE.
Carlos Melgar