Vecinos se niegan a entregar sus viviendas
30 vecinos se negaron a que el Estado les expropie sus viviendas con el fin de utilizar los terrenos para el proyecto del Ferrocarril Central que pretende utilizar la finlandesa UPM. El Estado prevé expropiar 651 padrones
NICOLÁS GONZÁLEZ KEUSSEIAN
La Justicia intervendrá en 30 casos en los que vecinos se negaron a que el Estado les expropie sus viviendas con el fin de utilizar los terrenos para el proyecto del Ferrocarril Central.
El tren es el que pretende utilizar la finlandesa UPM para trasladar celulosa desde Paso de los Toros al puerto de Montevideo.
El ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Víctor Rossi, confirmó este miércoles que la cartera tiene intenciones de expropiar 651 padrones y que de ellos, 81 son propiedades públicas.
Rossi ya tiene las autorizaciones para expropiar 439 padrones, pero en 30 casos, los vecinos se negaron a entregar sus viviendas al Estado a cambio de una compensación económica.
En el MTOP informaron a El País que hay muchos vecinos que al no contar con los certificados necesarios para demostrar que son propietarios o inquilinos de las viviendas, recurren a la vía judicial para recibir una mayor compensación.
Rossi dijo que hay “disconformidad de los vecinos con respecto a las condiciones que se les ofrecen y en algunos casos, la necesidad de lograr de la Justicia la conformación documentaria (certificados)”.
El ministro añadió que “el proceso de expropiación se está desarrollando con absoluta normalidad” y que “desde luego, puede haber vecinos que pretendan una mayor compensación, o mayor precio” a cambio de entregar sus viviendas.
Esta semana el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) emitió la habilitación ambiental de las obras del Ferrocarril Central que ahora le permitirá al MTOP comenzar efectivamente con las obras.
Esta tarde el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) realizará una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) en la que organizaciones sociales explicarán las razones por las que rechazan la reciente autorización ambiental.
“Desde la firma en noviembre de 2017 del acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y la empresa finlandesa para la instalación de su segunda planta de celulosa en el Río Negro, asistimos a un proceso de vulneración de nuestra soberanía y de las normas constitucionales y legales que rigen esta república, en aras de un proyecto ruinoso para el país desde el punto de vista económico, social y ambiental”, señalaron en un comunicado.