Director de la ANP cuestiona extensión de contrato de dragado
Juan Curbelo advierte sobre ilegalidad por cambiarse el objeto original; el Tribunal de Cuentas también observa la resolución
El director de Administración Nacional de Puertos (ANP) Juan Curbelo (Partido Nacional) advirtió sobre la “ilegitimidad e inconveniencia” de la extensión de contrato resuelta por la ANP con la empresa dragadora SDC Brasil Servicios Marítimos y Chec Dredging Co. Implica el dragado del acceso y de la fosa para el nuevo dique Tsakos, pero parte de una obra que no tiene el mismo objeto, pues el contrato de referencia por el que se hace la extensión –y para lo que el consorcio mencionado ganó la licitación correspondiente– está relacionado con el dragado de mantenimiento y corrección en el canal de acceso al puerto de Montevideo.
El cuestionamiento de Curbelo no solo recae sobre la ANP, sino también sobre el Poder Ejecutivo, de donde partió la resolución que encomendó la extensión del contrato referido.
Según un análisis del director opositor, que plasmó en un informe al que accedió El Observador, en los últimos días de 2018, el Poder Ejecutivo resolvió ampliar “el contrato suscrito entre la ANP y la empresa SDC Brasil Servicios Marítimos y Chec Dredging Co. para el dragado de mantenimiento en distintas zonas del puerto de Montevideo, a los efectos de realizar las obras de dragado de acceso y fosa del emplazamiento del nuevo dique flotante y terminal pesquera de Capurro (Puerto Capurro)”.
También dispuso autorizar “a la ANP a contratar directamente a la empresa SDC Brasil Servicios Marítimos y Chec Dredging Co. para culminar las obras del citado dragado”.
En el mismo informe, Curbelo asegura que el 18 de enero recibe “dos proyectos de resolución de directorio redactadas sobre la base de la resolución del Poder Ejecutivo”.
El primero establece de estos proyectos mandata, en conocimiento de la resolución, “encomendar al área de dragado coordinar los trabajos de dragado de acceso y fosa del emplazamiento nuevo del dique flotante y terminal pesquera de Capurro a la empresa SDC Brasil Servicios Marítimos y Chec Dredging Co, de acuerdo con los lineamientos emanados” de la referida resolución.
El segundo ordena “iniciar los trámites de contratación directa con el consorcio SDC Brasil Servicios Marítimos y Chec Dredging Co por la suma de US$ 13,80 por metro cuadrado, con el fin de culminar las obras de dragado y fosa del emplazamiento nuevo en el dique flotante y terminal pesquera de Capurro”.
Ante estas referencias, Curbelo aseguró que “desde el punto de vista jurídico, tanto la resolución del Poder Ejecutivo como los proyectos de resolución de directorio de la ANP son ilegales, vulnerando principios y normas de contratación administrativa, siendo, además, inconvenientes desde el punto de vista financiero, político y administrativo”.
En ese sentido, insistió que “la ampliación del contrato se encuentra por fuera del objeto de dicho acuerdo” y que “no puede ampliarse un contrato con prestaciones que no estén comprendidas en el objeto del contrato administrativo firmado”.
“Hacerlo es ilegal”, agregó, ya que de las cláusulas que rigen el contrato de referencia surge claramente que el objeto es el “dragado de mantenimiento y corrección en el canal de acceso al puerto de Montevideo, de acuerdo con los planos y referencia adjuntas en el contrato y pliego”.
Basado en esto, el director nacionalista expresó que “para dragar las zonas de acceso y fosa de emplazamiento del dique flotante y terminal pesquera Capurro, o bien se tiene que hacer un nuevo llamado a licitación pública o, lo que es más razonable y acorde a la situación financiera y administrativa de la ANP, utilizar la draga recientemente adquirida en la cual la actual administración invirtió varias decenas de millones de dólares”.
Esto es en referencia a la embarcación 21 de julio, que la ANP recibirá este mes y que podrá poner a trabajar, dado que ya se hicieron los primeros viajes de capacitación y prueba.
La influencia UPM
Consultado acerca de por qué cree que no se hizo un nuevo proceso licitatorio, Curbelo sostuvo que “la realidad es que hay una urgencia de que esto salga cuanto antes a partir de la eventual terminal de celulosa de UPM en el puerto de Montevideo, ya que el espacio que hoy ocupa el actual dique Tsakos va a ser parte de esa terminal”.
Asimismo, agregó que tiene entendido que hay un compromiso de firmar el contrato para la terminal de celulosa y que para mayo debería estar liberada la zona donde va a ir la terminal de UPM.
El Tribunal de Cuentas
Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) también observó el gasto que implica la nueva resolución de la ANP.
En este caso, el TCR asegura que “la ampliación dispuesta no encuadra en lo preceptuado por el artículo 74 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf), en tanto la misma se encuentra fuera del límite cuantitativo previsto por la norma, surgiendo de obrados que ya se ha procedido con anterioridad a ampliar las prestaciones objeto del contrato original en un 100% previo a la presente ampliación.
Asimismo, argumenta que “se dispuso una contratación directa, la cual no fue fundamentada debidamente, no encuadrando la misma en las causales de excepción previstas por el artículo 33 del Tocaf”.