Citación a jerarcas por UPM dependerá de la voluntad de bancada del FA
Oficialismo definirá en una semana si acepta que el gobierno responda ante el Parlamento sobre el polémico contrato firmado con la empresa.
El Frente Amplio pidió este miėrcoles una semana de plazo para definir si apoya la convocatoria al Parlamento de tres jerarcas del gobierno para que respondan por los cuestionamientos legales y constitucionales al acuerdo suscrito con UPM para la eventual instalación de una nueva planta en Uruguay.
La citación fue planteada en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados por parte del nacionalista Pablo Abdala, a partir de un reclamo presentado por cientos de ciudadanos que piden anular el contrato.
Alegan que sus contenidos tendrán claros impactos negativos para el país además de constituir una flagrante violación a la soberanía en varios aspectos.
La convocatoria alcanza al secretario de la Presidencia, Miguel Toma, al pro secretario Juan Andrés Roballo y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García.
Los reclamantes solicitaron accionar un juicio político contra estos jerarcas, de los que entienden se excedieron en sus funciones, al no tener potestades para asumir los compromisos estipulados en el contrato.
Los diputados del Frente Amplio eludieron dar una respuesta y afirmaron en comisión que llevarán el tema a la bancada, para que la convocatoria se defina allí a nivel político. Sin los votos del oficialismo, las citaciones fracasarán.
Para Abdala, es necesario que el gobierno se expida sobre un planteo ciudadano que consideró acertado. “Se comprometieron los intereses del país, y desde el punto de vista jurídico puede haber nulidad sobre todo lo actuado”, expresó.
Al plantear la situación, Abdala había hablado de un contrato “plagado de irregularidades”por lo que exigiría que los jerarcas fundamentaranlas razones de por qué se suscribió.
“El Poder Ejecutivo se toma atribuciones que no le corresponden en asuntos que deberían ser determinados por ley”, afirmó. Entre otros aspectos, señaló que el gobierno asume compromisos en el acuerdo que pertenecen a la órbita departamental, por lo que se estaría violando la autonomía de las intendencias afectadas por el proyecto.
Como ejemplo, citó la exigencia de UPM en cuanto a que se le asegure un flujo mínimo de 65 metros cúbicos de agua por segundo, y así no agravar la contaminación del río Negro.
Según Abdala, podría ser violatoria del artículo 47 de la Constitución.
Allí se establece que “la protección del medio ambiente es de interés general”. También que “las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”.
Así, los jerarcas convocados deberán responder sobre los cuestionamientos legales y constitucionales al contrato con UPM. Lo que Abdala no ve tan claro es la posibilidad de enjuiciarlos políticamente por haberlo firmado.
Es que el artículo 93, que regula el mecanismo de juicio político, prevé la posibilidad de que sea entablado contra el presidente, ministros, legisladores y otros jerarcas del Estado por violación a la Constitución y delitos graves.
Abdala explicó que el planteo ciudadano no individualiza a los gobernantes contra quienes se pide accionar.
Por otra parte, remarcó que la decisión final será política. “Hay que ser realistas, el Frente Amplio tiene mayorías y la oposición, por sí misma, no tiene los votos para hacerlo prosperar”, dijo.
Buscan llenar el ojo
El Poder Ejecutivo se ganó en las últimas horas una nueva polémica al anunciar que “ponía a disposición” de la ciudadanía los documentos relativos a la inversión de UPM que había enviado en noviembre del año pasado al Parlamento.
Se trata de dos documentos y cinco informes anexos, en los que se analiza
el acuerdo suscrito y su relación con el desarrollo sostenible del país, la descentralización, el marco normativo, el desarrollo territorial, la cadena forestal madera celulosa y su potencial futuro. También los principales impactos económicos, la generación de empleo de calidad, el impulso al empresariado nacional y el capital humano, el desarrollo innovador, la realización de infraestructura, la sustentabilidad ambiental y las características del inversor y sus antecedentes en el país y en el resto del mundo.
El segundo documento presenta una evaluación financiera de ingresos y egresos del proyecto, tomando en cuenta las diferentes dimensiones del contrato en un horizonte de 30 años.
El documento compara estrictamente flujos financieros, en un análisis que “tiene el valor de contribuir a evaluar en forma unificada el impacto financiero de la decisión del Gobierno de Uruguay de establecer las condiciones necesarias para la instalación de una segunda planta de celulosa de la empresa UPM-Kymmene con características como las reseñadas en el contrato suscripto por ambas partes en noviembre de 2017”, se subraya.
En ese marco, la evaluación financiera de ingresos y egresos del proyecto presenta, para el Ejecutivo, un “resultado satisfactorio” tanto en el escenario base como en los escenarios estresado y pleno.
La actitud oficial molestó al Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), que remarcó que el gobierno optó por no responder al desafío de debatir públicamente los supuestos beneficios económicos para el país del proyecto de UPM y, sin embargo, “difundir como propios estudios ya conocidos de la consultora CPA Ferrere, que trabaja para la empresa”.
Para el periodista especializado en temas ambientales e integrante de Movus, Víctor Bacchetta, el gobierno no posee argumentos para debatir seria y abiertamente, un gasto de más de 4000 millones de dólares que el Uruguay hará “solo para la posibilidad de que UPM decida instalar una nueva planta que, operando en zona franca, no dejará beneficio alguno al país”.
En ese sentido subrayó que el principal documento con el que se pretende justificar el gasto es el de “Evaluación Financiera”, que en siete carillas contabiliza las ventas de celulosa de UPM como “exportaciones” del Uruguay, un dato que no aparece en los registros de la Aduana y el Banco Central de Uruguay, por hacerse desde una zona franca.
Bacchetta remarcó además que en ninguno de los documentos presentados se trata el consumo de agua del río Negro que requerirá esa planta. En especial, la exigencia de un caudal mínimo que obliga a UTE a considerar la suba de la cota del lago de Rincón del Bonete, inundando 10.000 hectáreas productivas y las playas de San Gregorio de Polanco.
Tampoco, dijo, se analiza la pertinencia y conveniencia de realizar a costo de Uruguay el denominado “tren para UPM”.
En tal sentido se expresa que las condiciones económicas sobre las que se apoya el posible ahorro en transporte, fuera de UPM es que una consultora privada “asume” como costo ferroviario un valor de doce dólares.
“Se habla largamente de que la planta se instalaría en una zona económicamente deprimida del país, pero paradójicamente no se presenta ningún plan alternativo para esa zona si la planta no se instalara”, afirmó Bacchetta. Así, “los 500 empleos que promete ocupar la planta no compensan los que se perderían en el turismo y la pesca en la zona”.
Movus apuntó que esta serie de documentos, “presentados tardíamente, solo buscan llenar el ojo de ciudadanos desinformados, pero la población está conociendo todos día los perjuicios de este compromiso para el país. Reiteramos ahora el desafío al gobierno nacional a un debate público frente a los medios de difusión para analizar estos aspectos.
No sale
A todo esto el sindicato del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se declaró en conflicto con las autoridades, reclamando una mejora en las condicionales laborales y el reconocimiento de derechos adquiridos.
La resolución tendrá un impacto directo en las intenciones del gobierno, debido a que supone que los funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, dependiente de la secretaría, no firmarán habilitaciones de proyectos hasta que las autoridades ratifiquen una solución a sus demandas.
Por lo tanto, quedará frenado el aval ambiental de las obras de remodelación del Ferrocarril Central, cuyo inicio estaba previsto para este mes y que constituye uno de los puntos principales del proyecto vinculado a UPM.