Preparan acciones judiciales contra el gobierno y UPM por contrato
Oficialismo y oposición acordaron archivar el planteo ciudadano que pedía juicio político contra los jerarcas que firmaron el acuerdo.
El 25 de marzo vencerá el plazo legal para que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre el recurso que un grupo de ciudadanos presentó buscando enjuiciar políticamente a los responsables, por parte del gobierno, de firmar el acuerdo con para la eventual instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en Uruguay.
Para respaldar la acción, los promotores del planteo, nucleados en el Movimiento UPM2 No, presentarán este viernes cientos de firmas ante el Parlamento.
Por lo pronto lograron que, a instancias de la oposición, el secretario de Presidencia, Miguel Toma, el prosecretario Juan Andrés Roballo y el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, fueran convocados a explicar los alcances del contrato suscrito con la multinacional finlandesa.
De todas formas, será por ahora la única consecuencia parlamentaria para los jerarcas involucrados, ya que la Cámara dejará transcurrir el tiempo e, indirectamente, archivará sin considerar el pedido de juicio político.
Así quedó claro luego de la última sesión de la Comisión de Constitución y Códigos.
El Frente Amplio pidió directamente no hacer lugar a la petición ciudadana, y que los legisladores dejaran firme esa decisión a través de una resolución oficial.
“No se trata de no trabajar o, dada la calidad de órgano de contralor que tiene el Poder Legislativo, de no informarnos sobre todo lo referente a cuáles son los posibles compromisos que pudo asumir el país o cuáles las obligaciones en las que incurriría -si es que así se consideran con este proyecto de inversión”, dijo el diputado Darcy de los Santos (PS).
“Lo que no queremos es que eso genere el inicio de un proceso que entendemos que no es pertinente, como es el juicio político,” afirmó. “Estamos dispuestos a que se convoque y se consulte al Ejecutivo sobre todo lo que se quiera, porque es parte de nuestra función”, agregó.
Desde la la oposición, el colorado Ope Pasquet (Ciudadanos), recordó que la Cámara no está obligada a considerar formalmente la petición. Propuso recorrer ese camino, y que los jerarcas convocados respondan sobre la naturaleza jurídica y los alcances del acuerdo firmado con UPM.
Su postura fue compartida por el nacionalista Pablo Abdala. El legislador, que fue el que había incorporado el tema a los asuntos a tratar por la comisión, sostuvo que su intención había sido generar una instancia de diálogo con el gobierno sobre un aspecto relevante que debía ser analizado a nivel parlamentario.
Abdala remarcó que el planteo ciudadano tiene una debilidad jurídica, ya que ni siquiera identifica cuáles son las personas o las autoridades a las cuales el presunto juicio político estaría dirigido.
Para su correligionario Pablo Iturralde, debe desglosarse claramente el fondo de la forma del asunto, porque lo que está en cuestión es la actuación del Poder Ejecutivo.
“No me refiero a juzgar la buena o mala actuación, sino la forma en la que debe actuar el Poder Ejecutivo, según mi opinión y la de juristas importantes”, sostuvo.
“Sabido es que si alguien está realizando una contratación con el país y no está amparado desde el punto de vista jurídico, puede iniciar un juicio internacional”, advirtió.
La clave
Amparado en el artículo 93 de la Constitución, el Movimiento UPM2 No había pedido que el Parlamento “enjuicie” al Poder Ejecutivo por violar la Constitución al haber suscrito un contrato “irreconciliable” con la normativa vigente.
Se considera que ese acuerdo constituye un “desborde de potestades de parte del Ejecutivo y le asigna a UPM un indebido papel de privilegio y dominio del que no existen antecedentes en la vida nacional”.
Un contrato que, a su juicio, constituye un “desborde de potestades de parte del Ejecutivo y le asigna a UPM un indebido papel de privilegio y dominio del que no existen antecedentes en la vida nacional”.
En diálogo con ECOS uno de sus promotores, Hoenir Sarthou, valoró de todas formas que el polémico acuerdo haya ingresado en la consideración parlamentaria.
“La intención es que el tema fuera tratado y se tuviera conciencia de que hay un creciente rechazo” a las condiciones pactadas para la inversión, dijo. “Hace algunos meses, nadie la ponía en duda”, afirmó.
Sarthou adelantó las acciones que el movimiento emprenderá a corto plazo.
Por un lado se desarrollarán en todo el país una serie de “contraudiencias” públicas, a las que se invitará a las autoridades a explicar y defender el proyecto.
Por otro lado y cerrada la vía legislativa, el movimiento presentará una demanda judicial, contra el gobierno y contra UPM, con respecto al acuerdo firmado para la inversión.
Es que, al no existir ley, el contrato no puede ser pasible de un recurso constitucional ni anulado mediante una consulta popular.
Será, por lo pronto, una nueva denuncia que se presente sobre el tema. Se sumará a la que había presentado el abogado y actual candidato presidencial Gustavo Salle, que fue archivada ya que la Fiscalía de Crimen Organizado había concluido en marzo del año pasado que no existían elementos suficientes para iniciar una causa penal.
Más allá de aspectos legales, para Sarthou la clave gira en torno al estado de la opinión pública sobre la polémica inversión.
En ese sentido adelantó que, en los próximos meses y en el marco de un año electoral habrá significativos “cambios de posturas políticas” de dirigentes sobre este tema.