Reclamo por contrato con UPM en el Parlamento sin “votos ni asidero"
La Cámara de Representantes archivará recurso de petición activado por un grupo de ciudadanos que aseguran que el contrato con la pastera.
Luego de casi seis meses de haber presentado un recurso de petición ante el Parlamento, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados recibió este miércoles a los integrantes del Movimiento UPM2 No.
Respaldados por miles de firmas, los integrantes del colectivo oficializaron su pedido de que la Cámara enjuicie políticamente a los responsables, por parte del gobierno, de haber firmado el contrato con la multinacional para la eventual instalación de una nueva pastera en Uruguay.
Luego de la reunión, quedó en claro que el movimiento no deberá esperar ninguna acción concreta en este sentido por parte de los legisladores.
Así lo expresó uno de los promotores de la denuncia, el abogado Hoenir Sarthou. “Más allá de enfoques moderadamente críticos de algunos diputados opositores y del claro rechazo de los representantes de la Unidad Popular, no existe voluntad en la comisión de promover llamados a sala o interpelaciones a ministros, ni de investigar el entramado del Contrato ROU-UPM”, afirmó.
Los peticionantes solicitaban la aplicación del artículo 93 de la Constitución.
Allí se establece que le compete a la Cámara de Representantes “el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa”.
Una petición que no tiene “votos ni asidero”, según expresó el diputado frenteamplista José Carlos Mahía (AU).
Más allá de la voluntad del oficialismo de rechazar el pedido el legislador sostuvo que, desde el punto de vista constitucional, la petición no individualiza a los presuntos responsables de haber firmado un contrato inconstitucional.
El secretario de la Presidencia, Miguel Toma, el prosecretario Juan Andrés Roballo y el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, fueron los que negociaron el acuerdo en representación del Ejecutivo.
En la postura de Mahía coincidió su colega del Partido Nacional, Pablo Abdala.
El próximo paso para el movimiento será la acción judicial que, a nivel civil, se promoverá en breve contra el Poder Ejecutivo y UPM por los “daños futuros” que, a su entender, ocasionaráq el contrato firmado a fines de 2017 y en el que el Estado asume el compromiso de cumplir con determinadas condiciones para que la firma concrete la inversión.
Además de basarse en la violación a la Constitución que implican los términos asumidos por el gobierno, esta demanda alega los perjuicios medioambientales y económicos que derivarán de su cumplimiento, entre otros aspectos.
Sarthou también anunció la continuidad de las contraudiencias y nuevas acciones que la “creatividad” ciudadana impulsará y que se están considerando.