El Estado y UPM rechazaron conciliación en demanda por el Ferrocarril
El proceso, comenzado por la dueña de una vivienda ubicada sobre la vía, seguirá adelante. Otras 26 demandas serán iniciadas.
Este jueves el Juzgado Civil de 4 Turno de Montevideo fue escenario de la primera audiencia de conciliación en la larga cadena de demandas que se esperan presentar contra el Estado y UPM en torno al impacto negativo que tendrá el pasaje previsto del tren que circulará en la vía del Ferrocarril Central.
Contra el pronóstico previo, los abogados del gobierno y de la multinacional comparecieron en la instancia. Allí, rechazaron conciliar al no reconocer la existencia de los daños que, según el planteo, tendrá el tren.
Ante el resultado de la audiencia, una mujer mayor domiciliada en la calle India Muerta, formalizará la semana que viene la demanda ante los “daños y perjuicios” que el proyecto ferroviario provocará sobre el valor de su propiedad.
Así lo dijo a ECOS su patrocinante, Eduardo Lustt, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de la República.
Es que, según una tasación previa encargada por la demandante, en las condiciones actuales su vivienda, ubicada a pocos metros de la vía, la casa vale US$ 140 mil. Eso si siguiera pasando por allí el tren tradicional de AFE, con tres frecuencias diarias, siempre de día y a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora.
Una situación que cambiará ante el previsto pasaje del “tren de UPM”, como lo denominan sus opositores, que prevé 14 viajes diarios las 24 horas del día a 80 kilómetros por hora.
Otra tasación, considerando estos elementos, situó el valor de la casa en apenas US$ 60 mil.
La demanda prevé la presentación de peritajes inmobiliarios, fotos, testigos y la realización de una inspección ocular por parte del Poder Judicial para demostrar la denuncia.
Consultado, el constitucionalista se permitió adelantar el resultado. Será, dijo, una demanda “imposible de perder” en la que, en todo caso, habrá que discutir la cifra final de indemnización.
La cifra reclamada por la denunciante es de US$ 200 mil.
Según Lustt, el Ministerio de Transporte se negó a expropiar la vivienda. A cambio, le ofreció a la mujer construir un muro que, rodeando la casa, sirva para amortiguar el ruido y la vibración que provocará el pasaje del tren, con una formación de 800 metros de largo.
El abogado adelantó que la próxima semana habrá nuevas audiencias de conciliación por 26 demandas similares. Según un censo realizado por Transporte, unos 7.000 personas estarían en la misma situación que la mujer a lo largo de los 273 kilómetros de recorrido de la vía, al no estar contados entre los 525 padrones que fueron o serán expropiados, en forma total o parcial, por el Estado.
En paralelo y tal como lo adelantó ECOS, el Movimiento UPM2 No prepara una demanda civil genérica, tanto contra el Estado como contra la empresa, ante los “daños futuros” que el contrato firmado con la pastera ocasionaría a nivel jurídico,ambiental, económico y cultural
Más alternativas
Los ciudadanos que se oponen al proyecto también manejan otras alternativas para, por lo menos, exponer los impactos negativos de la obra.
Amparados en el artículo 305 de la Constitución, vigente desde 1918, ellos comenzaron a hacer uso de un recurso que, hasta el momento, nunca se había utilizado en la historia del Uruguay.
Se trata de que el 15% de los habitantes de determinada ciudad, localidad o centro poblado, que en este caso se considere afectado por el ferrocarril, presente una iniciativa ante el gobierno de su departamento para que el tema se considere en la junta respectiva.
Si así sucede, el deliberativo podría convertirlo en un decreto con fuerza de ley con vigencia en el departamento en cuestión, y eventualmente frenar el pasaje del ferrocarril por el o los pueblos reclamantes, u obligar a modificar su trayecto.
A los efectos, ya se están recolectando firmas en Florida, Durazno, Sarandí Grande, 25 de Mayo y el Municipio C de Montevideo. Este sábado se comenzará además en Progreso y en Las Piedras.
El planteo específico dice que el Ferrocarril Central no podrá pasar por las zonas urbanas de esas localidades.
Lustt explicó que eventuales contenciosos deberán resolverse en la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
No habrá regulación
Para el gobierno, quedan pendientes apenas “algunos detalles mínimos” por parte de Uruguay para cumplir con lo establecido en el acuerdo con UPM. Detalles que, según el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, “no tienen que ver con aspectos sustanciales” del proyecto.
En ese marco, el jerarca fue claro. El Poder Ejecutivo “no tiene el objetivo” de regular las ocupaciones y el derecho de huelga, tal como había planteado la firma.
“Tenemos un ordenamiento jurídico importante y profuso en esa materia, que da garantías a todas las partes”, expresó Roballo.
Consultado, el prosecretario sostuvo que UPM está en la “fase final” de su análisis sobre si realizará la inversión. Si bien el gobierno mantiene la expectativa, no pudo precisar en qué momento la empresa confirmará el anuncio.
“No se puede especular, cuánto antes mejor. Eso está fuera de nuestro alcance”, concluyó.